«Una vez resuelta la cabeza de cartel del PSOE, nada de lo que pudiera suceder de no adelantar los comicios iba a favorecer a Alfredo Pérez Rubalcaba. Las reformas y recortes dolorosos iban a continuar hasta marzo. Los datos levemente esperanzadores sobre crecimiento y empleo de una economía muy estacionalizada como la española iban a ser mejores ahora en verano que a la salida del invierno. Así las cosas, ¿a qué esperar más?»
El anuncio del adelanto es una fiel imagen de quien lo ha decidido. Zaatero ha desmentido hasta el último minuto la disolución anticipada y ha defendido la terminación ahora de la legislatura por la necesidad de "proyectar certidumbre política y económica", el mismo argumento que le venía sirviendo hasta el momento para lo contrario, es decir, llegar hasta marzo. El empecinamiento presidencial llega hasta insinuar el exacto cumplimiento de unos planes fraguados hace ya tiempo, mantenidos en prudente secreto e incluso desmentidos públicamente, aun a costa de dar pábulo a quienes le atribuyen una conflictiva relación entre sus palabras y la verdad. (EL PAÍS) LA VANGUARDIA.- Cuando miles de indignados afirman que no es una crisis sino que es el sistema el causante de los múltiples problemas que nos aquejan están diciendo algo tan básico como que si no se tratan las raíces, si persisten las causas, producen las mismas consecuencias. ¿Pero de qué sistema hablamos? En las dos últimas décadas se ha constituido un tipo de capitalismo global dominado por instituciones financieras (los bancos son sólo una parte) que viven de producir deuda y cobrar por ella. Para aumentar sus ganancias las financieras crean capital virtual mediante derivados y se prestan las unas a las otras incrementando el capital circulante y por tanto los intereses a percibir. En promedio, en Europa y EE.UU. los bancos disponen sólo de un 3% del capital que deben y son considerados solventes si llegan al 5%. LA REPÚBLICA.- El presidente de la CEOE ha calificado de prepotentes a los funcionarios. Digo yo que para prepotentes los ejecutivos del IBEX 35, y algunos más, cuyas retribuciones escandalosas y obscenas en tiempos de crisis como los que corren, se van filtrando de tarde en tarde a la prensa. Hace unos días se publicó que el presidente de Iberdrola había ganado en el primer trimestre del año 7,3 millones de euros. ¿Cómo no va a subir después la tarifa eléctrica? Sería sumamente interesante publicar un elenco completo de las retribuciones de esos directivos, incluso hasta el cuarto o quinto nivel. Editorial. El País A las urnas, al fin Al fin ha cedido. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha podido resistir la presión, externa e interna, de los agentes económicos, sociales y políticos y de su propio partido y entorno, y ha atendido a las numerosas voces que le pedían el final de la agonía en que se ha convertido su segunda legislatura. Tampoco ha podido obviar en la decisión los intereses objetivos de su partido y del candidato socialista. Una vez resuelta la cabeza de cartel del PSOE, nada de lo que pudiera suceder de no adelantar los comicios iba a favorecer a Alfredo Pérez Rubalcaba. Las reformas y recortes dolorosos iban a continuar hasta marzo. Los datos levemente esperanzadores sobre crecimiento y empleo de una economía muy estacionalizada como la española iban a ser mejores ahora en verano que a la salida del invierno. Las encuestas podrían haber mejorado hasta marzo, pero aún tenían también un amplio y peligroso recorrido a la baja. Así las cosas, ¿a qué esperar más? El anuncio del adelanto es una fiel imagen de quien lo ha decidido. Zapatero ha desmentido hasta el último minuto la disolución anticipada y ha defendido la terminación ahora de la legislatura por la necesidad de "proyectar certidumbre política y económica", el mismo argumento que le venía sirviendo hasta el momento para lo contrario, es decir, llegar hasta marzo. Ha elegido el último día laborable antes de agosto para marcar el último tramo de su agenda de Gobierno, adelantando así incluso el anuncio del adelanto para sacarse toda la presión de encima: el 26 de septiembre será el día en el que firmará la convocatoria. Con casi dos meses de margen por delante, estos argumentos perentorios para despejar incertidumbres hubieran servido para firmar la disolución ahora y celebrar las elecciones todavía antes, en octubre. El empecinamiento presidencial llega hasta insinuar el exacto cumplimiento de unos planes fraguados hace ya tiempo, mantenidos en prudente secreto e incluso desmentidos públicamente, aun a costa de dar pábulo a quienes le atribuyen una conflictiva