«Una situación que ocurre cuando a partir de una posición de grave deterioro económico, con un enorme déficit público, una fuerte caída del crecimiento y un incremento imparable del desempleo, se decide subir impuestos, bajar salarios y pensiones para reducir el déficit. Esto lleva a una reducción de la renta disponible de las familias -a los pensionistas directamente a la pobreza- y, en consecuencia, a un menor crecimiento y un aumento del paro. Los ingresos fiscales caen, se incrementan los pagos por desempleo e intereses, el déficit público crece, y vuelta a empezar, esta es la espiral.»
Con más imuestos, más paro y menor productividad la recuperación es imposible. Cuando el paro alcance los 6 millones, y 8 millones de jubilados actuales, y los millones futuros, vean reducidas sus pensiones un 5,6% ya, y hasta un 30% en poco tiempo, lo que equivale a condenar a la pobreza a la mitad de la población y a muchos a la miseria y al hambre. Este modelo de Estado no solo es económicamente insostenible, es intrínsecamente inmoral. (EL CONFIDENCIAL) CINCO DÍAS.- El mayor ajuste fiscal de la democracia, llevado a cabo por el Gobierno durante este año, podría no ser suficiente. La pregunta que surge es: ¿queda margen de actuación? José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, cree que en 2011 se necesitará un ajuste adicional de "entre el 1% y el 1,5% del PIB" (es decir, al menos 10.000 millones de euros). Y recomienda abordarlo desde el lado del gasto: "Habrá que volver a tocar las infraestructuras, aunque no queda mucho margen, y también el gasto corriente, asumiendo el coste político". EL PAÍS.- La historia no parece inspirar a los Gobiernos y a los banqueros centrales de las principales economías del mundo. Sobre ellos recae la responsabilidad de la gestión de la crisis económica y financiera más severa desde la Gran Depresión. Algunas de las lecciones que dejó están siendo desoídas en Europa, como pone de manifiesto la prematura retirada de las políticas de estímulo o las más recientes amenazas del BCE. También el regreso de las tensiones proteccionistas por la vía de manipular los tipos de cambio, algo en lo que está incurriendo un número creciente de países. Opinión. El Confidencial La espiral mortal Roberto Centeno El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, explicaba hace una semana que “España podría estar entrando en el mismo tipo de espiral mortal que afectó a Argentina hace solo una década”, situación que ocurre cuando a partir de una posición de grave deterioro económico, con un enorme déficit público, una fuerte caída del crecimiento y un incremento imparable del desempleo, se decide subir impuestos, bajar salarios y pensiones para reducir el déficit. Esto lleva a una reducción de la renta disponible de las familias -a los pensionistas directamente a la pobreza- y, en consecuencia, a un menor crecimiento y un aumento del paro. Los ingresos fiscales caen, se incrementan los pagos por desempleo e intereses, el déficit público crece, y vuelta a empezar, esta es la espiral. Y la conclusión de Stiglitz es que “el que España sea atacada por los especuladores es solo cuestión de tiempo”. Un ataque que sería el preludio de la suspensión de pagos. Argentina, atenazada por un tipo de cambio fijo con el dólar, quebraría en 2001. Pero España es diferente. Para Stiglitz, que no conoce bien la disparatada estructura de nuestro Estado, la solución es la salida del euro y, como Argentina, devaluar todo lo que haga falta. “El euro ha sido un experimento interesante, pero carece del apoyo institucional necesario para que funcione”, sentencia. Y aquí, sin embargo, niego la mayor. La culpa no es del experimento sino de cómo se ha implementado: el número de países que se han admitido en la eurozona es disparatado, igual que en la UE, y peor aún la velocidad con que se ha producido. Sin embargo, si algo está claro es que España, una España cohesionada y racional, con las autonomías reducidas a la tercera parte o, mucho mejor, sin ellas, con los ayuntamientos a la mitad y techo de gasto para todos, con dos millones menos de funcionarios, encaja perfectamente