Ya no hay vuelta atrás. Tres gobiernos soberanos se han puesto de acuerdo en pocas semanas en un conflicto que empezó como empresarial y ha estado a punto de provocar una crisis política entre España, Argentina y México.
Los tres gobiernos anunciaron ayer un «principio de acuerdo» para compensar con 5.000 millones de dólares en bonos garantizados a Repsol por la expropiación del 51% de YPF llevada a cabo por Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2012.
El pacto político a tres bandas pone contra las cuerdas al único afectado que ayer no estuvo presente, a petición expresa de Kirchner, en las negociaciones definitivas para la firma de la paz. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha erigido en el defensor a ultranza de la vía judicial internacional para solventar el problema con Argentina y ahora sucumbe ante unas instancias superiores, los gobiernos, que han negociado en su lugar y han solucionado el problema diplomático que se avecinaba.
El ejecutivo de Mollerusa ha quedado desautorizado por su Gobierno, representado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, enviado de urgencia por orden del presidente Mariano Rajoy, y por sus dos principales accionistas, La Caixa (13%) y Pemex (9,4%), cuyos máximos directivos (Isidro Fainé y Emilio Lozoya, respectivamente) impulsaron la vía de la solución negociada y ayer certificaron el acuerdo en Buenos Aires.
Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, Brufau, que presidirá el consejo de administración que Repsol celebra mañana en Madrid, piensa en votar en contra de un acuerdo que no difiere en casi nada del que rechazó a comienzos de verano y que está a años luz de sus exigencias: 10.500 millones de dólares en ‘cash’ por el 51% expropiado.
Enfrente tendrá a sus dos accionistas de referencia (con tres consejeros), que son los que defenderán el acuerdo respaldado por Rajoy ante todo el consejo, en el que se dan cita también Sacyr (dos miembros), la singapurí Temasek (uno) y unos diez consejeros independientes que tradicionalmente votan a favor de las propuestas del presidente.
Brufau es consciente de que sería suicida para él y sus consejeros afines enfrentarse a un acuerdo alcanzado al más alto nivel político e impulsado por sus dos accionistas de referencia. Por lo tanto, según las fuentes consultadas, el presidente de Repsol está acorralado y ya prepara la que podría ser su salida negociada.
Estas fuentes insisten en que la dimisión de Brufau podría producirse en el consejo de mañana o en los días posteriores a éste, una vez que se aclaren los detalles del acuerdo y se defina la posición definitiva de Pemex, el accionista más beligerante contra el presidente, al que ha acusado en las últimas semanas de cobrar mucho y gestionar mal la compañía, además de impedir una solución en Argentina. Pemex ha pedido explícitamente la cabeza del directivo catalán que La Caixa puso de presidente en 2004.
Ya hay un ‘plan B’ preparado para afrontar de forma ordenada un posible relevo en el sillón presidencial: el vicepresidente primero, Isidro Fainé, asumiría de forma temporal la presidencia y el actual director general de Negocio, Nemesio Fernández-Cuesta sería nombrado consejero delegado, una vieja aspiración de los accionistas del grupo para limitar el poder del presidente. Pemex ve con buenos ojos este plan, aunque ve con recelo dar más poder al actual ‘número dos’ de Brufau.
El accionista mexicano había amenazado en los últimos días con vender su 9,4% si Rajoy, tal y como le pidió su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, no obligaba a Repsol a firmar un acuerdo.
La relación de Brufau con su segundo mayor accionista se había roto por completo en los últimos meses. Fue el presidente de Repsol el que tumbó en el consejo de junio pasado una propuesta argentina traída primero por La Caixa y después por Pemex, para compensar con 5.000 millones de dólares tanto en bonos (1.500 millones) como en activos petrolíferos (valorados en 3.500 millones) a la petrolera española.
Ayer, lo que se sacó adelante fue una propuesta parecida, pero algo mejorada. Serán también 5.000 millones de dólares en bonos garantizados del Estado argentino, no ‘cash’ como pedía Brufau, ni tampoco habrá activos petrolíferos, que partir de ahora serán explotados por Pemex en alianza con YPF, dos gigantes estatales respaldados por sus gobiernos.
Brufau y su equipo han reiterado en varias ocasiones que no se fían del Gobierno Kirchner y que no estrían dispuestos a aceptar compensación realizada en bonos u otros títulos de deuda del Estado argentino, considerados basura y de difícil cobro.
Pero Rajoy, Peña Nieto y Kirchner han respaldado que esa compensación sea precisamente en bonos garantizados. Los 5.000 millones de dólares en títulos de deuda difieren de los 7.000 millones que Repsol se apuntó en sus cuentas como posible indemnización y mucho más de los 10.500 millones que se mantenían hasta ayer como exigencia para firmar la paz.
Fue el sábado cuando Rajoy ordenó a Soria que el domingo volara a Buenos Aires para firmar un acuerdo. En Moncloa comenzaba a cundir el nerviosismo después de que Pemex congelara sus proyectos de inversión en Galicia y de que Peña Nieto fuera muy claro con el presidente: había que llegar a una solución con o sin la aquiescencia de Brufau porque para México las relaciones bilaterales con Argentina son esenciales para el futuro. Y la amenaza de Repsol de demandar a todas las empresas que desembarcaran en Vaca Muerta frenaba los interses de la petrolera estatal mexicana en el país.
Fuentes políticas señalan además que Moncloa se tomó muy en serio la última amenaza de Pemex de vender al mejor postor su 9,4%, pudiendo desestabilizar la situación accionarial de la petrolera. «Había miedo en Moncloa a que una salida de Pemex provocara la entrada hostil de un inversor extranjero y a Rajoy le estallara en las manos una especie de ‘nueva Endesa’ y se le acusara de no haber hecho nada por defender la españolidad de Repsol«, destacan estas fuentes.
Con el acuerdo sobre la mesa, tanto Repsol como Argentina e YPF «desistirán de las acciones legales en curso», mientras Pemex previsiblemente desbloqueará los contratos de construcción de dos barcos hoteles en los astilleros gallegos y el resto de inversiones previstas en España.