332 trabajadores de la EMT han sido afectados por amianto tras inhalar el material durante unas obras de renovación de las cubiertas de las cocheras de la EMT de Fuencarral.
Las obras empezaron en febrero de 2017. La empresa concesionaria encargada de llevar la obra a cabo, Elecnor SA, cambió el procedimiento de trabajo, incumpliendo el proyecto de obra especificado para entonces y realizaron taladros en las cubiertas de las cocheras sin tomar las precauciones adecuadas, sabiendo de la posibilidad de la existencia de amianto.
Dicha operación levantó partículas de uralita (amianto) en el aire, que fueron aspirados por todos los trabajadores encargados de la obra. Ya desde el 7 de febrero, el técnico de prevención y delegados del área tenían constancia de la violación de prevención de riesgos a la hora de realizar las obras en cubierta. Pero no ha sido hasta noviembre de ese año, diez meses después, que se ordenó la paralización y cierre de las obras por orden de la Inspección de Trabajo.
Se han realizado pruebas médicas en los trabajadores afectados y actualmente dan negativo. Pero nada está garantizado, ya que la pervivencia y efecto del amianto puede extenderse hasta décadas después de su contacto. Todos ellos van a estar realizándose pruebas en el futuro.
Este caso no es aislado. Hace escasos meses se hizo pública la presencia de amianto en los vagones de metro modelo serie 2000 y 5000, que causaron que un trabajador de la red de metro sufriese cáncer de pulmón por inhalación de amianto.
El transporte público de Madrid se nos ha vendido siempre como un símbolo de progreso y prosperidad, pero en los hechos se ve que hay multitud de agujeros en dicho progreso. Agujeros rellenos de amianto que ponen en peligro la salud de todos sus trabajadores. Hay que exigir responsabilidad, no sólo de la empresa contratista, sino de todo organismo institucional que, pudiendo y debiendo actuar mucho antes, se quedó de brazos cruzados hasta que fue demasiado tarde.