Las fuerzas políticas tienen que dejar de bracear en medio de la confusión y centrarse en la preparación de ofertas claras para someterlas al veredicto de las urnas, que en 2015 se abrirán en los municipios y la mayor parte de las autonomías, además de la obligada convocatoria de elecciones generales y de las que puedan producirse fuera de agenda —como en Cataluña. Antes de que comiencen las hostilidades, hay que exigir a los dirigentes la lucidez y el coraje de no llevar los enfrentamientos hasta una suerte de guerra civil fría e inútil. No hay que complicar más las tensiones existentes ni alimentar la desconfianza de la sociedad sobre la forma en que se ejerce la política; de sus malos efectos da buena cuenta el dato de que el año comienza con más de 2.000 imputados en causas judiciales por corrupción.
Los enfrentamientos a cara de perro van a ser inevitables en un periodo que se anuncia en términos de transformación y catarsis. Aun así, ninguna fuerza responsable debería contribuir al caos; las elecciones se ganan principalmente en los espacios moderados, y eso lo tiene en cuenta hasta la nueva alternativa radical. De ahí la ambigüedad ideológica exhibida por Podemos, sus reivindicaciones transversales y el afán de ocupar “la centralidad”.
Asunto distinto es la necesidad de reinventarse por parte de las fuerzas que se han alternado en el poder. Y en ese terreno, el Partido Popular se juega la enorme posición de predominio de que dispone en las instituciones estatales, numerosas autonomías y ciudades clave. La gestión de la emergencia económica ha consumido el grueso de los tres años que lleva Mariano Rajoy al frente del Gobierno, durante los cuales poco o nada ha hecho por abordar problemas políticos de fondo, pese a la confortable mayoría parlamentaria que le habría permitido llevar la iniciativa. Intenta afrontar el juicio de las urnas confiado en el balance de la gestión económica, pero difícilmente el presidente y su partido tendrán éxito sin ser convincentes en el terreno político y en la corrección radical de la corrupción.
A su vez, la salida a la superficie de Podemos está forzando la línea de cambio del PSOE, que no debe dejarse arrastrar hasta el desdibujamiento de un proyecto propio. Es hora también de que Podemos despeje la ambigüedad sobre sus intenciones, veladas tras la construcción de un férreo núcleo dirigente. Y a todo este cuadro de riesgos debe añadirse la persistente amenaza secesionista, sostenida por el independentismo catalán.
Cualquiera que sea el grado de enfrentamiento al que lleven los procesos electorales, es indispensable preservar las condiciones que permitan pactar reformas tan necesarias como la constitucional. Y si las urnas confirman la pluralidad del electorado, observada por los auscultadores de la opinión pública, tampoco hay que asustarse en caso de que sea preciso pactar soluciones de gobierno. Cierto que la transacción política es muy difícil en una sociedad tensionada e irritada, pero es el recurso normal en tantos otros países multipartidistas de Europa. También esto hay que aprenderlo a lo largo de 2015. Resolver democráticamente las diferencias no es incompatible con la creación de las condiciones necesarias para limpiar la democracia de impurezas y reparar las zonas desgastadas.
Es evidente la indeterminación en que vivirá este país hasta que se constituyan los nuevos poderes emanados de las urnas. Por difícil que sea, es deseable que los estados mayores de la política orienten el largo proceso electoral de manera que despeje incógnitas y precise reformas que sean el revulsivo capaz de devolver a la sociedad española la confianza perdida en las instituciones.