UPyD ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a que todas las promociones sean en régimen de alquiler social.
Sólo entre 2005 y 2008, el Gobierno vasco adjudicó 22.137 isos protegidos mediante el sistema de sorteo, la mayoría de ellos en propiedad. Cuesta mucho convencer a los españoles de que el alquiler es la mejor opción puesto que está muy extendida la noción de que alquilar equivale a tirar el dinero, a gastarlo en algo que no va a ser tuyo. En los tiempos que te salia tan o más rentable comprar que alquilar, miles de familias se embarcaron en las hipotecas.¿La solución al gran desastre creado con esta política es el alquiler de protección social? La principal diferencia con la venta reside en que el gobierno vasco revisa cada año la situación económica de los inquilinos para ver si ha mejorado o empeorado. Si ha amejorado, la renta mensual aumenta de forma proporcional. Pues bien, UPyD ha instado, a través de su parlamentario Gorka Maneiro, al gobierno de Patxi López a que todas las promociones sean en régimen de alquiler social fundamentalmente porque lo contrario, dicen, genera situaciones de abierta injusticia como la que se conoció la semana pasada: la parlamentaria del PNV Garbiñe Sáez, quien cobra 67.000 euros anuales, ha resultado adjudicataria de una Vivienda de Protección Oficial en Amurrio, su pueblo natal. Para acceder al sorteo le pidieron la declaración de la REnta de 2007, año cuyos ingresos fueron muy inferiores a los actuales puesto que entró en el Parlamentario a final de año. Para UPyD, el cambio de modelo resulta necesario porque en muchas ocasiones las circunstancias económicas y familiares en que una persona ha accedido a una VPO en propiedad cambian, produciéndose "situaciones de verdadera injusticia social, donde los propietarios han dejado de pertenecer a la parte más débil de la sociedad y son ahora personas con recursos suficientes". Estando de acuerdo con combatir la injusticia que supone el caso expuesto, la realidad del acceso hoy a la vivienda de protección oficial es que a la hora de la verdad la restricción del crédito bancario deja fuera de la carrera a un buen número de adjudicatarios. ¿Cómo evitar esto? ¿Por qué no hacer una especie de leasing de protección oficial, por el que el alquiler pagado sirve para la compra de estos pisos? Al tiempo que sí parece esto va ser tomado en cuenta, el Gobierno de Patxi López ha descartado considerar la proposición de ley de Ezker Batua que pretende garantizar por ley a todos los ciudadanos un piso en alquiler. Estaría bien si antes explican qué proponen hacer ahora que no haya hecho Madrazo al frente de la Consejería de Vivienda, y en el caso de que haya alguna novedad, expliquen por qué no se hizo entonces. La desmemoria no es buena.