en cualquier tipo de euro. Nuestro problema no es económico, es político. Los descubrimientos del gobernador Y así las cosas, el gobernador del Banco de España, cómplice principal en la gestación y negación de la crisis primero y en la ocultación de su profundidad después, acaba de descubrir que CCAA y Ayuntamientos son el mayor riesgo para las cuentas del Estado. En abril de 2007, a raíz del desplome de ASTROC, afirmó que no había ningún ajuste brusco en la vivienda, solo “una desaceleración suave y progresiva”. Con anterioridad, permitió, pudiendo haberlo cortado, que cualquier entidad bancaria prestara hasta el 120% del valor neto de un activo y que se endeudaran masivamente a corto para prestar a largo, parte esencial del desastre. En meses siguientes malvendió el oro y la cartera de bonos norteamericanos por razones cosméticas, “un absurdo de tamaño bíblico”, para camuflar el desplome de la balanza corriente. En septiembre de 2007 explicó al Parlamento que la crisis financiera no afectaría a Europa, porque el inmobiliario era diferente -bancos y cajas españolas significaban el 80% de las titulaciones hipotecarias de Europa- y que la economía crecería al 3%. Un mes después, Rodríguez Zapatero habló de la “Champions League”. A partir de entonces, el BdE entró en campaña a su favor, describiendo un panorama económico completamente diferente a la realidad. Desde finales de 2007 han ignorado los resultados de las empresas de su Central de Balances y sobrevalorado el PIB -“nominal GDP get overstated”, afirmaba el jueves Lombart Research- en más de 8 puntos. Una salvajada. El tema alcanzó el clímax tres semanas antes de las elecciones de marzo de 2008, cuando el BdE, a pesar del desplome de todos los indicadores de producción y demanda, afirmó que el crecimiento del PIB en el último trimestre de 2007 (0,8%) era superior a la del trimestre anterior (0,7%), lo que demostraba que la economía española, al contrario que las del resto del mundo desarrollado, estaba creciendo y no cayendo. No había ninguna crisis, sino todo lo contrario. La cifra fue revisada a la baja, al 0,5%, meses después. Todo ello, unido a los comentarios del BdE negando la crisis, ampliamente difundidos en los medios, fue esencial en la reelección de Zapatero. La lista es interminable. Ahora, ante el riesgo cierto de colapso, ha “descubierto” lo obvio: la imposibilidad de financiar la actual estructura del Estado, acusando además a CCAA y Ayuntamientos de falta de transparencia en sus cifras, un hecho gravísimo, porque es el reconocimiento público de que la situación real del 70 % del gasto de la nación es desconocida. Y la pregunta es, ¿por qué el BdE sigue publicando sus cuentas, sin explicar que ignoran la realidad? El Gobernador pidió también al Gobierno un plan B, porque no cree el cuadro macro que sustenta los presupuestos. Sin embargo, retomando su línea habitual, no explicó que por primera vez en décadas la renta disponible de las familias se está desplomando; que la economía cae con fuerza en el tercer trimestre; consumo, inversión, sector exterior, producción, servicios, todo empeora, y los indicadores adelantados de actividad y demanda muestran que el deterioro se agrava. Tampoco explica que con más impuestos, más paro y menor productividad la recuperación es imposible. Y desde luego no ha dicho ni pío de lo suyo: la situación real del sistema financiero, el que más créditos del BCE necesita para sobrevivir (el 25%, tres veces el tamaño de su economía); y menos aún de la sobrevaloración masiva de activos y la infravaloración de la morosidad y la deuda. En otras palabras, ¿cuántos CCM se están ocultando? Si el BCE “limita o excluye” de verdad ciertos activos más de 20 bancos o cajas quebrarán en cuestión de meses. Hechos recientes y una pregunta Para comprender mejor la profundidad del expolio que CCAA y Ayuntamientos suponen, nada como algunos ejemplos de actualidad. La Comunidad Valenciana pidió en agosto un préstamo de 500 millones de euros para poder pagar las nóminas. Nada de restringir gastos, nada de reducir personal, coches oficiales, gastos de representación y cuchipandas varias. A