Cuando esta oleada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz comenzó, el gobierno boliviano debía hacer frente simultáneamente a diversos sectores del pueblo trabajador, cada uno con sus demandas y motivos para movilizarse. Pero ahora la cólera popular ha escalado, derivando en un colapso de la capital -La Paz- en una crisis política nacional que exige la renuncia de un derechista presidente que lleva poco más de medio año en el cargo.
Y en el centro de las movilizaciones no está la izquierda tradicional boliviana -sumida tras las rencillas cainitas del MAS en una grave crisis interna- sino la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país.
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Crecen las protestas y también la represión. El Congreso boliviano -dominado por la derecha y la ultraderecha afín a Washington- ha derogado la ley que limitaba el estado de excepción, lo que deja ahora vía libre al presidente Rodrigo Paz para movilizar al ejército y restringir ciertas libertades públicas en medio de las protestas y allana el camino para la declaración del estado de excepción. Hasta ahora, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 -promulgada durante los gobiernos de Evo Morales- establecía restricciones a la declaración de este estado de excepción y establecía que esta medida no podía suspender las garantías ni los derechos fundamentales.
Pero no parece en absoluto que estas medidas vayan a intimidar a los sectores que se han puesto en pie de guerra contra Rodrigo Paz. El origen de las protestas está en la rápida degradación de las condiciones de vida de amplias capas populares, agravada por las políticas neoliberales y entreguistas de un presidente, Rodrigo Paz, que está desmantelando a toda prisa -con recortes y ajustes draconianos- todas las políticas sociales de dos décadas de gobiernos del MAS.
Bolivia sufre una crisis económica con un aumento de la inflación, déficit fiscal cercano al 10 % del PIB y falta de dólares y de combustible. Pero a pesar de la falta de liquidez del Estado boliviano, Rodrigo Paz no ha tenido inconveniente en eliminar al impuesto a las grandes fortunas, al mismo tiempo que retiraba por decreto la subvención a los combustibles que se aplicaba desde los primeros años del siglo. Esto, que ha supuesto un incremento del 86% en el precio de la gasolina y del 163% para el diésel, ha dado un hachazo al poder adquisitivo de importantísimos sectores populares, desde los transportistas a los campesinos.
Para más inri, vino el escándalo de la «gasolina basura». La desastrosa gestión de la empresa estatal de hidrocarburos YPFB, y la pésimas condiciones de almacenamiento del combustible generaron enormes depósitos de gasolina de mala calidad (con restos de sedimentos, resinas, óxidos…) que acabaron dañando más de 10.000 vehículos, terminando de arruinar a decenas de miles de familias y negocios.
Todas estas calamidades económicas han provocado reivindicaciones de distintos sectores sociales: los profesores piden mayores salarios y más financiación en Educación; los transportistas y los mineros piden combustible; y los indígenas y grupos rurales, como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, se oponen a las reformas agrarias que, aseguran, benefician a los grandes terratenientes. Por último, la Central Obrera Boliviana (COB) exige un 20 % de aumento del salario mínimo y la interrupción de las políticas de privatización y entrega de los recursos estratégicos del país -los hidrocarburos y el litio- al capital extranjero, principalmente norteamericano.
Las protestas contra Rodrigo Paz se iniciaron el 1 de mayo, por parte de la COB tras las manifestaciones del Día de los Trabajadores, donde esta central sindical llamó a la huelga indefinida. Comenzaron así una serie de bloqueos de caminos y carreteras por todo el país, con fuertes enfrentamientos con la policía, incluyendo muertos y heridos. Estos cortes -que fueron rodeando La Paz- comenzaron a provocar problemas de abastecimiento en la capital.
A las protestas de la Central Obrera Boliviana se unió la «Marcha por la Vida para salvar Bolivia» que ha congregado a campesinos, obreros e indígenas seguidores de Evo Morales, que está escondido al ser declarado en busca y captura por los tribunales, acusado de delitos sexuales con un potente olor a ‘lawfare’. Estos sectores indígenas y campesinos sostienen otra serie de reivindicaciones, pero están igualmente decididos a lograr la renuncia de Rodrigo Paz. La marcha, tras seis días de caminata, llegó a la capital boliviana a sumarse a las protestas.
Las demandas de los diferentes sectores populares convergen en un único punto: Rodrigo Paz tiene que largarse.