Con una holgada ventaja del 61,87% frente al 38,13% del «Apruebo», el «Rechazo» se ha impuesto en el Plebiscito Constitucional de Chile.
La nueva Constitución que se ha sometido a plebiscito era una de las más progresistas y avanzadas del mundo, porque contenía gran parte de las aspiraciones de 30 años de luchas populares y de las demandas de los sectores sociales que han sido amordazados o ninguneados por décadas, en la dictadura y en el régimen democrático. Suponía el fin del modelo ultraneoliberal y superprivatizador que durante décadas ha imperado en Chile, que ha permitido a la oligarquía financiera chilena, y sobre todo al gran capital extranjero -y muy especialmente al norteamericano- apropiarse de las riquezas nacionales e imponer draconianas condiciones de vida y de trabajo a los trabajadores.
El texto consagraba más de 100 derechos fundamentales como el derecho al agua, la educación, la salud, la vivienda digna, el trabajo, entre otros; convertía a Chile un Estado social de derecho y en un estado plurinacional, con reconocimiento pleno a los pueblos originarios como los mapuches y otros; potenciaba enormemente los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente frente a las agresiones monopolistas.
Su no aprobación es un doloroso revés para la izquierda, los movimientos sociales y para los intereses de los trabajadores y del pueblo de Chile.
Pero es necesario contextualizarlo para que las fuerzas reaccionarias no conquisten en la propaganda lo que no han ganado en las urnas ni en las calles. Porque siendo una mala noticia, este revés se produce dentro de un movimiento general de éxitos y avances del pueblo chileno, que desde 2019 ha logrado iniciar transformaciones políticas y sociales irreversibles.
Los procesos transformadores avanzan zigzagueantes, con momentos de victorias y retrocesos, de éxitos y reveses. Pero ningún resultado de ningún plebiscito puede ocultar las luminosas victorias conseguidas en los últimos años por la lucha del pueblo chileno.
La campaña oligárquica por el «Rechazo»
Por su carácter democrático, progresista y transformador, el nuevo texto constitucional se ha enfrentado a todo el poder de las clases dominantes, que han lanzado una feroz campaña para abortar su nacimiento.
Las discusiones de la Convención Constitucional se dieron en medio de un proceso electoral presidencial y parlamentario muy polarizado, que culminó con la elección de Gabriel Boric, tras la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2021, en justada pugna con el candidato de una ultraderecha pinochetista y proyanqui, Jose Antonio Kast.
Tras la victoria electoral de Boric y de la izquierda de Apruebo Dignidad, la actividad desestabilizadora de la derecha y la ultraderecha -y tras ellos, de la oligarquía financiera y de los centros de poder hegemonistas que llevan gobernando por décadas la vida política chilena- se hizo aún más intensa y desestabilizadora.
Lanzando, a través de las fuerzas políticas y de sus potentes altavoces mediáticos, toda clase de climas de opinión tendentes a sembrar miedo, inseguridad y desconfianza en la nueva Constitución. Instalando la idea de un proyecto constitucional en radical, poco consensuado y elaborado por personas «sin ninguna preparación ni experiencia». Generando un ambiente de incertidumbre -que se vio intensificado tras el estallido de la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los hidrocarburos y la canasta de la compra, junto a la depreciación de la moneda nacional respecto al dólar.
Los sectores más rancios del establishment oligárquico, con figuras emblemáticas de la Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia, Partido Radical y el ala derecha del Partido Socialista -encabezados por expresidentes como Eduardo Frei, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos- han hecho campaña por el «rechazo», sembrando la idea de “Rechazar para Reformar”.
La izquierda sigue en el Gobierno y ha de recuperar la iniciativa
La mayoría para el «rechazo» significa el retorno temporal al marco constitucional anterior, escrito por Pinochet. Pero esto es sólo una formalidad: esa Carta magna hace tiempo que es un cadáver, y hace sólo dos años, una mayoría aún más contundente (78,28%) que la que ahora se ha impuesto votó a favor de redactar una nueva Constitución, y de que los encargados de redactarla fueran una Convención constitucional de miembros directamente elegidos por los ciudadanos, donde obtuvo mayoría los «convencionales» de la izquierda, de los movimientos sociales y los independientes sobre los propuestos por la derecha y la ultraderecha. La nueva Constitución no ha podido nacer, pero la vieja no va a regresar de la tumba.
Los resultados del Plebiscito crean dificultades para el ejecutivo de izquierdas de Gabriel Boric, y para el propio proceso constituyente, pero no ponen en peligro la propia pervivencia del Gobierno de Apruebo Dignidad, que va a seguir en La Moneda hasta agotar la legislatura llevando adelante su agenda progresista y transformadora.
Temporalmente, la oligarquía, los centros de poder y los sectores más reaccionarios van a capitalizar el «rechazo» y van a poner a la defensiva a la coalición del Gobierno. Pero la izquierda y los movimientos sociales de Chile han demostrado tener una sólida organización y una gran capacidad de movilización. Pueden y deben aprender de los errores, identificar los puntos de la nueva Constitución que han suscitado más controversia y menos consenso entre las clases populares, y ser capaces de matizarlos y modificarlos para ganarse el apoyo de una amplia mayoría para un nuevo texto constitucional que satisfaga a las ansias transformadoras de las clases populares.
Los procesos transformadores avanzan zigzagueantes, con momentos de victorias y retrocesos, de éxitos y reveses. Pero ningún resultado de ningún plebiscito puede ocultar las luminosas victorias conseguidas en los últimos años por la lucha del pueblo chileno, especialmente desde 2019. Ni tampoco el signo general de los acontecimientos en América Latina, donde los pueblos avanzan y el imperio y sus lacayos retroceden.