A pocas horas de que el Consejo de Ministros de el paso definitivo, Pedro Sánchez expondrá en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona su hoja de ruta del «reencuentro entre España y Cataluña» para, en sus palabras, «desinflamar el conflicto político». Y en Madrid, la vicepresidenta Carmen Calvo reunirá a la comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios para examinar los nueve expedientes de medidas de gracia.
Fuentes de Moncloa afirman que los expedientes de los indultos ya están «perfectamente armados», motivados y fundamentados desde el punto de vista jurídico, con más de 30 páginas cada uno, y «ajustados al milímetro» a la doctrina del Tribunal Supremo. Se pretende blindarlos así ante futuros recursos como los ya anunciados por el Partido Popular y Vox.
El argumentario del Gobierno es que la concesión de estos indultos se hace por razones políticas, por su «utilidad social» para la desescalada del «conflicto político» que vive Cataluña y la recuperación de la convivencia entre los catalanes, tras años donde el procés ha polarizado, enfrentado y dividido a la opinión pública catalana.
El tema de los indultos viene siendo, en las últimas semanas, uno de los ejes en torno a los que gira la actualidad política y las declaraciones de los distintos partidos.
Los indultos cuentan con el apoyo de casi todas las fuerzas que hicieron posible la investidura del Gobierno de coalición, así como de las principales fuerzas sindicales, CCOO y UGT. Pero a ellos se oponen el principal partido de la oposición, el Partido Popular, así como la ultraderecha de Vox y Ciudadanos, que -evitando esta vez hacerse una foto- volvieron a coincidir en la convocatoria de Colón del pasado 13 de junio. Una manifestación bastante desinflada -unas 25.000 personas, siendo Madrid- en la que además la ultraderecha acaparó el protagonismo, mientras que el PP de Pablo Casado (al que muchos barones le piden que «afloje» en este asunto) intentaba tomar distancia.
La campaña contra los indultos de Casado recibió otra «moción de censura» al sumarse la propia patronal CEOE, a las fuerzas oligárquicas que apoyan la medida de gracia. Ya lo habían hecho los representantes de los empresariales catalanes, que han pedido expresamente a Casado que no haga campaña en contra de los indultos. Pero Garamendi añadió en una entrevista: “En el Estado de derecho caben los indultos. Hay muchas opiniones entre los empresarios, pero si esto acaba en que las cosas se normalizan, bienvenido sea”. Luego matizó que por «normalizar» se refería a la marcha de los negocios: «que puedan volver las compañías que en 2017 trasladaron su domicilio social fuera de Cataluña tras la incertidumbre causada por la declaración de independencia unilateral». Como dicen sus colegas catalanes, «la pela es la pela».
Además de la reacción en contra de la derecha y la ultraderecha «españolas», el otro gran frente de oposición a las medidas de gracia son las de la derecha (y la ultraderecha) del independentismo catalán: los sectores más ultramontanos de la burguesía burocrática nucleados en torno a Puigdemont y Junts.
En las filas del independentismo más rupturista, que han acudido a Waterloo a reunirse con el ex president Carles Puigdemont, se perciben los indultos como un intento de desactivar y dividir a las fuerzas del procesismo, ya en abierto retroceso. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, ya aseguró hace semanas que las medidas de gracia serían «una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo. No sólo porque quedan fuera los exiliados y los 3.000 represaliados sino porque políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos», dijo en Twitter.
Y de hecho, la ANC y la CUP preparan protestas contra la conferencia de Sánchez en el Liceu. Los mismos que han clamado contra que Junqueras y los demás estén en la cárcel, ahora se manifiestan en contra de la excarcelación.
La razón es sencilla. Como hemos dicho desde estas páginas, «la decisión de indultar a los dirigentes del procés encarcelados les quita una de las banderas victimistas que enarbolan para cohesionar sus filas, y deja sin palabras a quienes se empeñan en difundir la mentira de que en España existen presos políticos”.
Y los indultos también desactivan, en buena parte, los daños generados por la inminente sentencia del Tribunal de Estrasburgo enmendando la sentencia del Supremo. Una sentencia de Estrasburgo que de todos modos las fuerzas procesistas van a esgrimir en los próximos días para degradar a España, presentándola como “un país antidemocrático”.