Una ola de recortes del Estado de Bienestar, impulsada por las políticas trumpistas de rearme, recorre los países sometidos a los intereses norteamericanos. En Europa ya se dan los primeros pasos que desmantelan el Estado de Bienestar con las pensiones en el centro de los ataques.
En Alemania el canciller Friedrich Merz ha prometido un “otoño de reformas” empezando por las pensiones, con propuestas que van desde la jubilación a los 70 años hasta un impuesto especial a los pensionistas, o recortar suplementos por incapacidad laboral. En Francia el Primer ministro Lecornu ha tenido que aplazar la reforma para subir dos años la edad de jubilación y aumentar el periodo de cotización hasta después de las elecciones presidenciales de 2027. En Dinamarca ya se habla de subir de 67 a 69 años la edad de jubilación…
Y la misma Comisión Europea se ha sumado a esta ola con una propuesta, incluida en el Presupuesto de la UE, para vincular las reformas de las pensiones a los pagos en efectivo de los fondos europeos. Altos directivos de la Comisión consideran “insostenibles” los sistemas públicos de reparto como el español y pretenden recomendar su sustitución por “políticas de ahorro para la jubilación individuales”, o dicho en plata, por planes privados de pensiones. Esta es la llamada “privatización silenciosa” de las pensiones públicas. “Silenciosa” porque se pretende aplicar poco a poco para tratar de evitar el fuerte rechazo social que provoca la privatización de los sistemas públicos de pensiones.
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También en España
Bajo la bandera de que “son insostenibles”, la ofensiva contra el sistema público de pensiones se intensifica en nuestro país. En agosto el diario El Mundo publicaba un editorial que concentra la ofensiva en marcha: “Un modelo en quiebra y sin relevo para las pensiones”. Durante estos meses desde diferentes frentes nos bombardean con que el sistema público de pensiones español es “insostenible” por la jubilación de la generación “baby boom” y por vincular la “revalorización de las pensiones con el IPC” y que la única salida es aplicar nuevos recortes y alargar la edad de jubilación hasta los 70 años.
Una ofensiva que se ha vuelto a intensificar con el anuncio del gobierno de que el Estado central prestará 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para el pago de la paga extra de Navidad que se abona en noviembre.
Desde el ministerio, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, asegura que recurrir a un préstamo a fondo perdido e interés cero, ya contemplado en los presupuestos prorrogados de 2023, “no significa que las cosas vayan a peor, más bien todo lo contrario…, por la mejora de la situación financiera de la Seguridad Social”. En concreto los ingresos por cotizaciones han aumentado casi un 7% en 2025, unos 8.400 millones más de recaudación respecto a 2024. Y además por los ingresos de las cotizaciones adicionales del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) aprobado en la reforma de 2023 y que nutre el ‘Fondo de Reserva’, la conocida como “la hucha de las pensiones” que acabará el año con más de 14.000 millones de euros.
La financiación con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, como vía complementaria a las cotizaciones sociales para financiar la Seguridad Social, es otro frente de ataque contra el Sistema Público de Pensiones. No se acepta que esta sea una fuente de financiación de las pensiones, para poder utilizar el argumento de que el sistema público de pensiones es insostenible. Por eso se acumulan las transferencias del Estado a la Seguridad Social y se cuentan como el “agujero de 126.000 millones” que generan las pensiones. Pero en el fondo lo que se defiende es que hay que desmantelar el Estado de Bienestar y destinar ese dinero a otros fines, como el rearme militar en la proporción que exigen las nuevas necesidades de la hegemonía norteamericana.
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Blindar las pensiones en la Constitución
Blindar derechos en la Constitución, es el camino para protegerlos de quienes ahora o en los próximos años pretenden desmantelar el Estado de Bienestar, y frente a la “ola reaccionaria” antidemocrática que quiere eliminarlos. Y blindar las pensiones es el centro de esta batalla.
Las pensiones son un pilar estructural fundamental del Estado de Bienestar. Blindar las Pensiones en la Constitución para que ni se recorten ni se privaticen, como propone la MERP (Mesa por el Blindaje de las Pensiones), es defender la solidaridad intergeneracional y la mejor garantía para su revalorización manteniendo el poder adquisitivo.