Una reciente sentencia judicial ordena a Airbnb acatar la orden del Ministerio de Consumo. La empresa estadounidense debe eliminar de su web los 65.935 pisos que carecen de licencia turística.
La denuncia del Gobierno intenta que esos pisos sin licencia se destinen al alquiler para residentes.
La medida es justa por la urgente necesidad de vivienda; pero penaliza sólo al pequeño propietario y sigue sin abordar de frente el verdadero problema: Se necesita un parque público de medio millón de viviendas a precios no superiores a un tercio del salario mínimo.
Airbnb es una empresa norteamericana que cuenta entre sus principales accionistas con varios fondos de inversión de EEUU (Vanguard, BlackRock, el banco Morgan Stanley…). Su negocio es sencillo: los particulares anuncian en su plataforma un piso y la empresa cobra un porcentaje del alquiler. Esta compañía ganó 4.800 millones de dólares de beneficios netos el pasado año, en el conjunto de naciones donde está presente.
Ante el boom del turismo en España, con la llegada de 94 millones de turistas el año pasado, hay una demanda desbordada de alojamiento. El precio que están dispuestos a pagar los visitantes es muy superior al que pueden abonar los trabajadores españoles. Así que la tendencia es que los propietarios destinen sus pisos para alquilarlos solo como uso turístico. Las ganancias son tan altas que, aunque esté prohibido y penalizado hacerlo sin licencia, la oferta crece en el mercado negro.
Madrid tiene más de 16.300 pisos turísticos disponibles de los que 15.200 son ilegales. ¡El 90%! Un mercado negro consentido porque el gobierno del PP en la Comunidad permite anuncios de pisos sin incluir su número de licencia o registro.
Y aún tratándose de una cantidad muy importante, esos casi 66.000 pisos ilegales detectados son solo la punta del iceberg, pues representan apenas el 20% de total de los 368.295 pisos que se ofrecen en España exclusivamente para turistas, y que se han retirado de la oferta para residentes.
Además esta última denuncia afecta a muchos pequeños propietarios quienes alquilan su domicilio (incluso tan solo una habitación). Y que solo buscan acceder a una mínima porción del gran pastel del turismo. Porque la mayor parte se la quedan los grandes propietarios.
La realidad es que solo en Madrid, Barcelona, País Vasco, Gerona, Málaga, Mallorca, Menorca, Sevilla y Valencia hay 47.794 pisos turísticos (el 40% del total ) que pertenecen a propietarios o empresas que tienen más de 10 inmuebles en alquiler.
Y la vivienda que no es turística también está sometida a una concentración creciente en pocas manos. En el conjunto de Baleares 500 sociedades poseen más de 50 viviendas cada una; y 7.600 inversores tienen entre 11 y 25 inmuebles. Además el 40% de las compras son de capital extranjero para especular haciéndose rentistas de los trabajadores y los turistas.
Este régimen de concentración de la propiedad inmobiliaria se extiende.
En Barcelona hay un total de 794.272 pisos. Mientras entre Ayuntamiento y Generalitat solo tienen 14.319 viviendas en alquiler (un 1,8% del total), empresas y propietarios con más de 15 pisos cada uno (alguna con más de 300), acumulan 111.140 pisos. Un negocio rentista de más de 150 millones de euros mensuales.
Faltan leyes que impidan (como han hecho ya otros países) la compra de vivienda por inversores extranjeros si no es para su propia residencia; y que limiten la cantidad de pisos en propiedad que se pueden acumular.
Y sobre todo falta un parque público de viviendas. Se necesitan 500.000 pisos.
Canadá o Nueva Zelanda han prohibido que los extranjeros tengan viviendas en propiedad salvo que las usen para residir en ellas. Croacia ha hecho lo mismo con el suelo no urbanizado. Con estas sencillas normas se han cargado la especulación de los fondos e inversores foráneos sobre la vivienda, sin perjudicar a quien acuda a vivir y trabajar en ese país.
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El gobierno propone un plan de vivienda a las comunidades autónomas
¿Y por qué no una solución a la escala que se necesita?
En la reciente Conferencia de Presidentes autonómicos el Gobierno presentó un plan de financiación para construir… 40.000 casas.
Los presidentes del PP incluso boicotearon que el problema de la vivienda fuera el centro de la Conferencia y no propusieron solución alguna.
Urge construir, pero se necesitan diez veces más pisos de los que, en el mejor de los casos, se propone.
La carestía de la vivienda es un problema que afecta a muchas capitales de Europa, pero en España ha alcanzado cotas estratosféricas porque se ha juntado el crecimiento de la población con una entrada creciente de turistas, que bate plusmarca año tras año.
Aparte de alojar a los 94 millones de turistas que llegaron en 2024, para que podamos vivir los 49 millones de habitantes que ya hemos superado en el censo de este año en España, necesitamos medio millón de viviendas.
Y la única alternativa que sirve a la mayoria de trabajadores es construir, o reformar vivienda para alquiler, con un precio tope, que no supere un tercio del Salario Mínimo. ¿Es esto posible?
El actual coste medio de construcción es de 140.000 € por piso. Si el Estado construyera bajo el control de una Empresa Pública de Vivienda para alquilarlos a 378 € (un tercio del SMI) en 31 años las viviendas estarían completamente amortizadas, y aún les restaría mucha vida útil para seguir obteniendo beneficios y financiar nuevas viviendas.
Es evidente la posibilidad de constituir una empresa pública rentable, con precios ligados a la evolución del SMI, y que prestaría un inmenso servicio a todos los ciudadanos, pues tiraría a la baja el conjunto del mercado inmobiliario. ¿Por qué no se hace? Solo podemos concluir que no hay una verdadera voluntad de solucionar el problema del acceso a la vivienda, y cortar con la especulación financiera que vampiriza el salario y el esfuerzo de gran parte de los asalariados y autónomos.
El ayuntamiento de Viena es propietario del 50% de todas las casas de la capital que alquila con precios de 500 € por 70 metros cuadrados. Tres veces más barato de lo que hoy cuesta esa superficie en varias capitales de provincia españolas.
En el conjunto de España solo el 2,5% del parque de vivienda corresponde a vivienda social pública. Esta cifra es muy inferior al 9,3% de la media europea.
Y esta escasez está en el centro de por qué se ha encarecido tanto el alquiler y la compra de casa. Sin una oferta pública abundante la iniciativa privada fija los precios lo más alto posible para maximizar sus ganancias.
Según el último informe del Consejo de la Juventud de España, con un coste medio de la vivienda de 968 € al mes, los trabajadores entre 16 y 34 años tendrían que destinar el 92,1% de su salario al alquiler. Por eso en España 7 de cada 10 personas jóvenes con trabajo siguen residiendo en la vivienda familiar.