Reino Unido pagará la mayor parte del divorcio con la Unión Europea, un importe de entre 40.000 y 45.000 millones de euros, y garantizará los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en suelo británico. Además Londres y la UE han alcanzado un acuerdo sobre el escollo más espinoso: la frontera con Irlanda del Norte.
Tras meses de desacuerdos y tiras y aflojas, los negociadores europeos y británicos han llegado a un acuerdo histórico en las condiciones de divorcio, en principio más favorables para los intereses comunitarios. El hecho es que Theresa May se ha comprometido a que Reino Unido corra con la mayor parte de la factura del Brexit, una fuerte suma de más de 40.000 millones de euros, y a que los europeos que viven en el Reino Unido sigan teniendo básicamente los mismos derechos. Londres incluso ha aceptado voluntariamente que el Tribunal Europeo de Justicia siga teniendo jurisdicción en suelo británico.
Cuando chocan intereses poderosos, como los de la potente burguesía monopolista británica, y los de la UE capitaneados por Berlín, no es fácil predecir quien cederá ni en qué. Sin embargo, a pesar de su capacidad de negociación, es vital para Reino Unido mantener un flujo comercial y económico fluído con su principal mercado. El tiempo se acababa y para Theresa May descarrilar no era una opción. Así que ha cedido en puntos sensibles, el menos en esta fase.
“La Comisión Europea ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación”, indicó Juncker en una rueda de prensa junto a Theresa May. Juncker aseguró que se han constatado “avances suficientes” sobre los derechos de los ciudadanos o la factura de salida y recomienda pasar a la siguiente ronda, donde se deberá abordar la relación futura entre la UE y Londres.
Otro tema difícil donde May ha tenido que ceder ha sido en el asunto de la frontera norirlandesa, la que separa la República de Irlanda (en la UE) y el territorio británico del Ulster (Irlanda del Norte). El acuerdo con Bruselas contempla conceder a Belfast una regulación sobre aduanas y mercado único diferente a la del resto del país, con el objetivo de no crear una «frontera dura» con la República de Irlanda. Sin embargo, el principal socio de gobierno de Theresa May, el partido unionista norirlandés (DUP) está frontalmente enfrentado a cualquier propuesta que dejara a Irlanda del Norte en una situación diferente al resto del país, y ha anunciado que la bloquearía. Aún está por ver si el acuerdo del Brexit va a costar a la Primera Ministra -que ya atraviesa una situación de debilidad y desgaste- una seria crisis de gobierno.