La necesaria reestructuración de las Cajas se está convirtiendo en un auténtico pulso, en el que Zapatero se va a ver obligado a hacer más de un encaje de bolillos para tratar de componer el catastrófico puzzle que a día de hoy compone una parte sustancial de lo que es el 48% del sistema financiero español.
De un lado, las Cajas se han convertido en los últimos 25 años en la base material y financiera que –comlementando el siempre insuficiente traspaso presupuestario del Estado a los dirigentes de unas comunidades autónomas insaciables– ha permitido blindar y desarrollar el poder de las castas burocráticas regionales. Mover ese poder y ese blindaje –sobre todo en aquellas comunidades que más decididamente se han lanzado por el camino de crear sus propios reinos de taifas, como Andalucía y Cataluña– se está revelando bastante más difícil de lo que suponía la ministra de economía cuando afirmó que las fusiones interregionales podrían saltarse el veto que los gobiernos autónomos disponen, porque el gobierno otorgaría poderes excepcionales al Banco de España para pilotar en exclusiva ese proceso. Pero ahora resulta que, según revela Jesús Cacho en El Confidencial –habitual buen conocedor de ese mundo, fue el primero en adelantar la situación de quiebra patrimonial de Caja Castilla-La Mancha y lo inevitable de su intervención por el banco central–, Zapatero se ha comprometido ante el nuevo presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, a que la intervención estatal no tocará las competencias autonómicas. Es decir, que los gobiernos regionales seguirán teniendo el poder de vetar cualquier fusión interregional que no convenga a sus intereses de control sobre la nueva Caja resultante. Lo cual ha disparado las alarmas en el Banco de España, al introducir un criterio irracional y fuera de toda lógica económica en la reestructuración del sector. Pero no sólo en el Banco de España. El mismísimo Emilio Botín, el cappi de tutti le cappi del sistema financiero nacional, acaba de afirmar rotundamente en la junta de accionistas de su banco, que la reestructuración de las cajas debe hacerse “sin ninguna interferencia política”. Es decir, quitándole cualquier poder de veto a los gobiernos autónomos y concediendo plena autoridad al Banco de España. No en vano, desde hace ya días que se viene rumoreando insistentemente que el retraso en la aprobación del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), se debía a que todavía quedaban por limar algunas pequeñas diferencias entre el banco estatal y los dos grandes bancos del país, Santander y BBVA, que son quienes están participando activamente en su elaboración, al igual que hicieron en el primer plan de rescate bancario, el de los 240.000 millones de euros. Algo que no es extraño, puesto que la resultante final de este proceso de reestructuración va a ser, objetivamente, la eliminación de un buen puñado de pequeños, pero molestos, competidores. Que tal vez uno a uno parecen insignificantes comparados con el todopoderoso Botín, pero que sumados pueden arrojar fácilmente un volumen de depósitos entre los 100.000 y los 200.000 millones de euros. Es decir, una cifra entre los 20 y los 30 billones –si con b– de las antiguas pesetas. Una suculenta tarta de la que Botín no renunciará fácilmente a llevarse un bocado, y cuanto más grande, mejor. Y más en medio de una crisis en que la captación de nuevos depósitos y el aumento del volumen de negocio se antojan difíciles por otra vía que no sea la concentración y la apropiación de capitales ajenos. El asunto, pues, se le complica a Zapatero. la situación de un buen número de entidades financieras se hace más angustiosa a medida que se acerca el 2010 y se precisan soluciones urgentes para evitar un colapso de consecuencias imprevisibles. Sus compromisos con los jefes de las castas burocráticas regionales de su propio partido son difíciles de incumplir. Y más tratándose de los jefes de los territorios que más votos le aportan, Andalucía y Cataluña. Pero, por otro lado, enfrentarse a Botín, el “gran patrón” de su proyecto durante los últimos 5 años, tampoco parece tarea de gusto. Tendrá que hilar muy fino esta vez. O dar una nueva vuelta de tuerca hacia el abismo. Opinión. El Confidencial ZAPATERO PARALIZA DE NUEVO LA APROBACIÓN DEL FROB POR LAS PROMESAS A GRIÑÁN SOBRE LAS CAJAS Jesús Cacho El encuentro que este miércoles mantuvieron en Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha supuesto un nuevo obús en plena línea de flotación del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), cuya entrada en vigor viene dilatándose desde bastante antes de las elecciones europeas. Las promesas de Zapatero a Griñán, en el sentido de que el Fondo no tocará las competencias autonómicas en cuestión de fusiones interregionales, supone la desautorización de facto de las tesis defendidas por la ministra de Economía, Elena Salgado. ¿Volver a empezar? Ese era el sentimiento que ayer se percibía en no pocas instancias del mundo financiero español y, en particular, de las Cajas de Ahorro. De acuerdo con las versión de la entrevista dada por el andaluz, Zapatero le garantizó que el FROB “no tocará” la capacidad legal que la LORCA otorga ahora a los Gobierno