Los recortes de gasto público, nacionales o autonómicos, están generando protestas sociales de una intensidad desconocida en los últimos 30 años. Los ajustes exigidos para cuadrar las cuentas de Estados y autonomías suscitan inquietud social, porque se consideran como una reducción arbitraria (no pactada) de los derechos básicos y como causa de un probable deterioro (peor educación y sanidad pública) de las economías nacionales y regionales durante los próximos años. Ese es el sentido de la abrumadora huelga de empleados públicos británicos contra los recortes del premier David Cameron; ese es el sentido también de las huelgas de la enseñanza convocadas en toda España, de las acontecidas y por acontecer en Grecia y de la que se amenaza con convocar en Cataluña a raíz de las propuestas de reducción salarial y de empleo público de la Generalitat.