La noticia de la excarcelación de Javitxu y Adrián, dos de los jóvenes conocidos como los 6 de Zaragoza, ha sido recibida con una mezcla de emociones contrapuestas. Alegría, porque después de más de dos años en prisión injusta, al fin vuelven a abrazar a sus familias y a recuperar algo de la vida que les fue arrebatada.
Pero también rabia e indignación. Porque nunca deberían haber estado allí. Rabia e indignación porque el indulto llega tarde, tras dos años de cárcel, porque ha hecho falta una enorme presión popular para conseguirlo, y porque todavía dos de sus compañeros —Imad y Daniel— siguen entre rejas.
Su “delito” fue, ni más ni menos, que participar en una protesta contra un mitin de la extrema derecha en Zaragoza en 2019. Su condena se sostuvo sobre una única prueba: el testimonio de un policía. Ninguna grabación, ninguna evidencia objetiva. Solo la palabra de un agente frente a la de seis jóvenes que, como miles en aquel momento, ejercían su derecho democrático a manifestarse contra el racismo y el odio.
Tras la manifestación, se ordenó una redada en un bar cercano a la Universidad, y se detuvo a seis jóvenes para que pagaran el pato. La maquinaria judicial se volcó con saña: penas de hasta seis años de prisión, encarcelamientos preventivos, recursos dilatados. La señal era clara: quien se atreva a plantar cara a la ultraderecha será perseguido.
El indulto parcial a dos de ellos -Javitxu, 491 días en prisión; y Adrián, 526 días en prisión- no borra la injusticia. Al contrario, la subraya. La arbitrariedad de las condenas, la desproporción de las penas y la dureza del encierro evidencian cómo se utiliza la (in)Justicia como un arma política.
Y mientras sus familiares y amigos celebran con toda razón estas excarcelaciones, seguimos viendo cómo se recortan libertades y derechos en nuestro país: sindicalistas como las 6 de la Suiza están encarceladas por defender a los trabajadores, activistas como los 7 de Somosaguas en proceso juducial, periodistas como el Pulitzer Javier Bauluz multados por informar. La Ley Mordaza, aprobada hace casi una década como un torniquete autoritario, sigue plenamente vigente, sin que el gobierno de coalición haya movido un dedo para derogarla, a pesar de las múltiples promesas que Pedro Sánchez hizo al respecto en campaña.
El caso de los 6 de Zaragoza es un espejo que refleja la degradación democrática. En este país la extrema derecha campa con impunidad, mientras quienes se enfrentan a ella sufren prisión, multas o juicios interminables. Lo que debería ser motivo de orgullo ciudadano —movilizarse contra el fascismo— se criminaliza. Y lo que debería ser castigado —la violencia racista, el odio, la represión policial— se normaliza.
En el fondo: se oprime para explotar. En un contexto donde el saqueo al 90% de la población se dispone a dar un salto, donde los recortes y los ajustes al Estado del Bienestar que se anuncian sobe Europa ya han comenzado a aplicarse en España, y donde por tanto la respuesta social va a incrementarse, la clase dominante y su Estado quieren restringir y castigar el derecho a la protesta.
La movilización popular ha demostrado ser el motor de esta victoria parcial. Fue la solidaridad de cientos de colectivos, las campañas, los actos, las firmas, las voces alzadas en la calle, lo que forzó el indulto. Esa es la lección que debemos grabar: si se puede cambiar las cosas. Y solo manteniendo viva esa presión podremos arrancar nuevas conquistas y derrotar la represión.
Hoy celebramos que Javitxu y Adrián estén libres, pero esta lucha no ha terminado. No habrá justicia plena hasta que todos y todas -de los 6 de Zaragoza, de La Suiza, de Somosaguas…- estén en casa, hasta que Imad y Daniel recuperen su libertad. Y tampoco habrá justicia real hasta que se derogue la Ley Mordaza, hasta que cese la persecución a sindicalistas y activistas, hasta que se garantice que nunca más se encarcelará a nadie por el simple hecho de ejercer sus derechos.