«La propuesta del gobierno municipal de no empadronar a los inmigrantes «sin visado» refleja la debilidad de la identidad cívica en la democracia española y las tensiones que estamos viviendo en el Estado de las autonomías. Por un lado, resume la poca influencia que hemos sido capaces de ejercer los ciudadanos en las políticas para salir de la crisis y, por el otro costado, abona la idea de que el voto autoriza a que cada gobierno haga de su capa un sayo y trace los límites de la ley en su territorio».
La medida, de onerse en práctica, aumentará de inmediato la pobreza de los inmigrantes y su exclusión del espacio público. El proceso de integración legal de los extracomunitarios empieza por los empadronados en situación irregular, prosigue con los residentes iniciales que pueden renovar sus permisos o recaer en la irregularidad y culmina con la obtención del permiso permanente. Al impedir el empadronamiento se dinamita el puente que permite acceder a la legalidad mediante el arraigo social o la regularización colectiva (PÚBLICO) LA VANGUARDIA.- Una encuesta del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, un centro demoscópico participado por la Junta de Andalucía, situó ayer, en puertas de alcanzarse el ecuador de la legislatura, por primera vez al PP delante del PSOE en aquella comunidad autónoma, algo que, de confirmarse cuando se celebren las elecciones autonómicas, sería uno de los vuelcos electorales más importantes producidos en España desde el inicio de la transición política EL MUNDO.- El anuncio de la vicepresidenta De la Vega de que el Gobierno no tiene intención de cambiar la normativa en materia de inmigración pese al aldabonazo que ha supuesto el plante del Ayuntamiento de Vic permite predecir que el problema de los sin papeles y el de la economía sumergida, tan ligados ambos, aumentarán en nuestro país. La crisis ha terminado por encender la mecha que una deficiente legislación había dejado descubierta. Opinión. Público Caso Vic: el sobrante humano Antonio Izquierdo En las crisis económicas, al mercado le sobran trabajadores legales; a la democracia ciudadanos activos; y a los estados población dependiente. Los partidos se afanan en rebañar electores y los gobiernos en recortar derechos. Se trata de un comportamiento racional y defensivo con consecuencias serias para el orden social, es decir, para la legalidad. Ahí tenemos que situar el caso de Vic y su proclama de clandestinizar a los inmigrantes irregulares. La propuesta del gobierno municipal de no empadronar a los inmigrantes “sin visado” quizás sea un acierto electoral al precio de minar la convivencia. Entraña una colisión entre el oportunismo político y la construcción de la ciudadanía. En el fondo, esta iniciativa desborda la política de inmigración y conlleva un ataque al estado y a la sustancia social de la democracia. De ahí la importancia de no reducir su análisis a la cuestión inmigrante y al ámbito local. La propuesta refleja la debilidad de la identidad cívica en la democracia española y las tensiones que estamos viviendo en el Estado de las autonomías. Por un lado, resume la poca influencia que hemos sido capaces de ejercer los ciudadanos en las políticas para salir de la crisis y, por el otro costado, abona la idea de que el voto autoriza a que cada gobierno haga de su capa un sayo y trace los límites de la ley en su territorio. Se sustituye la democracia institucionalizada por la “delegada”. En el ámbito inmigratorio, el precedente de esta propuesta fue la ideología del inmigrante como trabajador excedente que, con la crisis, debía retornar a su país. Lo cierto es que no hubo retorno masivo sino aumento del desempleo y de la irregularidad y ahora lo que sobran son usuarios de los servicios públicos. La iniciativa de Vic ha madurado en un contexto de aumento de la vulnerabilidad social que el racismo ha vampirizado electoralmente. Existe la idea de que los inmigrantes están sobreprotegidos. El anterior alcalde de Vic reaccionó ante esta percepción dispersando a los alumnos por los colegios públicos, pero la medida ha resultado insuficiente para fomentar el contacto intercultural y detener la fuga hacia la enseñanza privada. La solución que ahora ofrece el gobierno municipal es clandestinizar a los inmigrantes y a sus hijos. La medida, de ponerse en práctica, aumentará de inmediato la pobreza de los inmigrantes y su exclusión del espacio público. El proceso de integración legal de los extracomunitarios empieza por los empadronados en situación irregular, prosigue con los residentes iniciales que pueden renovar sus permisos o recaer en la irregularidad y culmina con la obtención del permiso permanente. Al impedir el empadronamiento se dinamita el puente que permite acceder a la legalidad mediante el arraigo social o la regularización colectiva. Reconozcamos que, en medio del vendaval, es difícil que los actores políticos amplíen su horizonte temporal, pero si el consistorio no ofrece otra alternativa, debiera hacerse cargo de los costes de expulsarlos al país de origen para que su iniciativa no repercuta en los municipios vecinos. PÚBLICO. 