La constante subida del precio de la energía se come una gran parte del poder adquisitivo de nuestros salarios, y las rentas de las familias españolas.
Empezamos 2018 con el recibo de la luz un 10,8% más caro que el año pasado. Con los salarios rebajados un 2% por la pérdida de poder adquisitivo. Y las rentas de las familias habiendo caído otro 1,8%.
Según la asociación de consumidores FACUA-Consumidores en Acción, la factura de la luz para un consumidor medio puede suponer un encarecimiento medio de entre 89 euros más al año (para personas acogidas a la tarifa regulada PVPC) y los 835 euros anuales para familias numerosas, con dependientes o discapacitados que necesitan atenciones especiales. Y mucho más para autónomos y pequeñas empresas.
Lo del recibo de la luz es de juzgado de guardia
En los últimos años la luz ha subido casi un 67%. Reduciendo la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la población y dejando en la cuneta de la pobreza energética varios millones de personas que no pueden calentarse en invierno o refrigerar sus casas en verano.
Cada reforma que han propuesto desde el gobierno se ha hecho prometiendo que serviría para rebajar la factura; pero solo ha servido para mejorar el sistema con el que los monopolios eléctricos encarecen el precio y atracan a los ciudadanos. Sobre todo en diciembre y enero, cuando llega el invierno y el frío aprieta y se hace más necesario el consumo eléctrico.
Estamos en los primeros días de enero y los precios del mercado mayorista – ese mundo oscuro donde las eléctricas manipulan para encarecer el precio de la electricidad- ya están marcando nuevas subidas del kilovatio/hora. Los 65,11 euros que alcanzó el KWh el día 8, 12 euros por encima del precio medio que marcó en 2017, no augura nada bueno. Al contrario que la luz empieza subiendo tanto o más que el año que dejamos. El recibo de febrero ya puede ser un 2,5% más caro que el de enero.
La beneficios de los monopolios se mantienen calientes
En 2016 las eléctricas encabezadas por Endesa, Iberdrola y Gas Natural ganaron 5.486 millones de euros. Y en el 17 los han superado: en septiembre ya habían ganado 4.300 y, a falta de los resultados definitivos, acabarán ganando 5.500 millones.
Sus altos ejecutivos tienen sueldos millonarios. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, gana 16 millones de euros, 1.330 veces el salario de un mileurista.
Y además, los gobiernos de Zapatero y Rajoy les han regalado 30.000 millones por el llamado déficit tarifario que pagamos en el recibo de la luz y en recortes.
La clase política gobernante es la garantía de sus milmillonmarios beneficios y la que permite el sistema que los garantiza encareciendo sin fin la factura de la luz.
En el mercado eléctrico el precio lo establece la tecnología más cara, la electricidad producida por carbón o gas natural, que fijan el precio a todas las demás, la tecnologías más baratas: nuclear, hidroeléctrica y eólica.
El frío es sinónimo de pobreza energética
Cada año el 10% de los hogares españoles, 4,5 millones de personas, no pueden disponer de energía eléctrica para combatir el frio en sus hogares. Lo que agrava su salud, degrada sus condiciones de vida, incluso la pone en peligro al verse obligados a recurrir a medios poco seguros para combatirlo.
Las asociaciones de consumidores como FACUA o la OCU denuncian que el bono social aprobado por el gobierno es insuficiente para combatir esta tragedia, y las restricciones para poder acceder a ese derecho, que dejan a la intemperie a más de la mitad de los afectados por pobreza energética.
¿Quién va a poner fin a esta situación? ¿Cuando van a juzgar a las eléctricas?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto expediente a Gas Natural y Endesa por alterar los precios de la luz, manejando el mercado para obtener mayores ingresos entre octubre de 2016 y enero de 2017.
No es la primera vez, ya en 2015 la CNMC impuso a Iberdrola una multa de 25 millones de euros por manipular el precio de la energía eléctrica en las centrales eléctricas de Duero, Tajo y Sil en 2013.
Pero la manipulación es la regla y las sanciones la excepción.
Esta situación no puede continuar. No lo aguantamos los ciudadanos. Ni las pymes. Ni el sistema productivo dependiente de los combustibles fósiles. Ni el clima atacado por la falta de voluntad política para desarrollar las energías alternativas que además son ya más baratas.
Hay una mayoría social representada en el Parlamento nacional con una correlación de fuerzas (PSOE, Podemos, Cuidadanos y otros como Compromís) favorable frente al PP que puede cambiar la situación si tiene la voluntad política para hacerlo. ¿La tienen?
¡Hay que exigirlo!