día de hoy se han fundido los 500 millones y piden otros 500 con máxima de urgencia. En Cataluña sucede lo mismo pero de 1.000 en 1.000. La Generalitat necesita 3.000 millones más para financiar gasto corriente y salarios hasta finales de año. Las demás están en una situación parecida. ¿Y quién pone el dinero? En los mercados exteriores no les prestan ya a ningún precio y el Santander se negó a dejar más al Govern antes del verano. ¿Y quién entonces? Pues las cajas bajo su control. Es evidente que estamos llegando al final. Y aquí se impone una pregunta al gobernador: si CCAA y Ayuntamientos son el problema, si ocultan las cifras y nos están llevando a la ruina, ¿cómo el BdE, responsable de la regulación, permite tamaña tropelía con el dinero de los ahorradores a quien tiene obligación de proteger, cuando estos “préstamos de urgencia” se dan sin el menor análisis y sin plan de repago alguno? Si las cajas no prestasen se habría acabado la fiesta. El BdE no puede ignorar tampoco algo incluso peor: como las cajas tienen límites de riesgo, si, por ejemplo, una caja valenciana no puede prestar ya más al gobierno autonómico porque ha sobrepasado el límite, se pone de acuerdo con la Generalitat, o con la Xunta de Galicia o con el que sea y las cajas catalanas, gallegas prestan al Gobierno de Valencia y las de Valencia al Gobierno catalán o gallego. Esto es un fraude de Ley y el BdE hace la vista gorda. Cuando los ahorradores no puedan recuperar su dinero, algo que es inevitable que ocurra, ¿quién va a responder de qué?, ¿o será como los desmanes y las chapuzas de CCM donde nadie responde de nada? Termino con un impresionante estudio de de UPyD sobre las Entidades Locales realizado con la metodología del Tratado de Maastrich, es decir, toman los tres ayuntamientos mejor gestionados y comparan con los demás, cálculo muy conservador, porque nadie garantiza que la gestión de los tres mejores no sea manifiestamente mejorable. Pero medido así, solo el despilfarro en gasto corriente y de personal de los primeros 40 consistorios de España asciende a 6.211 millones anuales, de los cuales 2.360 millones, el 38%, corresponden a Gallardón, el mayor despilfarrador del mundo civilizado. Hay que sumarles los 530 millones que acaba de dilapidar en su sede palacio, que ha costado más del doble que el museo Thyssen con toda su espectacular colección, y para “bajar déficit” no reduce sus 1.600 asesores: sube impuestos y no paga a proveedores. Asimismo, si se agrupasen el 90% de municipios, de los que casi 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes, en estructuras mayores y más eficaces el ahorro ascendería a 16.142 millones de euros al año sin merma alguna de los servicios a los ciudadanos. Cuando el paro alcance los 6 millones, y 8 millones de jubilados actuales, y los millones futuros, vean reducidas sus pensiones un 5,6% ya, y hasta un 30% en poco tiempo, lo que equivale a condenar a la pobreza a la mitad de la población y a muchos a la miseria y al hambre. Este modelo de Estado no solo es económicamente insostenible, es intrínsecamente inmoral. EL CONFIDENCIAL. 11-10-2010 Plan de ajuste. Cinco Días El plan B de ajuste fiscal puede llegar a 10.000 millones Marcos Ezquerra El mayor ajuste fiscal de la democracia, llevado a cabo por el Gobierno durante este año, podría no ser suficiente. Después de los ataques sufridos por la deuda española durante esta primavera, el Ejecutivo adoptó medidas tan impopulares como recortar un 5% el sueldo de los funcionarios o congelar las pensiones, a cambio de tranquilizar a los mercados. En ese marco se incluye el último Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea, que establece objetivos parciales precisos para devolver el déficit público al 3% del PIB (el límite marcado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) en 2013. El primero de esos mojones surgirá a finales de este año, y parece que no ofrecerá complicaciones: después de haber dudado durante buena parte del año, el grueso de los analistas privados y organismos internacionales conceden ahora que el PIB solo caerá en el entorno de las tres décimas que predijo el