16-1-2010 Opinión. La Vanguardia Andalucía como síntoma José Antich UNA encuesta del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, un centro demoscópico participado por la Junta de Andalucía, situó ayer, en puertas de alcanzarse el ecuador de la legislatura, por primera vez al PP delante del PSOE en aquella comunidad autónoma, algo que, de confirmarse cuando se celebren las elecciones autonómicas, sería uno de los vuelcos electorales más importantes producidos en España desde el inicio de la transición política. A principios de marzo del 2008, el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, le sacó casi diez puntos al popular Javier Arenas. Hoy aparece Arenas en cabeza con un 43,2% de intención de voto y José Antonio Griñán (sucesor de Chaves) obtiene un 41,6%. No son a estas alturas de la legislatura cifras que haya que dar como muy seguras, ciertamente, pero no cabe tildarlas de anecdóticas, ya que Andalucía se incorpora a los múltiples quebraderos de cabeza de los estrategas socialistas, que van a tener dentro de unos meses en Catalunya su primera prueba de fuego con la presidencia de la Generalitat en el alero. En manos de José Montilla va a estar no sólo conservar la preeminencia en el Gobierno catalán que comparte con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, sino dar oxígeno a José Luis Rodríguez Zapatero en el momento más delicado de su complicada segunda legislatura. El sondeo andaluz tiene también otro dato demoledor al elevar hasta el 55% el número de ciudadanos que suspenden al Gobierno Zapatero. La confianza en la recuperación económica que hoy aún no se avista está sin duda desangrando más de lo que los socialistas pensaban sus feudos electorales. El interrogante es qué sucederá si se produce la esperada reactivación económica, aunque el riesgo de que no llegue suficientemente a tiempo empieza a ser alto. LA VANGUARDIA. 16-1-2010 Editorial. El Mundo ¿Se debe empadronar a los mismos que se intenta expulsar? EL ANUNCIO de la vicepresidenta De la Vega de que el Gobierno no tiene intención de cambiar la normativa en materia de inmigración pese al aldabonazo que ha supuesto el plante del Ayuntamiento de Vic permite predecir que el problema de los sin papeles y el de la economía sumergida, tan ligados ambos, aumentarán en nuestro país. La crisis ha terminado por encender la mecha que una deficiente legislación había dejado descubierta. Cuando el país vivía en la bonanza y los ayuntamientos no tenían problemas de financiación, podían estirar los presupuestos para atender las necesidades de todos los ciudadanos, sin detenerse en cuál era su situación administrativa. Eso permitía disminuir la conflictividad social y ocultar los evidentes defectos de la regulación legal de la inmigración. Pero hoy, con una Administración Local asfixiada, con niveles de inmigración muy altos en algunas poblaciones y con partidos marginales dispuestos a explotar el asunto, era cuestión de tiempo que algún consistorio dijera basta. Es simplista, a la par que tendencioso, tratar de deslegitimar la actitud del equipo de gobierno de Vic tachándola de xenófoba. Con mayor razón cabría decir que quien fomenta el odio a los extranjeros no es quien pide que se ponga un orden razonable en la inmigración, sino quien, por no regularla eficazmente, permite que se convierta en un problema. El caso es que descartada la opción, por inviable, del papeles para todos, lo que no cabe es propiciar que la inmigración ilegal se convierta, de facto, en opción legítima a través de la puerta trasera de los padrones municipales. La cuestión hoy no es inmigrantes sí o inmigrantes no. Es evidente que una gran mayoría de extranjeros reside legalmente en España y huelga decir, además, que sin su concurso la economía nacional no habría crecido como lo hizo en los penúltimos años. Nadie plantea tampoco expulsar del padrón a quien ya está inscrito, aunque haya entrado de forma irregular en el país. El asunto es si cabe cambiar la legislación para que el empadronamiento no se convierta, como ahora sucede, en una vía para blanquear la inmigración ilegal y para evitar que, en la práctica, acabe siendo más difícil obtener la tarjeta de residencia siguiendo los cauces oficiales que mediante ese atajo. El portavoz de CiU en el Congreso, Duran Lleida, que ayer respaldó la medida de dejar de empadronar a los sin papeles, tiene razón cuando señala que un ayuntamiento no puede conocer una ilegalidad «y no denunciarla». Es decir, que si un consistorio sabe que la situación de un inmigrante no es legal, ¿no es lógico que antes de empadronarlo comunique a las autoridades esa situación irregular? La legislación es contradictoria, y mientras por un lado obliga a incluirle en el padrón, por otra, prescribe su expulsión. Por eso sorprende que De la Vega dijera ayer que la ley «es clara» y que, por lo tanto, «no hace falta llevar a cabo ninguna reforma». Y que añadiera además que la economía sumergida tiene «los días contados». Pues bien, hay que decir claramente que ni la normativa es clara, ni creemos que con más de cuatro millones de parados y la crisis galopante actual, el Gobierno vaya a ser capaz de acabar con la economía sumergida, que además se sirve en muchas ocasiones de quienes, por no tener papeles, son víctima fácil para los tramposos. El PP, más realista, pronostica que la subida del IVA que entrará en vigor en julio agravará el fraude. Tan erróneo es que un ayuntamiento determine qué trato se le da a la inmigración, como que se le obligue a servir de coladero de personas en situación ilegal. Urge que los grandes partidos se pongan de acuerdo para revisar la legislación. Eso permitirá además cortar el paso a los demagogos dispuestos a pescar en río revuelto. EL MUNDO. 16-1-2010