La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llegado a un acuerdo con el Govern de Puigdemont para no ceder espacios municipales para el 1-O.
Colau lo ha anunciado con un tuit: “Complim el nostre compromís: a Barcelona l’#1oct es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics”.
Colau respeta la línea roja que ella misma había establecido, “no poner en riesgo a los funcionarios y al propio Ayuntamiento”.
El acuerdo respetaría el informe del secretario del Ayuntamiento de Barcelona, tras recibir la carta de Puigdemont instando a que el Ayuntamiento abriera los mismos colegios electorales que se utilizaron en las últimas elecciones autonómicas. El secretario advertía en su informe que la alcaldesa debe acatar las directrices del Tribunal Constitucional y que de lo contrario podría incurrir en “responsabilidades penales”.
Sobre el acuerdo, el segundo teniente de alcalde y responsable de política municipal del PSC, Jaume Collbon, ha declarado que el acuerdo no ha sido entre el gobierno municipal y el Govern de la Generalitat, sino “entre partidos favorables a una movilización”. Ya que el gobierno municipal no facilitará “ni locales ni medios” para la votación.
Aunque ni Colau ni Puigdemont han aclarado los términos de ese acuerdo y qué locales se usarían para el 1-O, todo parece indicar que la Generalitat usará los locales del Consorcio de Educación de Barcelona. Son centros educativos públicos de Infantil, Primaria, ESO y postobligatoria, gestionados por el Consorcio de Educación de Barcelona participados al 60% por la Generalitat.
Este acuerdo se produce después de que Puigdemont haya cesado fulminantemente al presidente del Consorcio, Lluis Baulenas, y lo haya sustituido por la consellera de Enseñanza, Clara Ponstí, incondicional comprometida con el 1-O. Un ejemplo más de que Puigdemont y los suyos están a otra cosa, menos a que el 1-O sea una “movilización democrática”.