El gobierno ha puesto en marcha Casa 47, una empresa pública de vivienda con el objetivo de crear un parque público de alquiler asequible que permita acceder a una vivienda digna a una mayoría de la población, según la ministra de Vivienda. Sin embargo Casa 47 tiene un vacío, deja fuera a las familias con las rentas más bajas, con ingresos inferiores a los 16.800 euros.
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Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el nombre de la nueva empresa pública de alquiler asequible ‘Casa 47’ es ya una declaración de intenciones, hace referencia al artículo 47 de la Constitución que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Artículo 47. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
El desajuste entre unos alquileres que no dejan de subir (un 39,3%, 10 veces más que los salarios en los últimos tres años) y la escasez de oferta (España es uno de los parques públicos de vivienda más reducidos de Europa) ha convertido la vivienda en uno de los principales factores de empobrecimiento, tensiona el mercado y cada vez son más los hogares que superan el 30% del esfuerzo recomendado que las familias tienen que hacer para pagar el alquiler o la hipoteca de un piso. Especialmente quienes viven en régimen de alquiler pagan casi el doble que aquellos con hipoteca. Solo en 2024 los alquileres crecieron casi un 12%, cuatro veces más que la inflación y casi el doble que el Salario Mínimo.
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Casa 47 ¿cuál es su objetivo?
La nueva empresa pública asume unas amplias competencias para construir, rehabilitar y gestionar directamente viviendas destinadas al alquiler asequible. Gestionado desde la promoción hasta la gestión final de los alquileres con el objetivo de “levantar un parque público de vivienda asequible”. Todas aquellas viviendas públicas que se construyan a través de esta nueva empresa mantendrán su condición de protegidas de manera indefinida, evitando que estas viviendas se puedan privatizar en el futuro. Con contratos de arrendamiento de hasta 75 años. Un contrato inicial de 14 años con prórrogas de renovación cada 7 años, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones.
Según la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, la empresa arranca con miles de casas y terrenos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), los activos tóxicos de la banca en la crisis de 2008.
Las viviendas de Casa 47 mantendrán su condición de protegidas de manera indefinida, evitando que se puedan privatizar
De la Sareb hereda 40.000 viviendas y más de 2.400 metros cuadrados de terreno para construir otros 55.000 pisos. Además otros ministerios, como los de Hacienda, Economía o Interior han cedido más terrenos para construir.
Todavía no existe un desglose público y detallado de dónde están esas viviendas. Según ha declarado la presidenta de Casa 47, se van a “priorizar las zonas tensionadas”, donde se aplicarán planes para revertir esa situación. Y ya se conocen algunos datos: 14.000 en Cataluña; 1.300 en Madrid; 4.500 en Andalucía 3.500 en la Comunidad Valenciana. También se sabe que se se han desbloqueado obras para construir en Sevilla. Ibiza y Valencia. Y que la próximas serán en dos de las ciudades más tensionadas, Málaga y Madrid.
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¿A quién se dirige y a qué precios?
La ministra Isabel Rodríguez ha presentado Casa 47 como una herramienta para situar los precios del alquiler en un nivel que las familias puedan asumir. Pero no todas las familias podrán acceder a los alquileres asequibles de Casa 47.
Hay un primer filtro económico en función de la renta. Podrán optar a las viviendas de alquiler asequible aquellas personas que cobren entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), situado actualmente en 8.400 euros. Es decir, personas con ingresos brutos entre los 16.800 y 63.000 euros anuales. A falta de otros requisitos por explicitar, éste podría favorecer hasta un 60% de la población, según la ministra de Vivienda.
Casa 47 excluye a las personas con las rentas más bajas, familias de trabajadores pobres, jóvenes de trabajo precario…
Los precios del alquiler ofertados por Casa 47 no podrán superar el 30% de la renta media de los hogares de la zona. Y por eso se establecerán en función del salario medio en cada municipio. Y conseguir así que los precios se sitúen muy por debajo del mercado; especialmente en las ciudades tensionadas podrían bajar hasta un 38% en Madrid o el 50% en Málaga, según la presidenta Leire Iglesias.
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Un parque insuficiente y con excluidos
Desde el gobierno se habla del derecho a la vivienda como el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Pero de la empresa que lleva el nombre del artículo 47 de la Constitución se han excluido a las personas y familias con rentas más bajas, a las familias de trabajadores pobres, a los jóvenes de trabajo precario con salarios mileuristas…
Así más de un 30% de la población, personas y familias en los límites de la pobreza y la exclusión social, han quedado excluidas de la empresa, Casa 47, que se presenta como garante del mandato constitucional, el “derecho de todos los españoles” -sin exclusiones- “a una vivienda digna y adecuada”. Según la ministra de Vivienda porque “ya se les apoya a través de la vivienda social” y otras ayudas sociales. ¿Y eso es justificación para excluir al sector más necesitado de alquileres asequibles de una empresa con todas las garantías? ¿Por qué la herencia de la Sareb se destina exclusivamente a las rentas por encima de los 16.800 euros y no a la población más vulnerable? ¿Por qué no se ha diseñado el parque público de alquileres asequibles a partir de incluir a toda la población que más los necesita?
Desde estas páginas hemos defendido la necesidad de un gran parque público de vivienda social que nos iguale a la media europea, donde en torno al 10% de la vivienda es pública. En España el parque actual de vivienda social está entre el 2,5 y el 3,4 por ciento, según las fuentes. Por lo que se necesitaría construir 1,8 millones de viviendas asequibles en los próximos años para alcanzar la media europea. Pero Leire Iglesias, la presidenta de Casa 47, dice que su objetivo es garantizar que, de las 200.000 viviendas que según el INE se van a necesitar en España cada año, el 8% sean asequibles. Serían 16.000 viviendas de alquiler accesibles al año, 160.000 en los próximos 10 años. Si damos por hecho que la herencia de la Sareb serán otras 100.000 o 150.000 viviendas asequibles, estaríamos en incorporar como máximo 310.000 viviendas de alquiler sostenible, un parque a todas luces insuficiente para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a toda la población sin exclusiones.
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