autonómicos para vetar cualquier eventual fusión entre Cajas de CCAA distintas. “Zapatero me ha garantizado que eso no va a ser así”, recalcó Griñán. La inveterada capacidad del presidente del Gobierno para decir “sí” a todo el mundo deja en este caso en situación desairada a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ya que esa promesa, de cumplirse, dejaría sin efecto la que tal vez es la medida más “revolucionaria” en términos políticos del proyecto, en tanto en cuanto supone –supondría- recuperar para el Estado central alguna de las competencias cedidas a las Autonomías desde la entrada en vigor de la Constitución. En buena lógica, el compromiso de Zapatero con Griñán debería implicar la apertura de una nueva ronda de negociaciones entre Moncloa, el ministerio de Economía y el Banco de España, el previsto patrón y gestor del Fondo. “Tendrán que volver a ponerse de acuerdo de nuevo en el Gobierno”, aseguraba ayer una fuente del Partido Popular, que no descartaba que la aprobación del proyecto se retrase por este motivo más allá del 26 de junio, fecha que se ha venido dando como segura para ello. Mientras tanto, ayer tarde seguía sin recibirse en el PP papel alguno relativo al proyecto de marras, motivo por el cual en las filas populares se extiende la sospecha de que lo recibirán “media hora antes de que aparezca en el BOE”, es decir, sin posibilidad material alguna de negociar o consensuar nada. Lo llamativo del caso es que hay gente muy notable dentro del PSOE que da por descontado que el proyecto del FROB se ha pactado y negociado con el PP, cosa que en modo alguno es así. Donde los compromisos asumidos por Zapatero con Griñán han sentado como un tiro ha sido en el Banco de España. “La aprobación del FROB no es urgente; es superurgente”, aseguraba ayer a este diario una persona muy ligada a la institución. La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, que ha sido la autora material del proyecto de Decreto Ley, “ya hace días que ha entregado el papel de marras a la ministra Salgado, pero estamos a la espera de que a ella, y sobre todo a Zapatero, le venga bien ponerlo en marcha”. “La responsabilidad de la Salgado al aceptar someter cuestiones de índole económica como ésta al calendario de las conveniencias políticas del Gobierno es muy grande”, prosigue la fuente. El caso es que el proyecto quedó aparcado para después de las europeas, “porque el Gobierno no quería que el tema se interpretara en plena campaña como una muestra de la debilidad del sistema financiero, y ahora la negativa de Andalucía y Cataluña a perder aquel derecho de veto puede suponer un nuevo retraso más”. Algo con lo que no contaban en el Banco de España. “Nadie creía en el Banco que Zapatero fuera a plegarse a las exigencias autonómicas en este sentido, porque hacer posible las fusiones entre Cajas de distintas CCAA es parte esencial del proceso de reconversión del sector en entidades más potentes, pero después de esa entrevista del miércoles ya todo es posible. Lo que nos faltaba. Hemos pasado el Rubicón en cuanto a irracionalidad de los comportamientos autonómicos se refiere, y eso tendrá un precio en el saneamiento del sector de Cajas de Ahorros”. EL CONFIDENCIAL. 19-6-2009 Opinión. Estrella Digital EL EX NEGOCIO POLÍTICO DE LAS CAJAS Lorenzo Contreras (…) quién nos iba a decir que la democracia española de las autonomías rampantes acabaría devorando el concepto de "piedad", y los pomposos presidentes de las comunidades (nada menos que diecisiete, o diecinueve si sumamos Ceuta y Melilla), auténticos reyezuelos de taifas políticas, serían eficaces servidores de los intereses y de las codicias de los partidos gobernantes en las respectivas provincias. Ronda, una preciosa ciudad andaluza, una capital comarcal, disfrutaba en el sur de la más poderosa Caja de Ahorros y Monte de Piedad, o viceversa. Pero vino el nuevo poder político y el PSOE acabó lanzándose al Monte. No quedó casi ni rastro de las pasadas glorias de la institución. Incluso un equipo de baloncesto con el nombre de Caja de Ronda competía lucidamente en la Liga correspondiente. Hasta que, con el PSOE en el poder andaluz, llegó la orden o la instrucción imperativa de que aquella caja se fusionara con la Caja de Málaga, cuya importancia no era equiparable a la de Ronda. Así nació por absorción Unicaja, que además arrebató, aparte del control de los ahorros, la denominación baloncestista que la ciudad del famoso Tajo (no confundir con Toledo) paseaba por las canchas de España. A la Caja de Jerez estuvo a punto de ocurrirle algo equivalente con la Caja de Cádiz, pero el famoso alcalde jerezano, aquel que calificó a la Justicia de "cachondeo", impidió el desafuero. Quiérese decir que frustró el asalto. Valga este prólogo para ilustrar el absorbente poder que sobre las cajas de ahorro empezó a gravitar. Los partidos políticos percibieron rápidamente el filón financiero que esas instituciones podían representar para sus respectivos intereses. Y poco a poco, las cajas, algunas ya en decadencia, fueron entrando en declive, cuando no en barrena. Unicaja, con la inyección rondeña, parece que ha mantenido el palmito. Otras se fueron al diablo de manera inmediata o a plazo corto. Es una relación