La detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, hombre fuerte del PP en la provincia y miembro de la directiva de los populares andaluces, por una presunta trama de corrupción y mordidas en la compra de mascarillas en lo más crudo de la pandemia crea otro boquete en la línea de flotación de Moreno Bonilla, que encara las próximas elecciones autonómicas con un pronóstico incierto.
No hace tanto tiempo las elecciones en Andalucía, previstas para junio de 2026, se presentaban como un plácido paseo para el popular Moreno Bonilla, pero ahora lo que tiene ante sí es una cuesta arriba cada vez más empinada y con precipicio a ambos lados.
Uno de los barrancos es el escándalo de los cribados del cáncer de mama; que apenas acaba de empezar: ya se sabe que afecta a más de 3.000 mujeres pero pueden ser muchas más, y que ha catalizado la indignación de cientos de miles de andaluces ante la continua degradación de la sanidad pública, que corre pareja a los millonarios regalos de Bonilla a la privada.
Pero la otra sima que se acaba de abrir es un mayúsculo escándalo de corrupción en uno de las plazas fuertes del PP andaluz: Almería.
La imagen de Javier Aureliano García, el «barón provincial» y «estrella emergente» por excelencia de los populares en la provincia, detenido por la UCO, y la publicación de las conversaciones que revelan sobreprecios y mordidas en la adquisición de mascarillas en lo más trágico de la pandemia golpea a un partido que está haciendo bandera (no se rían) de la lucha contra la corrupción en su esfuerzo por derribar al gobierno de Pedro Sánchez.
En realidad todo empezó en abril del 2020. En plena crisis sanitaria, la Diputación de Almería (gobernada por el PP) adjudica un contrato de emergencia por 2.036.186,24 euros para comprar mascarillas, guantes y EPIs. El proveedor, Azor Corporate Ibérica SL, cobra ese monto, pero el coste real al suministrador no supera el 1 millón de euros. Esto genera sospechas de sobreprecios y mordidas (comisiones ilegales) que podrían haber ido a bolsillos privados.
En 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detiene a Óscar Liria (exdiputado provincial del PP y responsable de la compra), junto a otros empresarios. En su casa encuentran 30.000 euros en efectivo, y en las de familiares suyos más de 120.000 euros, que se asocian a las mordidas.
El PP andaluz pensó que la cosa acababa ahí, pero no. La trama corrupta no sólo incluía mordidas en las mascarillas, sino otros contratos irregulares de obras y servicios (algunos con el Ayuntamiento de Fines). Y así, este 18 de noviembre, la UCO ha detenido a Javier Aureliano, presidente de la Diputación, junto a su mano derecha, Fernando Giménez, el alcalde de Fines y más personas.
Entre las pruebas clave que tiene la UCO, que revelan comisiones del 10% en contratos, pagos en negro y sobreprecios en obras públicas, hay un chat de Whatssap llamado «Naranjito», en la que los imputados bromeaban -«¡Hay que ver la que tienes liada con las mascarillas!» o «Vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas» (quemar pruebas) – o planeaban como inflar precios, de (de 1,77 dólares a 2,77 por mascarilla).