La aprobación por la Asamblea Regional de Murcia del plan de recortes presentado por el gobierno regional del PP presidido por Ramón Luis Valcárcel ha desatado la indignación y una oleada de movilizaciones que empezaron el pasado 23 de diciembre con el cerco a la sede de la Asamblea Regional en Cartagena y masivas manifestaciones durante la siguiente semana por las calles de Murcia, ante el palacio de San Esteban, sede del gobierno regional, y la vivienda del presidente Valcárcel.
La exlosión de los trabajadores públicos murcianos, especialmente de la enseñanza y sanidad, ha puesto de manifiesto cómo la indignación popular es cada vez más profunda ante la acumulación de recortes y reformas contra la población, tanto desde el gobierno de Zapatero como desde los gobiernos regionales del PP y el PSOE, y amenaza con un estallido social. Cada nuevo recorte puede ser la gota rebose el vaso y un reguero de estallidos recorrer toda España. Casi sin tiempo de convocatoria, pero con el apoyo de todos los sindicatos del sector público, CCOO y UGT, CSIF, Sterm, SATSE, SIME, SIDI y ANPE, unos 4.000 trabajadores públicos, mayoritariamente de la enseñanza, se concentraron durante más de 6 horas y media ante el edificio de la Asamblea Regional mientras los diputados aprobaban la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las finanzas Públicas, “El Tijeretazo” como denuncian los trabajadores públicos. Entre consignas contra “los recortes sociales y salariales”, “menos corrupción y más educación” o “más educadores y menos asesores”, la indignación contra los políticos reunidos en el Parlamento se transformó en lanzamiento de huevos contra los diputados regionales que entraban y un intento de entrar en el edificio que fue duramente reprimido por los antidisturbios. Desde el lunes 27 la movilización se ha trasladado a las calles de Murcia con manifestaciones cada vez más masivas ante el palacio de San Esteban, sede del gobierno regional. Los 7.000 manifestantes del lunes 27 se transformaron en los 15.000 del miércoles con la incorporación creciente de los profesionales de la sanidad. Profesores, maestros, médicos, auxiliares, celadores, administrativos se han echado a la calle. Y las consignas (“El PSOE pone la cuerda y el PP aprieta”, “Manos arriba, esto es un atraco”, “Valcárcel, baja el sueldo a tu sobrino”, “Aquí está, la cueva de Ali Babá”, frente a la Consejería de Hacienda, “Menos corrupción y más Educación”) reflejan cómo empieza a salir a la superficie un creciente nivel de conciencia sobre el despilfarro de los recursos públicos y la responsabilidad de la clase política cada día más dispuesta a recortar salarios, rentas, pensiones, sanidad o educación para cumplir las exigencias del FMI de Obama o la Unión Europea de Merkel. “Tijeretazo” social y salarial Como dice Mª. Fuensanta de los Fayos, maestra del IES Francisco Savater de Murcia, “la indignación y rabia de las manifestaciones no sólo obedece a los recortes salariales, sino a que el conjunto de las medidas supone un ataque global, tanto a los derechos de los trabajadores, como a la calidad de los servicios de sanidad y educación y al empleo. No estamos ante un “Tijeretazo” sólo contra los trabajadores públicos sino contra el 90% de la población”. -Más rebajas salariales. El plan de recortes aprobado por el gobierno murciano suma, a la rebaja del 5% que aprobó Zapatero, otra serie de recortes salariales: el recorte de casi el 50% de los complementos por productividad a los profesores va a suponer 75 euros menos en la nómina; recorte del 10% en los complementos por guardias y turnos del personal sanitario (recorte de 45 euros menos por guardia entre semana, 71 euros menos en fines de semana) puede llegar a suponer un recorte de más de 500 euros mensuales para un médico y más de 200 euros para un celador mileurista. Un enfermero pasará de cobrar 360 euros de complemento de “turnicidad” por trabajar de noche a cobrar 78,07 euros, casi cinco veces menos. -Ampliación de la jornada laboral de 35 horas aprobadas en los convenios a 37,5 horas. La aplicación del “trabajar más para ganar menos”, además de las consecuencias nefastas para el empleo y la calidad de los servicios de educación y sanitarios. -Eliminación de derechos, con la supresión de los planes de pensiones, eliminación parcial del Plan de Acción Social y rebaja del 25% de los complementos de bajas por enfermedad. -Destrucción de empleo. La ampliación de la jornada laboral, junto con el recorte de gastos para hacer sustituciones por bajas laborales y la congelación de la convocatoria de oposiciones para cubrir puestos vacantes de enseñantes o personal sanitario, van a tener una repercusión directa sobre