estadística que está todavía por detallar. El tiempo dará cuenta del catastrófico balance. La crisis actual es para ello la mejor rampa de descenso. La actualidad política (nada digamos ya de la financiera) de las mencionadas entidades de crédito desacreditado cobra mayor presencia con la lucha que por su control o poder viene siendo entablada. Ahora dicen los dirigentes de algunas de ellas que están a favor de su despolitización. O sea, que su "ocupación" por los partidos gobernantes era un hecho. El Banco de España nombró ya tres interventores para la de Castilla-La Mancha, la misma caja que ha intentado, con una inversión ruinosa, poner en marcha nada menos que un aeropuerto en Ciudad Real. A eso se llama visión digna de ser tratada por la oftalmología política, industrial y económica. Se da por descontado que no habrá despegue. Ni de aviones ni de nada. El inolvidable Pedro Solbes, de discutida memoria, quiso suprimir el derecho de veto de las comunidades autónomas a las fusiones interterritoriales de las cajas. Pero la sucesora de Solbes, en armonía con el Banco de España, mantiene el veto hasta que las cajas intervenidas sean recapitalizadas a través del FROB o Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria. Los reyezuelos de las taifas autónomas, que por algo son taifas pero todavía menos, invocan una competencia que les reconocen los Estatutos de Autonomía. Y en Cataluña, el virrey Montilla pide a los catalanes "tranquilidad" porque su Govern impedirá que el Estado invada el ámbito competencial estatutario. Prohibido tocar. Peligro de insubordinación. La Caixa es La Caixa. ESTRELLA DIGITAL. 19-6-2009 Editorial. El Mundo EL ESTATUTO AVANZA, PERO EL TC NO SE MUEVE AYER SE CUMPLIERON tres años de la aprobación del Estatuto de Cataluña por consulta popular y el próximo 31 de julio hará también tres años que el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad. El partido de Rajoy recurrió 114 de sus 223 artículos, alegando que se trataba de «una Constitución paralela» que produciría «daños irreparables». A pesar del tiempo transcurrido, el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse mientras cerca de una veintena de los artículos recurridos han sido aplicados o desarrollados legalmente por la Generalitat. Algo inconcebible en un Estado digno de tal nombre. María Emilia Casas, presidenta del Constitucional, justificó ayer la tardanza en dirimir el recurso del PP, asegurando que los magistrados trabajan «intensamente y sin interrupciones», aunque lo hacen «en la intimidad». Menuda palinodia. Casas afirmó que el Constitucional no decide en función de «la agenda política», lo cual es razonable pero no explica por qué lleva sin resolver casi tres años un recurso del que depende la arquitectura institucional del Estado. Parecía razonable suponer que el Constitucional iba a conceder prioridad a este recurso, dada su trascendencia, pero el hecho es que ha transcurrido el tiempo y nadie sabe cuándo se producirá ese fallo tan esperado por los partidos y la opinión pública. El Constitucional debería darse cuenta de que, cada día que pasa, se hace más difícil declarar la inconstitucionalidad de determinados artículos que ya se han desarrollado mediante leyes del Parlamento catalán. El caso más flagrante es de la lengua: la nueva ley educativa que se va a aprobar en julio establece que la única lengua vehicular para la enseñanza es el catalán, tal como fijan cinco artículos del Estatuto. Otro ejemplo que hoy recoge EL MUNDO es la creación del llamado Consejo de Garantías Estatutarias, aprobado por ley pero no constituido. El Consejo es una especie de Tribunal Constitucional de Cataluña que decide sobre la legalidad de sus normas. Ítem más, al amparo del artículo 110 del Estatuto, que blinda las competencias exclusivas, la Generalitat está regulando cuestiones de inmigración o trabajo al margen de la legislación del Estado. La Generalitat ha puesto también en marcha una reforma del código civil catalán sobre la base del autogobierno y los derechos históricos, creando de esa manera un nuevo derecho de familia que no coincide con el vigente en el resto del Estado. Hay muchos otros ejemplos pero tal vez la cuestión más relevante es la bilateralidad y el trato privilegiado que el Estatuto consagra para Cataluña en materia de financiación autonómica. El propio Zapatero acaba de prometer a Montilla que Cataluña no quedará decepcionada en relación a lo que establece el Estatuto. Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie habrá seguramente un acuerdo de financiación entre la Generalitat y el Gobierno. ¿No hubiera sido mejor contar antes con una sentencia clarificadora que hubiera ahorrado el tira y afloja que se mantiene desde hace más de un año? Tal vez encerrados en esos despachos a los que no llega el ruido de la política, según dice Casas, los magistrados se han olvidado del mundo real en el que viven y de las urgencias del tiempo presente. Tres años son demasiado para un asunto en el que existen tantos intereses políticos y motivaciones sentimentales. Sea cual sea la sentencia, ya llegará tarde y los miembros de este tribunal serán siempre recordados por su indolencia y su medrosidad jurisprudencial. EL MUNDO. 19-6-2009