relación entre sus palabras y la verdad. Capítulo aparte merece la posición de José Antonio Griñán, que ha resistido las presiones de Madrid y ha decidido agotar la legislatura, desvinculando a Andalucía de la cita electoral de las generales. Aunque las encuestas arrojan una previsible derrota, Griñán sabe que si hay alguna opción de salvarse de la quema, el PSOE andaluz no debe hipotecar su futuro yendo de la mano de Ferraz. Si los socialistas sufren, como se espera, un severo castigo en las generales, el electorado andaluz podría perdonarle la vida a un partido que lleva 33 años gobernando Andalucía. Recuperar la credibilidad Con independencia del contexto y de los argumentos, el adelanto es la mejor respuesta que podía darse a una situación difícilmente sostenible hasta marzo de 2012. Convocar las elecciones para el 20 de noviembre resuelve las dificultades parlamentarias del Gobierno, cuyos socios potenciales (CiU y PNV) habían mostrado reticencias al agotamiento de la legislatura; neutraliza la duplicidad entre un Ejecutivo agotado y un candidato socialista que reducía el margen de actuación de ambos; y permite que un nuevo Gobierno afronte con ideas renovadas la grave situación del país. Aunque las líneas fundamentales de política económica ya están hilvanadas, parece necesario articular una política que las coordine con una aceleración del crecimiento y creación intensiva de empleo. En su explicación del adelanto electoral, Rodríguez Zapatero acertó al argumentar que la decisión aporta certidumbre política y que con un calendario definido el debate político ya no se centrará en la fecha de los comicios. Se había llegado a una situación circular: la pérdida de credibilidad del actual Gobierno destruye la confianza imprescindible para que brote la recuperación económica, y la mala situación de la actividad económica, pero sobre todo del empleo, arruina las opciones electorales del PSOE. Los últimos datos de la EPA venían a confirmar ayer que la recuperación no se producirá antes de 2012, como de forma persistente e ingenua ha sostenido el Gobierno, y que la elevadísima tasa de paro (20,86%) seguirá deprimiendo a la sociedad española al menos durante el año próximo. El anuncio de Moody’s de que rebajará la calificación de la deuda soberana y el nivel de la prima de riesgo (muy por encima de los 300 puntos básicos) son una amenaza dramática para un Ejecutivo que quizá ya no tenía fuerzas para encarar un Presupuesto con un margen de inversión y políticas sociales reducidos al mínimo por los costes financieros. Recuperar la confianza La economía está estancada y la sociedad española no entiende las terribles dificultades para remontar la crisis económica. La decepción social no podía ni debía prolongarse más. Y no es que el muy probable Gobierno del PP disponga del remedio para aumentar el crecimiento y el empleo, pero la virtud principal de las elecciones será la de reforzar las expectativas de que la mejora es posible y quizá esté próxima. El adelanto no solo debe contribuir a recuperar la confianza social. También diseña el mejor calendario para los dos contendientes con opciones de ganar. La bicefalia abierta en el PSOE tras la proclamación del candidato es una circunstancia no exenta de riesgos, que se habrían acrecentado de prolongar la situación durante más de ocho meses como estaba previsto. El último barómetro del CIS, que refleja el aprecio que la sociedad española -no solo los votantes socialistas- tiene de Rubalcaba es también una buena señal acerca de sus posibilidades de remontar de aquí a final de noviembre. Mariano Rajoy, por su parte, obtiene el adelanto que tanto reclamaba cuando todos los sondeos le son favorables, por lo que, a pesar de todo, reducir el plazo no puede más que beneficiarle. Más allá de cálculos electorales, las elecciones pondrán fin a un panorama bloqueado, con un Gobierno desgastado e incapaz de tomar las ambiciosas iniciativas que el país necesita y una oposición atrapada en el único discurso del relevo como panacea para acabar con la crisis. Al deterioro económico se ha sumado un empobrecimiento de argumentos políticos incompatibles con una democracia de calidad. Ahora llega el momento de que Rajoy explique cuál es el proyecto con el que pretende sacar a España de su difícil situación, más allá de las huecas proclamas sobre que "hay que crear empleo" o "actuar con determinación". Quizá ahora se decida a detallar cómo se crean puestos de trabajo y cómo se actúa con determinación. El examen de sus ideas económicas, al menos las expresadas en público, arroja conclusiones más bien pobres. Si hay