España podrá recibir hasta 140.000 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación, Next Generation, 72.000 en subvenciones directas y 68.000 millones en créditos.                                                                                                                                

Una vez aprobado el Plan de Recuperación presentado por el gobierno, nuestro país podrá recibir 19.000 millones de euros antes de fin de 2021, por debajo de los 27.000 que esperaba el gobierno.

Los primeros 9.000 millones llegarán en agosto y 10.000 millones más en los últimos meses del año. Otras dos remesas ya en 2022 pero sometidas a la revisión semestral de la Comisión Europea y su aprobación dependerá de que España cumpla las condiciones exigidas y comprometidas en el Plan de Recuperación, reconstrucción y Resilencia.

¿Cuáles son esas condiciones?

Nadie cuestiona que este fondo, sobre todo las transferencias directas, podrían ser una oportunidad para afrontar los costes más urgentes de la pandemia sanitaria y social y afrontar la salida de la crisis económica de forma radicalmente diferente a como lo fue la de 2008. Tampoco que esta vez las medidas de la UE no pueden adoptar la forma de un rescate abierto como en 2012 por las resistencias de una mayoría social opuesta a los recortes.

Pero estas ayudas no son gratuitas y están condicionadas.

Evidentemente los préstamos no serán gratis. Pero tampoco las subvenciones directas.

Las subvenciones, como los préstamos, se financiarán con la emisión conjunta de deuda por parte de la Unión Europea . Una deuda mutualizada que tendrá que pagar cada país a través de un aumento de sus aportaciones al presupuesto comunitario o de nuevos “impuestos europeos”, durante casi 40 años, hasta 2058.

Las condiciones

La Unión Europea exige a España acometer un paquete de reformas estructurales en pensiones, laboral y fiscal a cambio de acceder a las ayudas europeas. Las exigencias no son solo de Bruselas, en ellas coincide con lo que viene exigiendo Estados Unidos a través de organismos internacionales como el FMI y la OCDE.

Primero. La reforma de las pensiones.

Bruselas levanta la bandera de la insostenibilidad del sistema público de pensiones y exige una reforma que lo reduzca “para hacerlo sostenible” e impulse los fondos privados de pensiones.

El gobierno se ha comprometido en el Plan aprobado por Bruselas a cumplir con las exigencias de la UE, mediante una serie de medidas propuestas por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá que recortan las pensiones públicas (mediante mecanismos como endurecer el acceso a la jubilación anticipada, la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, ajustar la revalorización con el IPC con un año de retraso y un nuevo factor de “solidaridad intergeneracional” ligado a la esperanza de vida) y que, sobre todo, abren paso a la privatización con la imposición de los “planes privados de empresa”. Un paso que sirve en bandeja el control del dinero de las pensiones, 140.000 millones de euros anuales, un objetivo largamente acariciado por los grandes fondos extranjeros, norteamericanos, alemanes… y la banca.

Las ayudas no serán gratis y están condicionadas. Las tendremos que estar pagando durante casi 40 años

La influencia y el rechazo del viento popular a las exigencias de Bruselas ha obligado al gobierno a proponer dos etapas y a la Comisión Europea a aceptar una estrategia por etapas, retrasando los ajustes y medidas más duras y que más rechazo generan a una segunda etapa a lo largo de 2022, ganando tiempo para tratar de vencer las resistencias que genera. Medidas como la ampliación a 35 años cotizados el periodo para calcular la pensión, el nuevo factor de sostenibilidad o la subida de cuotas a los autónomos quedan para negociarse a lo largo de 2022.

Segundo: no tocar la reforma laboral

Una reforma laboral que exige no derogar de forma explícita la reforma de Rajoy de 2012. La OCDE enviaba un mensaje hace un mes al gobierno español: “no es el momento de derogar la reforma laboral”. Eso mismo, con otras palabras, decía el comisario y vicepresidente europeo Valdis Dombrovskos hace dos meses: España debe hacer una reforma laboral “integral y ambiciosa”. O lo que es lo mismo,  profundizarla en todo lo que implique mayor flexibilidad laboral, ajuste salarial y abaratamiento del despido, con la introducción de medidas como la “mochila austríaca” a corto o medio plazo.

Como en las pensiones, las resistencias están obligando a dos etapas de negociación.

Y tercero: reforma fiscal

Una reforma fiscal, la llamada “consolidación fiscal”, que por un lado suba impuestos, con nuevas tasas ecológicas (impuesto al diésel, peaje autopistas, …) o con la reordenación de los que ya existen, lo que podría suponer subidas de los tipos del IVA.

Y por otro lado retomando la “disciplina fiscal”, es decir el control del gasto público y del déficit a partir de 2022 que podría suponer a partir del próximo año que se pusiera fina a la política “expansiva” del gasto público y empezar una nueva “década de recortes”, como anuncia el gobernador del Banco de España, que profundice el saqueo al 90% de los ciudadanos.

El gobierno se ha comprometido con Bruselas a reformar las pensiones públicas, dejando para 2022 las medidas más duras de la reforma

 Ayudas a cambio de recortes

Las condiciones impuestas por las “ayudas europeas” suponen para España, a cambio de transferencias y créditos que aliviarán la situación en el corto plazo, un marco que conducirá, en el medio y largo plazo, a la imposición de futuros e inevitables recortes.

Colocar en primer plano las transferencias directas o las inversiones en energías verdes pero ocultar las condiciones, los ajustes y recortes que quieren imponer a cambio, contribuye a rebajar las defensas para luchar por los intereses del conjunto de las clases populares. El tiempo ganado obligando a llevar a una segunda etapa las negociaciones para imponer las reformas estructurales de las pensiones, laboral y fiscal tenemos que aprovecharlo los movimientos sociales para reforzar la lucha por la defensa de los intereses populares y nacionales sin caer en el chantaje de: ayudas por recorte de pensiones, por ajuste de salarios o ayudas por más impuestos.