La decisión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de asumir la acogida de unos primeros 347 menores -en el marco de un reparto voluntario que llevaba un año pendiente de aprobación- ha desatado una feroz respuesta de sus socios de gobierno autonómicos y municipales. La ultraderecha de Vox ha anunciado que da por rotos los acuerdos de gobierno en aquellas CCAA donde apoya al PP, aunque está por ver en que se concreta este anuncio.
Tras dar anuncios contradictorios, los populares han acabado aceptando un pacto de mínimos que contempla el reparto de 347 menores no acompañados.
El año pasado, todas las comunidades autónomas acordaron el reparto de 373 menores desde Canarias y Ceuta, financiado por el Ejecutivo central con 20 millones de euros en total. Pero la mayoría de comunidades autónomas no cumplió y no recibió ni a un solo niño en base a dicho pacto, no vinculante.
Este bloqueo, unido a la insostenible situación del sistema de acogida en Canarias -a todas luces desbordado y saturado: las islas tutelan en la actualidad a 5.600 menores no acompañados en 80 recursos abiertos en el archipiélago- ha llevado a una reunión de urgencia de los responsables de Infancia y Asuntos sociales de cada CCAA en Tenerife, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se ha abordado la reforma de la Ley de Extranjería para esa acogida de menores.
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Un paso es un paso
El PP ha aceptado ese reparto de mínimos, plantando cara en este asunto a los chantajes de Vox y abriendo una crisis entre Génova y la extrema derecha. Esto es en sí mismo una buena noticia.
Pero es obviamente insuficiente, un parche temporal. Primero porque Canarias necesita trasladar ya a 2.000 niños que están en condiciones inaceptables. Segundo porque ha dejado «para otro momento» la decisión de aceptar un sistema de reparto permanente, justo, proporcional y obligatorio para las CCAA ante una llegada de migrantes, y entre ellos de menores no acompañados, que no deja de producirse.
La extrema derecha, como no puede ser ninguna sorpresa, no sólo se niega en redondo a esta acogida, sino que no pierde ocasión para criminalizar y atacar a estos niños. Vomitando odio y perjuicios sobre menores en extrema vulnerabilidad, al decir que «no serán cómplices de los robos, machetazos o violaciones» que cometan. Unas palabras de Abascal, constitutivas de delito de odio, que deberían ser inmediatamente denunciadas por la Fiscalía.
No mucho más presentable que la indecente posición de Vox es la de la Generalitat de Cataluña, dirigida en funciones aún por ERC. Catalunya ha sido la única comunidad que se ha abstenido en la votación sobre el reparto voluntario.
Como impresentable es que el gobierno de coalición progresista, que lleva al frente del país desde 2019, haya dejado que este asunto vaya degenerando y empeorando cinco años. hasta hacerse insostenible.
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Permanente, obligatorio, justo, proporcional
Es necesario un Pacto de Estado por el reparto de migrantes
Sí, es imprescindible e impostergable un gran pacto de Estado por el reparto de personas migrantes, especialmente de niños y adolescentes migrantes no acompañados, que sea permanente, obligatorio, justo, proporcional entre todas las CCAA
Primero, por humanidad.
Es imprescindible poner los derechos humanos de las personas migrantes en el alfa y el omega de esta situación, y mil veces más si de lo que hablamos es de niños y adolescentes, de menores no acompañados, de menores en situación de extrema vulnerabilidad que necesitan una especial atención social y sanitaria, así como acompañamiento, educación y ayuda a su integración. Todos los recursos públicos que sean necesarios para atender a estos niños y adolescentes darles un presente y un futuro dignos.
Toda ley que no parta de manera intransigente de esta elemental premisa humanitaria debe ser rechazada.
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Segundo, por solidaridad.
Es necesaria una Ley que establezca de manera permanente y obligatoria, de forma justa y proporcional a la población y al nivel de rentas de cada CCAA, un sistema de reparto de los migrantes y menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias y del sur de España.
Esta es una cuestión de unidad y solidaridad interterritorial, de forjar la unidad del país y de sus CCAA, no dando espacio a ningún desagravio en un tema tan sensible. Toda posición que haga gala de la insolidaridad, del egoísmo mezquino, y no digamos ya de la xenofobia, debe ser bombardeada sin piedad.
De la misma manera que en Europa es necesario un pacto que obligue a los Estados miembros al reparto de migrantes y refugiados que llegan al continente, es imprescindible un sistema de reparto justo y equitativo, permanente y obligatorio, de las personas migrantes y muy especialmente de los menores.
Sean las de Vox o las de Junts, que se oponen, o las de ERC que se lavan las manos, o las de ciertos dirigentes del PP, que arengan a que intervenga el ejército para violar el derecho internacional e ignorar el deber de rescate en alta mar- las posiciones que defienden convertir a Canarias en una especie de Lampedusa o de isla de Lesbos, con campos de hacinamiento de seres humanos, no sólo son indecentes, sino que van contra la unidad de España.
Tercero: española o extranjera, una misma clase obrera.
Los migrantes son obreros. Vienen a vender su fuerza de trabajo, por desgracia casi siempre -sobre todo cuando están en situacuñon irregular- en condiciones de extrema precariedad e indefensión, lo que les obliga a aceptar salarios y vejaciones peores que penosas. Con su esfuerzo, los trabajadores migrantes generan toneladas de plusvalía y una gran parte de la prosperidad de amplias regiones del país, por ejemplo de las agrícolas.
Ante esto sólo cabe decir: ¡Trabajadores del mundo, uníos! y ¡Española o extranjera, una misma clase obrera!. ¡Madrileña o catalana, senegalesa o marroquí, vasca o andaluza, rumana o ecuatoriana, una misma clase obrera!
Los trabajadores migrantes deben tener los mismos derechos políticos y laborales que el resto de la clase obrera nacida en España. Deben unirse con sus compañeros de tajo, los trabajadores españoles, en la lucha común por sus intereses y derechos. Y los obreros españoles deben defender a los trabajadores migrantes en sus reivindicaciones y demandas particulares, al estar más explotados y oprimidos.
Todas las posiciones -desde la extrema derecha, e incluso desde algunas organizaciones autodenominadas «obreras» y de «izquierdas»- que atacan a los trabajadores migrantes, están defendiendo el «derecho» del capital a mantener a una parte de la población despojada de derechos políticos y sociales, para poder hiperexplotarla a conciencia.
Algo que no sólo tira a la baja todos los salarios, sino que fortalece a los explotadores.