El Ministerio del Interior se encuentra bajo el fuego de las críticas de casi toda la oposición tras el descubrimiento del tinglado empresarial organizado en torno al comisario José Manuel Villarejo, desvelado ayer por este periódico. Se trata de uno de los dos policías que se entrevistaron con Ignacio González en una cafetería cuando este último era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, conversación que fue grabada, ocultada durante más de tres años y sacada a la luz en el momento en que se dirimía la batalla interna en el PP por las candidaturas a las próximas elecciones autonómicas y municipales.
El propio ministro, Jorge Fernández Díaz, confesó ayer en el Senado que esa grabación ni siquiera figuraba en el expediente policial sobre la presunta investigación ilegal de la propiedad del ático de González en la Costa del Sol. Resulta muy poco tranquilizador que el responsable de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado diga desconocer lo que hacen comisarios de policía tan peculiares como Villarejo. Tampoco el ministro parecía al tanto del tinglado empresarial de este agente encubierto, como lo indica la orden de indagar su patrimonio, dada a las pocas horas de la publicación de los datos; así como la compatibilidad o no de tales actividades con las de un comisario en activo.
Bien está que el ministro pida información, pero eso no basta. El caso Villarejo solo es el último de la serie de escándalos policiales que acompañan algunos de los principales conflictos políticos. El modo de operar se parece al que en otros países utilizan los denominados gabinetes negros, aquellos dispositivos o despachos constituidos por expolicías o policías en activo que se mueven entre las sombras, utilizando recursos de investigación en los bordes del Estado de derecho, si no al margen del mismo.
Separar el grano de la paja es muy importante para garantizar la limpieza de la competición electoral; era de temer que en un año con tantas convocatorias como 2015 iba a producirse un repunte de actividades fuera de las reglas. Las aclaraciones convienen también a los 70.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que tienen perfecto derecho a que las guerras internas entre policías de campanillas —y más si se mezclan con la política— no produzcan el efecto de una mancha general sobre sus actividades.
No cabe duda alguna de que deben investigarse hasta el final las sospechas que existen en torno al ático de Ignacio González en la Costa del Sol. Pero eso no es óbice para demandar al Gobierno, con absoluta firmeza, garantías de que las indagaciones sobre los sospechosos en España —se llamen como se llamen y sean quienes sean— se realizan de acuerdo con la legalidad. El Estado de derecho no puede convivir con las actividades de policías al servicio de guerras políticas, sin pagar el alto precio de una grave adulteración de la propia democracia.