Ana Botella ha sido condenada al pago de 25 millones de euros por la venta bloque de pisos de protección oficial al fondo norteamericano Blackstone. Es la primera condena a un político por la venta de pisos de protección oficial a fondos buitre.
Álvaro Fernández
Se termina así con un proceso judicial que empezó hace ya más de cinco años. En 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas municipales propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), en 18 bloques de pisos, al fondo norteamericano a dos sociedades participadas mayoritariamente por el fondo buitre norteamericano Blackstone.
La venta se produjo por debajo del valor del precio de las viviendas en el mercado. En concreto, se vendieron por 128’5 millones de euros cuando según el Tribunal de Cuentas, podría haberse vendido por 151 millones como mínimo. Pero lo grave es que la venta se hizo de manera subrepticia, sin el conocimiento – ni mucho menos el consentimiento- de los inquilinos.
La venta se hizo de manera subrepticia, sin contar con el conocimiento de todas los residentes
La forma oscura en que se realizó la venta, sin llevar siquiera un proceso de valoración de los pisos, demuestra un claro favoritismo a la hora de llevar a cabo la operación a favor de Blackstone. Se da el hecho de que Jose María Aznar Botella -el hijo de Ana Botella y Aznar senior- fue precisamente consejero de Gesnova, empresa actualmente extinta pero que estuvo vinculada a Blackstone.
Los vínculos de la familia Aznar-Botella con los grandes carroñeros inmobiliarios del capital extranjero no es cosa del pasado. Ahora Aznar Junior es el gestor de Cerberus en España, otro fondo buitre made in USA que controla -a través de Haya Real Estate- las principales carteras inmobiliarias de los bancos españoles, procedentes en buena parte de deshaucios y expropiaciones. Cerberus pugna ahora por hacerse con el mercado de la gestión de fincas.
Una batalla ganada, pero la guerra sigue abierta
Esta victoria judicial sienta un importante precedente, ya que es la primera vez que se castiga a un responsable político por la venta de edificios de protección oficial. Y se suma a la victoria conseguida en mayo pasado, cuando un juzgado del contencioso-administrativo de Madrid anuló la venta también de 2013 de 3.000 viviendas del IVIMA (ahora Agencia de la Vivienda Social) al fondo Goldman Sachs-Azora por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con esta sentencia, los inquilinos de los pisos vendidos tienen mayores posibilidades de victoria, pero sus casas todavía siguen en manos de Blackstone. La batalla que tienen con el fondo buitre para echarlos de sus casas todavía dista de acabar.
Desde que Blackstone se hizo con las casas, ha llegado a duplicar el precio de los alquileres para obligar a los inquilinos a tener que mudarse. Recordemos que las casas de protección oficial se ofrecen a personas con escasos recursos, que se han quedado totalmente desamparadas cuando Blackstone les exigía firmar un nuevo contrato con una subida del alquiler totalmente inasequible para ellos.
La única opción frente al abandono del hogar para muchas familias es el litigio judicial, todavía con incierto resultado. Blackstone no da el brazo a torcer y sigue denunciando a las familias por impago o por negarse a aceptar el nuevo contrato.
La condena sirve para dar esperanza a los inquilinos, pero esto no habrá terminado hasta que, de igual manera que pasó con las viviendas del IVIMA, se anule la venta y los domicilios vuelvan a estar en manos del municipio de Madrid. Ya está bien de que los monopolios sigan haciendo negocio con la vida de la gente.