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La sedición y el golpe de Estado no quedará impune en Bolivia. La sangrienta represión de los bolivianos que se opusieron al golpe, con decenas de víctimas mortales a manos de las fuerzas represivas, que seguían instrucciones precisas del gobierno golpista, tampoco. Jeanine Añez, la que fuera ilegítimamente designada como presidenta interina de Bolivia tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 ha ingresado en prisión, junto a varios de sus exministros y altos mandos del Ejército.
La Justicia boliviana ha detenido a la expresidenta interina, Jeanine Áñez, así como a dos de sus exministros, Álvaro Guzmán (Energía) y Álvaro Coímbra (Justicia). También se ha apresado al exgeneral del Ejército, Pastor Mendieta Ferrufino, y al almirante Flavio Gustavo Arce, quien fue el jefe del Estado Mayor durante el golpe de Estado. La orden de detención se contra el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, que está en paradero desconocido, y contra otros tres exministros, entre ellos la mano derecha de Añez, Arturo Murillo, que hace meses huyó a EEUU.
Todos ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración por haber tramado y participado en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales entre los meses de octubre y noviembre de 2019. Un golpe perpetrado por las élites reaccionarias de la derecha boliviana, pero que fue diseñado, alentado y dirigido desde la superpotencia norteamericana.
Aunque de momento sólo se les acusa por el golpe de Estado, aún pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en la cruenta represión de los seguidores de Morales en las semanas posteriores, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata donde al menos 22 civiles perdieron la vida y otros 198 resultaron heridos por la violencia militar y policial. En total, en las semanas posteriores a la asonada, se produjeron 36 muertos, más de 800 heridos y se detuvo ilegalmente a más de 1.500 personas.
La responsabilidad directa de Añez, sus ministros y la cúpula del ejército en estos hechos y en múltiples violaciones de los derechos humanos está plenamente documentada, no sólo por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, sino por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard.
La exmandataria fue detenida el sábado mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar y cumplirá cuatro meses de prisión preventiva a la espera de juicio. Su encarcelamiento parte de la denuncia que hizo en diciembre de 2020 la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, ante el Ministerio Público en contra del jefe de la extrema derecha y virtual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.