Las diferencias entre JxCat y ERC deja al secesionismo sin mayoría en el Parlament. La nueva aritmética parlamentaria abre una situación inédita.
La pérdida de mayoría independentista en el Parlament, al no contarse los votos de los diputados suspendidos de Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, ha llevado a que la Cámara haya rechazado una propuesta de JxCat y CUP para reprobar al rey. La CUP perdió la votación de la propuesta que proclama «el derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación, tal como se manifestó en las disposiciones aprobadas en esta cámara para poder ejercer este derecho», sin hacer mención explícita a «las leyes de desconexión».
JXCat, ERC y CUP han votado a favor del texto y, en condiciones normales, se habría aprobado la resolución, ya que sumarían 70 diputados, por encima de la mayoría absoluta en el Parlament (68), sin embargo, al no contar con los cuatro votos de los diputados encausados de JxCat ni tampoco el del exconseller Antoni Comín (ERC), los soberanistas solo han sumado 65 diputados, los mismos que la oposición (Cs, PSC, comunes y PPC) que ha votado en contra. La oposicición descarta una moción de censura para no unir al independentismo. Ante la debilidad parlamentaria del Govern Esperar parece ser la consigna de Ines Arrimadas e Iceta.
La nueva aritmética parlamentaria expresa la autentica debilidad del Gover que a pesar de hablar en nombre de los Catalanes gozaba de una pírrica mayoria parlamentaria favorecido por la ley de Hont.
La negativa de JxCat a designar sustitutos para los diputados procesados se encontró con la oposición de ERC en el anterior pleno. Después de más de seis horas de discusión se aprobó una resolución donde se rechazaba la suspensión, impuesta por el juez Llarena, de los diputados en prisión o huídos, entre ellos Puigdemont. Para a continuación aprobar que sean sustituidos al ejercer sus derechos como diputados. Desobediencia formal y acatamiento real de la resolución judicial.
El pleno sufrió de la resaca del 1-O en el que estalló la división del independentismo. Algunos sectores de su bases quieren cruzar ciertos límites que sus élites, gente de orden, no permiten. El Gobierno de Torra, tras sus primeros cien días de actividad, no ha tomado una sola medida que suponga un retorno al escenario de desafío abierto vivido en octubre del pasado año. Cuando la Assemblea Nacional Catalana propuso celebrar el 1-O con un paro de país, el conseller de industria de Torra lo vetó afirmando que “los problemas no se resuelven con huelgas”. Cuando miembros de los CDR se encadenaron ante la puerta de la bolsa barcelonesa o ocuparon algunas sedes bancarias, los analistas políticos de TV3 se echaban las manos a la cabeza: “eso no se hace”. La portavoz del govern de Torra ha criticado la actuación de los CDR afirmando que “una cosa es apretar y otra ser violento”. Estas beatíficas palabras esconden la auténtica diferencia: Artadi representa los intereses del gran capital financiero, especialmente el norteamericano… y entre las bases independentistas o en partidos como la CUP hay una parte de izquierdas que detesta.
Se nos presenta una Cataluña dividida en dos bandos irreconciliables: independentistas frente a los contrarios a la independencia. Pero suele obviarse que donde mayor y más agria es la disputa es en el seno de las fuerzas que respaldan el procés soberanista.
Son dos posiciones sobre cómo afrontar la actual situación política en el seno de uno de los aparatos políticos claves del soberanismo. Por un lado unos sectores de las élites independentistas, los representados por Puigdemont y Torra, dispuestos a perpetuar el conflicto, y que disponen del enorme poder que proporciona el control de la Generalitat. Por otro una realidad, basada en una mayoría social contraria a la ruptura, que impone límites infranqueables a sus proyectos de fragmentación.
Clara Ponsatí, la ex conseller refugiada en Escocia admitió como las élites independentistas “habían jugado de farol”, ha vuelto a la carga, afirmando que “es evidente que el govern actual no está avanzando hacia la república catalana”.
Otros son todavía más claros. Es el caso de Bernat Dedeu, filósofo e influyente referencia en el mundo independentista.
En una reciente entrevista ha denunciado que “ese referéndum [el 1-O] no se hizo con intención de aplicarlo, sino de presionar a un Estado que no se dejó presionar”. Afirmando que “Puigdemont mintió cuando atribuyó a una mediación internacional la suspensión de la declaración de independencia”. Y concluyendo, tras reconocer que hoy se vive “una vuelta al autonomismo de toda la vida”, que “el procés es una estafa, no hay ora forma de decirlo”.
Pero las palabras de Bernat Dedeu, que nunca dejará de ser independentista, tienen también la virtud de señalar al asfixiante régimen controlado desde la Generalitat. Que aúpa -con una generosa utilización del presupuesto público- a los súbditos y arrincona al disidente. Cuando comenzó a difundir opiniones, furibundamente independentistas pero contrarias a las de los Puigdemont de turno, su programa en Catalunya Radio fue cancelado. Un régimen que está encabezado por una élite burocrática que parasita el dinero público. Como el mismo Dedeu reconoce al afirmar que “el tiempo del 155 post 1 de octubre nos enseña una cosa: una parte de la clase política catalana no aguanta cinco meses sin sueldo”.
Personajes como Dedeu, independentista y con un pensamiento de derechas, pero que no pertenece a las auténticas élites del procés, tienen la virtud de decir la verdad.