El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado que Andalucía se va a convertir en la primera comunidad autónoma en contar con «medidas legislativas» encaminadas a «garantizar suministros mínimos vitales de agua y energía eléctrica» para los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad, más conocido como salario social.
Valderas ha hecho este anuncio en Sevilla durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en el que ha sido presentado por el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y al que, además de la plana mayor de IULV-CA, también han asistido el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y la presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales.
Según ha detallado, estas «medidas legislativas» figuran en una propuesta de decreto-ley de la Vicepresidencia de la Junta elaborada por un grupo de profesores que inició sus trabajos en septiembre y cuyas conclusiones va a poner «de inmediato» a disposición del Consejo de Gobierno.
Valderas ha indicado que la previsión inicial es que se garantice por ley a los perceptores del salario sociales «el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día», lo que supone un consumo de 3.000 litros al mes. Para los que además sean titulares de un contrato de suministro eléctrico se garantizarán 1.400 kilowatios al año, con lo que se «cubrirán parte de las necesidades esenciales estimadas en 2.519 kilowatios anuales».
Iniciativa del PSOEEsta iniciativa está en línea con la propuesta realizada este fin de semana por el PSOE. En la Conferencia Política que celebró este fin de semana, partido socialista propuso la creación de una ley para garantizar que no se corte la luz, el gas o el agua a las familias que hayan caído en una situación de pobreza y no puedan pagarlo.
Según explicaron, la iniciativa consiste en legislar un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía -electricidad y gas-, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.
A la priopuesta del PSOE respondió el ministro de Industria, Jose Manuel Soria, el lunes, descartándola. Según explicó, no ve asumible la aplicación de la medida, «difícil de plantear», por los costes que conllevaría.