Las calles de Zaragoza vivieron esta semana una escena poco habitual: decenas de miles de personas unidas por una misma consigna, la defensa de la educación pública. Tras tres días de huelga educativa, Aragón ha cerrado una de las movilizaciones más importantes de su historia reciente contra la privatización del sistema educativo.
La huelga, convocada por CGT Enseñanza Aragón entre el 20 y el 22 de enero, ha canalizado el malestar acumulado de docentes, estudiantes, familias y personal no docente frente a las políticas del Gobierno autonómico, acusadas de favorecer la enseñanza privada y concertada en detrimento de la red pública .
El punto álgido llegó el jueves 22 de enero, cuando una manifestación multitudinaria recorrió el centro de Zaragoza. Las organizaciones convocantes cifran la participación en torno a las 45.000 personas, en una marcha que califican de “histórica” por su volumen y diversidad de perfiles: profesorado, AMPAs, alumnado, sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas como Marea Verde Aragón .
El eje central de la protesta ha sido el rechazo al desvío de fondos públicos hacia la concertación del Bachillerato y la etapa de 0 a 3 años. Según los sindicatos, el Ejecutivo aragonés prevé destinar más de 20 millones de euros a conciertos educativos, una decisión que consideran incompatible con las carencias estructurales de los centros públicos .
Entre las reivindicaciones destacan la reducción de ratios, el aumento de profesorado y personal de apoyo, la mejora de infraestructuras, la atención a la diversidad y una mayor inversión en la red pública, especialmente en zonas rurales donde la falta de recursos amenaza la igualdad de oportunidades .
Las movilizaciones no se han limitado a Zaragoza. Localidades como Huesca, Tarazona, Jaca o Sabiñánigo han registrado concentraciones, encierros nocturnos y manifestaciones masivas, con un notable respaldo de la comunidad educativa local .
El seguimiento de la huelga ha generado lecturas enfrentadas. Mientras el Gobierno de Aragón sitúa la participación del profesorado en torno al 15 %, los sindicatos elevan la cifra hasta casi el 46 %, subrayando además el impacto simbólico y político de la movilización más allá de los datos oficiales .
Más allá de las cifras, la huelga ha puesto sobre la mesa un debate de fondo: qué modelo educativo quiere Aragón y qué papel debe jugar lo público frente al avance de la privatización. Para los convocantes, la movilización marca un punto de inflexión. Para el Gobierno, un conflicto abierto que difícilmente podrá ignorarse.
Lo ocurrido esta semana no es solo una protesta sectorial: es un pulso social por el futuro de la escuela pública en Aragón. Y, a juzgar por la respuesta en las calles, la comunidad educativa no piensa dar un paso atrás.