Gobierno en septiembre pasado. Eso llevará a una relación de ingresos y gastos que no parece dificultar el objetivo de déficit del 9,3%. Los problemas parecen acechar en 2011. Ni siquiera los centros de análisis más optimistas creen que el producto interior bruto crecerá el 1,3% marcado en el proyecto de Presupuestos. De hecho, la media de los pronósticos se encuentra más cerca del 0,7% que publicó el FMI la semana pasada. Las seis décimas de diferencia llevarían a una menor recaudación impositiva y a un mayor gasto por desempleo que lo presupuestado, imposibilitando, de hecho, cumplir con el déficit previsto del 6%. Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado ha afirmado que cumplir el compromiso con Bruselas es la prioridad absoluta, y todos los analistas consultados creen que, en efecto, en caso de desvío el Gobierno haría lo necesario para no despertar de nuevo las dudas de los mercados. José Viñals, responsable financiero del FMI, recomendó la semana pasada al Ejecutivo que tenga listas medidas de ajuste adicionales en el caso de que el objetivo de déficit se incumpla. La pregunta que surge es: ¿queda margen de actuación? José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, cree que en 2011 se necesitará un ajuste adicional de "entre el 1% y el 1,5% del PIB" (es decir, al menos 10.000 millones de euros). Y recomienda abordarlo desde el lado del gasto: "Habrá que volver a tocar las infraestructuras, aunque no queda mucho margen, y también el gasto corriente, asumiendo el coste político". En la misma línea, David Cano, analista de AFI, cree que "lo más vendible" en términos políticos sería recortar gastos, y, dada la dificultad de rebajar aún más a los funcionarios, habría que incidir en el gasto corriente. Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios, opina que el margen de la Administración central es muy limitado: "La única rebaja seria se obtendría de las comunidades autónomas. Tocando las transferencias, para limitar organismos innecesarios, subvenciones redundantes y muchos de los 140.000 puestos funcionariales creados en los últimos 15 años, se podrían obtener otros 15.000 millones. O se entra a saco con las comunidades, o el país no tiene arreglo", advierte. José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoney, coincide en que "donde se juega España su credibilidad" es en el ámbito autonómico. A su juicio, buena parte de la prima de riesgo respecto a Alemania (cercana a los dos puntos) se debe a que los inversores dudan de que las comunidades cumplan sus objetivos de déficit. "Creemos que el PIB crecerá un 1,2%, así que desde el ámbito central es posible que no se necesite ajuste. El problema será autonómico y local, donde se requiere un ejercicio de transparencia en forma de rendición de cuentas". Impuestos especiales El catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Olivé sí cree que habrá ajuste y será por la vía de los ingresos: "Probablemente veremos una segunda parte de la subida de la imposición indirecta que se abrió en julio con el IVA. Con una subida de los impuestos especiales se cumpliría el objetivo del déficit, aunque el Gobierno esperará varios meses hasta ver qué efecto tiene el programa de consolidación sobre el crecimiento. Dudo de que haya novedades antes del verano". A su juicio, el Ejecutivo no dudará en controlar el déficit "porque no queda otra, y probablemente contará con la comprensión de la ciudadanía". El director general de Funcas, Victorio Valle, dibuja un panorama más preocupante: "Entre el déficit actual y el esperado para 2013 hay tres puntos que no se explican con las previsiones de crecimiento. Necesitamos un recorte de un punto anual en el gasto corriente, porque el de capital ya ha caído a niveles de 2004. Desde los ingresos, la única solución sería una nueva subida del IVA y los impuestos especiales, combinada con un aumento de un punto en todos los tramos del IRPF que generaría 2.200 millones". Valle también reclama "un mayor control de la financiación" de comunidades y entes locales, "para que lo que se gana por un lado no se vaya por el otro". Bruselas y las hipotéticas