el empleo. Miles de profesionales interinos ven peligrar sus puestos de trabajo y otros miles en las listas de espera quedarán fuera los próximos años. Según los sindicatos, sólo en la enseñanza puede suponer la pérdida de entre 2.000 y 3.000 empleos. -Precarización de los servicios públicos. Las consecuencias de todas estas medidas repercutirán directamente en la calidad de los servicios de sanidad y educación. Menos personal, menos profesores maestros o enfermeros, significa peores servicios: masificación en la enseñanza volviendo a aumentar el número de alumnos por clase; en la sanidad empeoramiento de la atención a los enfermos, rebaja drástica de la calidad de atención en los servicios de urgencia, masificación de las consultas, etc. ENTREVISTA Francisco Martínez Cutillas (“Paco Cutillas”, maestro) Afiliado del sindicato STERM y miembro de la coordinadora “Murcia no se Vende” -Todo el mundo ha visto en la movilización de los maestros y sanitarios de Murcia un auténtico estallido de rabia e indignación. ¿Qué lo ha hecho estallar? Digamos que la ley extraordinaria de recortes aprobada por el gobierno regional del PP es la aplicación del “trabajar más para ganar menos” que decía el presidente de la CEOE. Al recorte del 5% que nos hizo Zapatero se suman nuevos recortes, como 75 euros a los maestros o hasta entre 300 euros para un celador o 1.000 que puede llegar a recortarse el de un médico por la reducción de los complementos que se pagan en las guardias y turnos de noche. Pero no sólo eso, a los enseñantes se nos recorta también un 25% por bajas de enfermedad. Y sobre todo, con la ampliación de la jornada laboral, están en juego muchos puestos de trabajo, sobre todo de los interinos; más de 2.000 pueden perder su empleo. Evidentemente todo esto va a repercutir en un empeoramiento general de la educación y la sanidad para todos los ciudadanos. Por ejemplo en la enseñanza perderemos horas de tutorías o preparación de las clases para atender bajas de compañeros por enfermedad. Calculamos que la ley significa un retroceso de 15 a 30 años en los derechos de los trabajadores. -¿Qué papel están jugando los sindicatos en la movilización? La unidad sindical es fundamental, pero yo creo que ha sido algo “instintivo”, con la que está cayendo no se podrían permitir no ir juntos para hacer frente a esta situación. Lo fundamental es que tanto los que se consideran más a la izquierda como a la derecha relacionan que los recortes vienen de los dos lados, del gobierno de Zapatero, pero estas medidas son de un gobierno regional del PP. Eso mismo ve la gente y por eso las movilizaciones son cada vez más masivas a pesar de las fechas de Navidad en las que estamos. De unos 50.000 trabajadores directamente afectados en toda la provincia, 15.000 estaban en la manifestación del miércoles 29, lo que es muchísimo; y se puede ver gente que nunca se había manifestado. -Desde los grandes medios de comunicación nacionales y regionales se intenta convencer de que las medidas son necesarias porque “no hay recursos” suficientes y por lo tanto hay que recortar de los funcionarios y otros sectores “privilegiados”… ¿Hay recursos? ¿De dónde deberían de salir? Esa es una de las cosas más injustas y que más indignan a los trabajadores públicos. Se nos quiere echar encima a la opinión pública, cuando la mayoría de los profesionales de la enseñanza y la sanidad son mileuristas o cobran sueldos por debajo de la media nacional, aunque también haya profesionales bien pagados. ¿Cómo se queda un interino o un celador con poco más de mil euros de sueldo al que le rebajan a 75 euros el complemento por productividad, los pluses por guardias o el trabajo nocturno? El problema es que los políticos que hacen esto no se aplican recortes a su sistema de privilegios, a los multisueldos de sus asesores, etc. ¿Recursos? Hay de sobra y lo importante es de dónde se pueden sacar. Se pueden sacar si se acaba con los privilegios de los políticos, el derroche en fastos innecesarios (Valcárcel nombró a su sobrino para Turismo y Cultura donde se derrochas millones de euros) o infraestructuras duplicadas (autovías por las que apenas hay tráfico, otro aeropuerto a 20 Km. del que existe…). Hay recursos si se cambia la fiscalidad sobre las grandes fortunas y las grandes empresas. ¿Cómo es posible que grandes empresas regionales como El Pozo, o los bancos, estén comprando acciones de otras empresas y declarando beneficios millonarios con la misma fiscalidad que antes de la crisis, pagando menos que las pymes y los propios trabajadores? ¿Recortes de salarios y derechos adquiridos para los trabajadores sí (es como si nos subieran los impuestos), y más impuestos para ellos no?