Los hechos vuelven a poner en primer plano una vez más la necesidad de un gobierno de progreso que se corresponda con la voluntad de la mayoría social.
En solo dos días hemos pasado de un PP que celebraba la aprobación de los presupuestos, anunciando una estabilidad que le permitiría agotar la legislatura, a un Rajoy que comparece para defenderse de una moción de censura, presentada por el PSOE, que amenaza seriamente con tumbar su gobierno.
Entremedio se produjo la demoledora sentencia del caso Gürtell. El tribunal juzgaba una de las ramas de la red de corrupción circunscrita a dos municipios madrileños, Pozuelo y Majadahonda. Pero sus efectos han golpeado de lleno en la calle Génova, en la sede central del PP. La Audiencia Nacional considera probaba la existencia de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” que financió al PP a través de la llama “caja B”. Ha condenado al PP, como partido, identificándolo como “participante a título lucrativo”, formulación jurídica que en realidad significa que cobraba parte de las mordidas ilegales. Y ha negado explícitamente la credibilidad del testimonio de Mariano Rajoy. «Lo que el país necesita es un gobierno de progreso, que represente a la mayoría social»
El PP se enfrenta a un horizonte judicial más que complicado, donde deben resolverse las numerosas partes de casos como Gúrtell, Lezo, Púnica… Pero la sentencia ya anunciada ha sido un golpe que ha provocado un auténtico cataclismo político.
El PSOE ya ha registrado en el Congreso una moción de censura que esta vez parece tener más posibilidades de éxito que en anteriores ocasiones, y que se ha convertido en el centro de atención de toda la política nacional.
Si la resolución de una parte del caso Gürtell inculpando al PP -algo que ya se daba por supuesto- ha removido el tablero político es porque se ha convertido en una chispa en una pradera demasiado seca.
La imposición de un gobierno del PP -para lo que no se reparó en límites, llegando a provocar un auténtico golpe interno en el PSOE- anunciaba futuros problemas, que ahora se convierten en realidad. Era un punto demasiado débil forzar un nuevo gobierno del PP, que contaba con un rechazo social mayoritario, y que ya se sabía iba a enfrentar numerosos casos de corrupción que acabarían salpicándole.
Si se tomó esa resolución fue para evitar a toda costa la posibilidad de un gobierno de progreso, basado en un acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que pudiera representar a la mayoría social que en realidad ganó las elecciones generales.
Ahora, el país se enfrenta a una encrucijada. Con un gobierno de Rajoy que algunos grandes medios ya califican de “zombi”, y cuyo desprestigio amenaza con ser incluso mayor que el actual.
Y ante cada crisis política, vuelve a ponerse en primer plano la posibilidad de un gobierno de progreso. Ocurrió tras la doble vuelta de las generales, luego en Murcia, recientemente en Madrid a raíz del “caso Cifuentes”… Y ahora, pese a todos los intentos por evitarlo, lo reconoce hasta el propio Rajoy. “Sánchez tiene dos opciones: pactar con Ciudadanos y Podemos a la vez, o pactar con ERC, con el PDeCAT…”.
Lo que el país necesita es un gobierno de progreso, que represente a la mayoría social, de hasta 14 millones de votantes, dos tercios del total, que se manifestaron tanto el 20-D como el 26-J contra las políticas que representaba el gobierno de Rajoy.
Esta es una alternativa que sigue presentando problemas, pero que hoy, ante la gravedad de la situación, parece más factible que hace unos meses. La dirección de Podemos tiene hoy más difícil vetarla, como hizo en 2016, y ahora afirma que no pondrá condiciones a su apoyo. Y Ciudadanos, a pesar de que ha anunciado que no respaldará la moción de censura presentada por Sánchez, ya ha expresado su intención de desmarcarse del apoyo al gobierno del PP.
Lo que el país no necesita es salir de un problema para meterse en otro. No vale cualquier cosa para desalojar al PP de la Moncloa. Un gobierno que dependa del apoyo del PDeCAT, ERC, Bildu o el PNV nunca será parte de la solución. No se puede luchar contra la corrupción de la mano de quienes como el PDeCAT han saqueado, como acaba de desvelarse, desde los fondos del Palau hasta el dinero destinado a ayudas al Tercer Mundo. No es posible defender una política social junto a quienes, desde la Generalitat, han ejecutado más recortes que Esperanza Aguirre. Es incompatible fortalecer la unidad para avanzar por un camino de progreso al lado de quienes están sembrando la división y el enfrentamiento.
Vamos a vivir momentos intensos. Nada está decidido, y como hemos comprobado pueden suceder imprevisibles cambios de guión.
Pero se abre una nueva oportunidad para empeñarse en un gobierno de progreso que ponga en primer plano la regeneración democrática, la redistribución de la riqueza y la lucha contra la corrupción. Existe una mayoría social que lo demanda.