El año que cerramos, 2021, ha supuesto un nuevo avance en la conquista de un objetivo estratégico fundamental para el futuro de nuestro país: blindar las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental para que ni se recorten, ni se reduzca su poder adquisitivo, ni se privaticen.
La reforma de las pensiones que se tramita, exigida por Bruselas como condición para recibir el dinero de los fondos europeos, está sorteando las peores previsiones. Hasta ahora lo que se ha aprobado es la revalorización de las pensiones con el IPC; separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social para sacar los “gastos impropios” de las cuentas de la SS y cargarlos a los presupuestos del Estado; o derogar el “factor de sostenibilidad”, que recortaba las pensiones en función de la esperanza de vida, y sustituirlo por el llamado “mecanismo de equidad intergeneracional”, MEI, que actuaría como un “colchón de seguridad”, subiendo un 0,6% las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y un 0,1% por cuenta de los trabajadores, para volver a revitalizar un fondo de reserva de la SS en los próximos diez años, acumulando unos 50.000 millones de euros que permita afrontar la subida del gasto en pensiones de la generación “baby boom”.
Si la reforma está sorteando los recortes y ajustes draconianos que exigía Bruselas hay que atribuirlo directamente a la movilización y lucha del movimiento por la defensa del Sistema Público de Pensiones, en el que el movimiento social para que las pensiones se blinden en la Constitución, encabezado por la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones), ha tenido un papel relevante.
Pero no todo son luces, en el horizonte de las reformas todavía pendientes aparecen sombras importantes que implican amenazas directas contra las pensiones públicas. Por un lado, la exigencia de Bruselas para ampliar el periodo para calcular la cuantía de la pensión más allá de los 25 años actuales, a 35 o incluso a toda la vida laboral, lo que implicaría un recorte directo de las nuevas pensiones. Y por otro, los planes de pensiones de empleo, presentados como un “sistema complementario” del Sistema Público, pero que son una puerta abierta a la privatización. Recortar para privatizar.
2022 tiene que suponer un nuevo paso al frente para avanzar en blindar las pensiones en la Constitución
Es por eso que 2022 tiene que suponer un nuevo paso al frente para avanzar en blindar las pensiones en la Constitución. Frente a todo este baile de reformas, el blindaje constitucional de las pensiones, como un derecho fundamental reconocido en la Constitución, mediante una reforma que prohíba explícitamente la privatización total o parcial del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, es la única garantía estructural para que nuestras pensiones públicas queden fuertemente protegidas, con la mayor protección legal de nuestro sistema jurídico, frente a todos los ataques por recortarlas o privatizarlas.
La manifestación del 13 de noviembre convocada por la MERP ha supuesto un nuevo hito en la lucha por blindar las pensiones haciendo avanzar el movimiento en la sociedad, en los medios, en las instituciones y entre los agentes sociales y políticos. El 13N fue la culminación de un año de actividades todavía en tiempos de pandemia, con la entrega de 1,6 millones de nuevas firmas ante las Defensorías del Pueblo (la MERP ha recogido ya más de 3 millones de firmas); la publicación del 6º manifiesto por el blindaje de las pensiones, firmado por organizaciones y centenares de personalidades, profesionales, activistas y ciudadanos…; y en la ampliación del movimiento, con la incorporación de 60 nuevas organizaciones a la MERP, que ya suma 420 organizaciones de diferentes sensibilidades unidas por un objetivo común: blindar las pensiones en la Constitución.
Desde estas páginas llamamos a hacer de 2022 un año clave en esta batalla. Cada uno de nosotros, los ciudadanos, los pensionistas, los jóvenes, hombres y mujeres, los activistas sociales, las organizaciones sindicales o políticas, los profesionales y personalidades de las más diferentes sensibilidades democráticas tenemos en nuestras manos un reto común: impedir que se impongan medidas que recorten o privaticen las pensiones públicas y garantizar que el sistema Público de Pensiones siga siendo un pilar fundamental del Estado Social. Y eso pasa por Blindarlas en la Constitución.