En 2013, el ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, vendió a Blackstone 1.860 viviendas municipales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), domicilios en alquiler de protección oficial, para personas con escasos recursos. Los inquilinos ni siquiera fueron informados de la transacción, mucho menos dieron su consentimiento. Y de repente se encontraron con que el precio del alquiler de sus casas pasaba a costarles el doble. Varios inquilinos han luchado y denunciado esta maniobra, y han logrado que el Tribunal de Cuentas multase a Ana Botella y otros siete cargos políticos por el proceso de venta tan irregular, por debajo del valor del precio de mercado.
Ahora, Blackstone ha iniciado un proceso de venta de activos, entre los que se encuentra un paquete de entre el 10% y el 15% de todos estos domicilios. Lo achacan a una maniobra por completo natural: compran casas cuando son baratas, las alquilan mientras esperan que suba el precio y las venden cuando dicho precio se encuentra al alza. Aunque probablemente quieran deshacerse de ellos lo antes posible debido a la sentencia que sufrieron los pisos del IVIMA vendidos a Goldman Sachs, anulando la venta por las mismas irregularidades. De todas formas, el negocio ha sido redondo: han comprado casas por debajo de su valor con ayuda del gobierno municipal, han echado a sus inquilinos duplicando el precio del alquiler y ahora los van vendiendo a cachos a un precio mucho mayor.
Sin embargo, se han encontrado con un problema que puede desinflarles este negocio. En marzo de este año, el gobierno del PSOE (junto con Podemos y PNV) hacía un Real Decreto reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por la cual, entre otras cuestiones, amplía hasta siete años el periodo de permanencia de un inquilino en una vivienda alquilada.
La respuesta de Blackstone no se ha hecho esperar. Paralizando el alquiler de cientos de pisos que tiene en propiedad a través de la Socimi Testa, como acto de presión en medio de la campaña electoral, con el objetivo de acabar con esta reforma. Boicot que pueden llevar adelante por el poder adquirido en estos últimos años: solo dentro de Testa (99’5% de las acciones son de Blackstone), ya tiene en posesión más de 11.000 residencias en alquiler. Su acumulación de capital ya no solo les renta, también les da poder de influencia y de decisión.
Blackstone, punta de lanza de todo un saqueo en vivienda
Blackstone es, con enorme diferencia, el fondo buitre que más ha invertido en el mercado inmobiliario español en los últimos cinco años. Su primera acción fue la compra de viviendas de EMVS a Ana Botella, pero esto no fue más que el principio. Desde entonces, ha ido dando bocados, cada vez más y más grandes.
Destaca por ejemplo la compra del 51% de los activos inmobiliarios del Banco Popular, tras ser vendido éste al Santander por un euro. Y la entrada continua y constante en Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas del Mercado Inmobiliario) en España como Fidere, Torbel Properties, Corona Patrimonial, Albirana o la mencionada Testa.
En 2018, es cuando ha dado el mayor salto. Según la consultora inmobiliaria CBRE, Blackstone ha invertido 5.420 millones de euros, lo que supone el 30% de todas las inversiones que se realizaron en el mercado inmobiliario español en 2018, y un 66% proveniente de carteras cuya propiedad estaba anteriormente en bancos e inmobiliarias españolas.
Y lo hace en todos los niveles. A los pisos de venta y alquiler hay que sumarle ahora también hoteles, con la adquisición tras una OPA hostil de Hispania, cartera hotelera. E incluso también el sector logístico, haciéndose con Neinver o Lar España, dueñas de naves industriales.
Blackstone no es el único. Está el fondo Cerberus (también norteamericano) que, por ejemplo, se hizo con el 64% del negocio inmobiliario del BBVA por 4.000 millones de euros. El fondo italiano DoBank se ha hecho con Altamira, inmobiliaria del Santander que previamente había sido vendida al fondo yanqui Apollo. El fondo británico Grosvenor ha puesto su mirada en las residencias de lujo, anunciando una inversión de 200 millones en domicilios en los barrios de Salamanca y Chamberí. Y la lista continúa…
Es la evidencia de todo un proyecto para desde el extranjero apoderarse de las riquezas nacionales. La vivienda era, hasta hace solo unos años, uno de los bastiones de la oligarquía española, donde el capital exterior tenía vedada la entrada. Pero ahora no solo han abierto sus puertas de par en par: es que trabajan activamente para entregar una parte cada vez mayor de sus activos a precio de saldo. Cada vez más, se apodera el capital extranjero (especialmente el norteamericano) de todo lo que producimos, y con ello, de nuestras vidas.