sanciones El compromiso del Gobierno con el control presupuestario tiene como objetivo fundamental recuperar una confianza de los mercados que se resquebrajó hace pocos meses. Resulta incuestionable que un incremento del riesgo percibido (y, por ende, de los tipos de interés exigidos) pondría en jaque las propias cuentas y las posibilidades de crecimiento suficiente para crear empleo. A ese propósito se une hoy un temor aún no concretado: que el Consejo Europeo apruebe la propuesta que realizó la Comisión hace dos semanas, según la cual en el futuro se castigaría con un 0,2% del PIB a los países que incumplan los límites de déficit y deuda pública (60% del PIB) marcados en el Pacto de Estabilidad. La situación de España, un país otrora ejemplar en este aspecto, es hoy comprometida: la última revisión del FMI, que corrige al alza sus previsiones anteriores, todavía sitúa el crecimiento en el 2% en 2013, un punto menos que el Gobierno. La evolución de las cuentas dependerá de quién tenga razón. La deuda supera el medio billón La deuda del Estado en circulación en julio se situó en 504.650 millones de euros, un 6,15% más que un año antes, según el Tesoro. El incremento se explica por la mayor necesidad de financiación del país en un momento de crisis, objetivo que se ha conseguido a través de la emisión de obligaciones y de letras a 18 meses, instrumento que el Tesoro dejó de usar en 2007, informa Europa Press. CINCO DÍAS. 11-10-2010 Editorial. El País Jugar con fuego La historia no parece inspirar a los Gobiernos y a los banqueros centrales de las principales economías del mundo. Sobre ellos recae la responsabilidad de la gestión de la crisis económica y financiera más severa desde la Gran Depresión. Algunas de las lecciones que dejó están siendo desoídas en Europa, como pone de manifiesto la prematura retirada de las políticas de estímulo o las más recientes amenazas del BCE. También el regreso de las tensiones proteccionistas por la vía de manipular los tipos de cambio, algo en lo que está incurriendo un número creciente de países. Siendo comprensible que en la búsqueda de atajos para la recuperación se procuren adoptar políticas de fortalecimiento rápido de la competitividad de las exportaciones, la evidencia acerca de sus consecuencias debería ser disuasoria. Fueron esas políticas, destinadas al "empobrecimiento del vecino", las que desencadenaron la dinámica proteccionista de los años treinta del siglo pasado que, en conexión con otros errores políticos, derivó en una de las décadas más aciagas de la historia. Ahora, desde el original reproche a las autoridades chinas por mantener un régimen cambiario que limita la libre fluctuación de su moneda, hasta las más recientes denuncias de la canciller Merkel a los dos principales contendientes en esa refriega cambiaria, EE UU y China, las cosas parecen tomar un cariz inquietante. La actitud japonesa, favoreciendo la depreciación del yen, y alertando de las compras chinas de activos denominados en su moneda, no ha hecho sino agravar el conflicto. Claro que la definitiva integración de China en la economía y en el sistema financiero global exige el abandono de esa permanente manipulación del tipo de cambio. Pero el crónico déficit exterior de EE UU no puede explicarse fundamentalmente por esas prácticas poco competitivas chinas, sino por el mantenimiento durante demasiados años de una demanda doméstica muy superior a la capacidad de generación de ahorro. En todo caso, la solución a esas tensiones no ha de hacerse mediante decisiones individuales, sino en el seno de las instancias multilaterales. Si algo ha enseñado la gestión de esta crisis es que no se puede seguir confiando en las hegemonías simples del pasado. La renovada vigencia del G-20 ha de servir para que, en su reunión del próximo noviembre, se despejen las amenazas de esa guerra cambiaria sobre la recuperación económica. *************** Opinión Se busca otro Hotel Plaza Joaquín Estefanía Las tres grandes diferencias entre la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado y la Gran Recesión de ahora eran las siguientes: había mejorado la calidad y la