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El Banco de España, los servicios económicos de la banca, las aseguradoras, las grandes patronales de la CEOE y la Cámara de Comercio, donde están representados los principales grupos monopolistas del Ibex-35 y el capital extranjero, pretenden aprovechar la situación creada por la pandemia para dar un salto en la privatización de las pensiones y convertirlas en una de sus principales fuentes de negocio. Y para ello han convertido la supuesta «insostenibilidad del sistema público de pensiones» en su principal ariete.
En junio, en plena pandemia, el representante del Instituto de Pensiones del BBVA ante la Comisión del Pacto de Toledo decía que «las pensiones como están definidas no se van a poder pagar».
Ante la Comisión el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, insistía en la misma línea: el actual sistema es insostenible y la necesidad de una reforma que proponga medidas para aumentar la edad de jubilación, subir los años de cotización para calcular la cuantía y vincular el gasto en pensiones a la esperanza de vida de los pensionistas.
Y el cinco de septiembre, era el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el que presentó ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, las medidas que según él debería recoger la Comisión en sus recomendaciones para garantizar la sostenibilidad de la SS, entre ellas dos medidas estructurales: endurecer el acceso a las pensiones retrasando la edad de jubilación y fomentar los planes complementarios a las pensiones públicas.
¿Qué significan las dos medidas estructurales del ministro Escrivá?
Aumentar la edad efectiva de jubilación
Endurecer las jubilaciones voluntarias, aumentando la edad real de jubilación (actualmente en 64 años y 5 meses) para hacerla coincidir con la edad legal de jubilación que irá aumentando hasta los 67 años en 2027, es una de las recomendaciones que el ministro pide al Pacto de Toledo.
Y se baraja imponer una penalización draconiana, reduciendo las pensiones de los trabajadores que decidan jubilarse anticipadamente porque tienen suficientes años cotizados un 8% anual frente al 2% o 3% actual.
Una medida que con el aumento de la edad de jubilación a los 67 se convierte en una auténtica condena para los trabajadores de los sectores con condiciones de trabajo más duras o de riesgo, como puede ser la construcción…
Como el mismo Escrivá decía en la Comisión, el objetivo no es otro que reducir las pensiones: Por cada año que se reduzca la edad efectiva de jubilación el ahorro sería de un 1,2% del PIB, es decir 14.000 millones menos para los nuevos pensionistas.
Pensiones al modelo inglés.
La gran apuesta estructural que Escrivá pretende impulsar es el fomento de los planes complementarios de empresa basados en el llamado automatic enrolment («inscripción automática»), por el que se obliga a inscribir automáticamente a los trabajadores en un plan colectivo de empresa.
El modelo inglés de Escrivá se basa en planes de pensiones de empresa semiobligatorios (automatic enrolment). Las empresas están obligadas a inscribir a sus trabajadores en un plan, excepto a los trabajadores con salarios muy bajos.
-Los trabajadores están obligados a pagar su pensión complementaria con parte de su sueldo (actualmente en Reino Unido la aportación mínima obligatoria es del 4%) ; las empresas aportan otro 3% y el Estado con una bonificación fiscal del 1%.
-Es un sistema discriminatorio, ya que no tienen derecho todos los trabajadores. Solo tienen derecho a inscripción automática si tienen más de 22 años y unos «ingresos cualificados», 10.000 libras anuales (unos 1.000 euros al mes). Como ya están denunciado algunos sindicatos, este modelo favorece a los salarios más altos en las grandes empresas (Telefónica, Endesa…, los bancos) y la administración; pero es inviable para la inmensa mayoría de los trabajadores con empleo precario, bajos salarios y de las pymes.
Bancos, aseguradoras y grandes fondos extranjeros serían los más beneficiados con este sistema de reformas que recorta las pensiones y abre camino a los planes privados. Mientras que los colectivos más necesitados sufrirían una doble agresión: el recortes de sus pensiones públicas y la imposibilidad de acceso a pensiones complementarias.