En la Moncloa o en Ferraz no están para fiestas. Tras unos malos resultados en las elecciones gallegas, que han reforzado al PP y a la línea representada por Feijóo como alternativa de gobierno, el PSOE se enfrenta a cada vez mayores problemas a las puertas de un ciclo electoral que continúa con las elecciones vascas y luego con las europeas de junio.
Es en este contexto -con un Partido Socialista en su mayor momento de debilidad desde la llegada al gobierno de Sánchez en 2018- en el que ha salido a la luz un «caso Koldo» que impacta en su línea de flotación.
Es un caso de corrupción que alcanza mayor dimensión cada día que pasa. Además de al propio exministro y secretario de organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, de quien Koldo García era mano derecha, el escándalo implica -sea por citación judicial, por responsabilidad política o sospecha de complicidad- a gran parte de los altos cargos del Ministerio de Industria y Transportes.
Asimismo, la marejada golpea a los ex gobiernos socialistas de dos autonomías, Baleares y Canarias, y a dos importantes cargos actuales, Francina Armengol, presidenta del Congreso, y Victor Torres, ministro de Política Territorial. Cuatro ministerios (además de Transportes, Sanidad e Interior, y Hacienda, encabezada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero) sabían ya en 2022 que Abalos estaba siendo investigado. La Fiscalía europea va a investigar los casos de Baleares y Canarias al intervenir fondos europeos. Y, a través de sus vínculos con Air Europa, se implica a la mujer de Sánchez.
Apartar a Abalos no ha sido ni un cortafuegos ni una medida ejemplar que calme la tormenta. Y el PP reclama la dimisión de Armengol, tercera autoridad del Estado.
Siempre hay que preguntarse, cuando salta un caso de esta magnitud y gravedad, a quién interesa. El caso Koldo es resultado de casi dos años de investigación, pero la justicia, en concreto la Audiencia Nacional, lo ha hecho público ahora, justo cuando el PSOE acaba de sufrir una debacle en Galicia.
Pero el hecho es que es un caso doloroso e intolerable, porque afecta a un tema muy sensible, el enriquecimiento de un puñado de personajes sin escrúpulos gracias al sufrimiento de la pandemia.
Ante este tipo de tramas, no basta -que por supuesto- con exigir que se investigue hasta sus últimas consecuencias, y que «caiga quien caiga» cuando sepamos todas sus zarcillos e implicaciones.
Es preciso una reforma del Código Penal que equipare la corrupción con el crimen organizado, y así poder perseguirlo de la forma que merece. Confiscando todos los bienes de los corruptos, obligándoles a devolver lo robado y haciéndoles que paguen largamente el haberse enriquecido gracias al dolor ajeno.
Pero no sólo se debe perseguir a los corruptos como Koldo García, sino especialmente a los corruptores, a las empresas que acabaron beneficiándose de las mordidas, como Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL y Healthcare Services.
Diferentes organismos han cifrado que la corrupción nos cuesta a los ciudadanos un promedio de más de 80.000 millones de euros al año, y que un 80% corresponde a grandes empresas, bancos y monopolios– que se benefician de ella para conseguir grandes contratos a través del pago fraudulento de comisiones. Detrás de los políticos corruptos hay grandes empresas y bancos beneficiados, una cuestión que suele quedar oculta.
Hay que investigar el caso Koldo y depurar responsabilidades… desde este «patrón».