coordinación de las políticas públicas aplicadas (paquetes de rescates financieros y medidas de estímulo a la demanda); no hay alternativa ideológica al sistema dominante como en el pasado lo fueron el comunismo y los fascismos, sino que de lo máximo que hablan quienes critican al primero es de "refundar el capitalismo"; por último, los proteccionismos aplicados en los últimos años son "de baja intensidad" (en expresión de la OMC) frente a las políticas de perjuicio y de empobrecimiento del vecino de antaño. De estas tres características, dos, la primera y la tercera, son más frágiles en los últimos meses. La coordinación de las políticas económicas es menos intensa que en el inicio de la crisis, y conforme pasa el tiempo y se reduce el riesgo sistémico se pierden las ansias reformistas verbalizadas y hay disensiones en cuanto a la prioridad (crecimiento o consolidación fiscal). En cuanto al proteccionismo, emerge ahora de la manera más peligrosa: como una incipiente guerra de monedas que puede derivar en un conflicto comercial generalizado. La Gran Recesión, muy prolongada ya, ha cambiado de faz hegemónica muchas veces: se inició como una burbuja hipotecaria que estalla; luego pasó a ser una crisis de las materias primas (escasez e incremento de precio, especialmente del petróleo), lo que hizo resucitar el fantasma de la estanflación; más adelante se trasladó al sistema financiero, primero como problemas de liquidez y luego, de solvencia; a continuación llegó a la economía real en forma de desempleo masivo, empobrecimiento de las clases medias y deflación; se alargó como incapacidad de pago de las deudas soberanas, y recientemente adquiere el tono de las disputas cambiarias entre países. Cada una de esas fases permanece sin cerrarse, aunque haya otra que sea hegemónica en cada momento. En las últimas semanas se han multiplicado las intervenciones administrativas para conseguir la devaluación competitiva de algunas de las monedas más significativas. La alarma ha llegado y ha recabado la atención de la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo hará del G-20, a celebrar en Corea del Sur dentro de unas semanas. Urge encontrar un acuerdo de colaboración y no de confrontación. La historia nos traslada al año 1985, cuando las cinco grandes potencias (EE UU, Japón, Alemania, Francia y Canadá) buscaron una salida sustitutiva a la voladura del sistema monetario de Bretton Woods, dinamitado por Nixon por intereses nacionales, a principios de los años setenta. El 22 de septiembre de 1985, los responsables de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de esos países llegaron a un consenso en Nueva York y se firmó el Acuerdo del Hotel Plaza. El G-5 se impuso reducir la sobrevaloración del dólar. Ronald Reagan y su secretario del Tesoro, James Baker, reclamaron a los Gobiernos de los países industrializados que contribuyeran a la estabilidad del dólar (su depreciación) a cambio de no imponer restricciones comerciales. En el comunicado final de la reunión se reconocía el divorcio entre los tipos de cambio y los fundamentos económicos, y se consideró "deseable una apreciación ordenada de las principales monedas distintas del dólar". Se iniciaba así un "nuevo régimen" monetario en el que el laissez-faire del Gobierno de EE UU en los mercados de divisas se abandonaba para propiciar la depreciación del dólar; la intervención en el mercado de divisas formaría parte, a partir de entonces, de las reaganomics. En la última parte de 2010 la coyuntura es muy distinta (existe el euro), pero potencias como China, EE UU o Japón tratan de mantener artificialmente bajas las monedas para favorecer sus exportaciones. La sobrevaloración del yuan chino, el debilitamiento del dólar por la política de la Reserva Federal para impulsar la liquidez con bajos tipos (y estimular la recuperación de EE UU) y la intervención en los tipos de cambio en países como Japón, Brasil, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Filipinas, etcétera, amenazan la estabilidad monetaria. La historia muestra de forma lamentable lo que entonces acontece. ¿La olvidaremos de nuevo? EL PAÍS. 11-10-2010