España se arrepiente como país de haber retrasado hasta ahora la reforma de su sistema financiero. La autocomplacencia manifestada por autoridades gubernamentales, supervisoras y bancarias cuando en 2008 y 2009 todos los países del mundo ajustaban el riesgo de sus bancos está pasando una doble factura. En primer lugar, por haber extendido el aserto de que las instituciones que formaban el sistema financiero español eran las más sanas del mundo, además de ser las más rentables y eficientes, cuando ha resultado leyenda fallida; y segundo, porque reconocer lo contrario tan tarde hace menos creíble el discurso y más cara la solución. Todos los países del mundo en los que ha existido una burbuja inmobiliaria incontrolada han terminado con su sistema financiero maltrecho, recapitalizado por los poderes públicos, y reestructurado para recuperar su utilidad. España no puede ser diferente, y no va a ser diferente.
Independientemente de la proyección exterior con mensajes contradictorios a medida que avanzan los meses, una reforma tardía es mucho más cara que una transformación quirúrgica y rápida. Pero el precio más alto no lo será tanto por el coste para el presupuesto como por la demora en la recomposición de la economía y el sacrificio en crecimiento, en riqueza y en empleo. Pero esto es lo que hay, y aunque el Gobierno esté empeñado en que la realidad sobre el sistema financiero español es mejor que la percepción que de ella tienen los mercados, lo cierto es que es precisamente la composición que los financiadores de la economía española hagan la que cuenta para determinar cuándo, cuánto y a qué precio proporcionará recursos a la economía para refinanciar su deuda y disponer de crédito nuevo.