incertidumbres que quedan despejadas con el adelanto no es el caso con las propuestas e ideas del PP, de ahí que en esta campaña electoral sean obligados la confrontación de programas y posiciones y el debate público entre los dos candidatos. EL PAÍS. 30-7-2011 Opinión. La Vanguardia Crisis y sistema Manuel Castells Cuando miles de indignados afirman que no es una crisis sino que es el sistema el causante de los múltiples problemas que nos aquejan están diciendo algo tan básico como que si no se tratan las raíces, si persisten las causas, producen las mismas consecuencias. ¿Pero de qué sistema hablamos? Muchos dirían capitalismo, pero eso es poco útil pues hay muchos capitalismos. Hay que partir de lo que se vive como crisis para entender que no es una patología del sistema sino el resultado de este capitalismo. Es más, la crítica se extiende a la gestión política. Y surge en el contexto de una Europa desequilibrada por un sistema financiero destructivo que conduce a la crisis del euro y suscita la desunión europea. En las dos últimas décadas se ha constituido un tipo de capitalismo global dominado por instituciones financieras (los bancos son sólo una parte) que viven de producir deuda y cobrar por ella. Para aumentar sus ganancias las financieras crean capital virtual mediante derivados y se prestan las unas a las otras incrementando el capital circulante y por tanto los intereses a percibir. En promedio, en Europa y EE.UU. los bancos disponen sólo de un 3% del capital que deben y son considerados solventes si llegan al 5%. El otro 95% circula incesantemente y se diluye en múltiples acreedores y deudores relacionados por un mercado volátil escasamente regulado. Dícese que unas transacciones compensan otras y el riesgo se reparte. Para cubrirse se aseguran, pero las aseguradoras también prestan el capital que deberían reservar. Tranquilos porque se presupone que en último término el Estado (o sea nosotros) enjuga las pérdidas a condición de que sean suficientemente grandes. El efecto perverso de este sistema, operado por redes informáticas mediante modelos matemáticos sofisticados, es que es tanto más rentable (para las financieras y sus financieros) cuanto más presta aun sin garantías. Y aquí entra otro factor: el modelo consumista que busca el sentido de la vida comprándola de prestado. Como la mayor inversión de las personas es su propia casa, el mercado hipotecario (cebado con intereses reales negativos) se hizo jauja y estimuló una industria inmobiliaria especulativa y desmesurada, depredadora del medio ambiente, que se alimentó de trabajadores inmigrados y dinero prestado a coste cero. Ante tal bonanza quedaron pocos emprendedores para apostar por innovación. Incluso empresas tecnológicas, grandes o pequeñas, usaron su negocio como base para su revalorización en el mercado bursátil. No eran los beneficios de la empresa sino su valor capitalizado lo que realmente contaba. Para muchos innovadores ser comprados era la máxima aspiración. La clave de esta pirámide especulativa era la imbricación de toda esa deuda, de forma que los pasivos se convertían en activos para garantizar otros préstamos. Cuando los préstamos no se pudieron pagar y empezaron las bancarrotas de empresas y personas, las quiebras se propagaron en cadena hasta llegar al corazón del sistema, las grandes aseguradoras. Ante el peligro de colapso de todo el sistema, los gobiernos salvaron a bancos y financieras. Cuando se secó el crédito a las empresas la crisis financiera se convirtió en industrial y del empleo. Entonces los gobiernos asumieron el costo de del desempleo y de la reactivación económica. Como subir impuestos no da rédito político pidieron prestado a los mercados financieros, incrementando su ya elevada deuda pública. Cuanto más especulativas eran las economías (Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, España) y cuanto más cortoplazistas los gobiernos, mayor gasto público y mayor deuda. Como la deuda era en euros los mercados siguieron prestando contando con la UE. El resultado fue la crisis fiscal de varios países amenazados de suspensión de pagos. La crisis fiscal se convirtió en nueva crisis financiera al cuestionar el euro y al aumentar la prima de riesgo a los países sospechosos de futura insolvencia. Y como la deuda de los países estaba en manos de bancos alemanes y franceses había que salvar a los países para salvar a los bancos. La condición ha sido imponer la austeridad en gasto social y la reducción en empresas y empleo del sector público, con pérdida de soberanía económica de varios países, incluida España. Y así se llega a los despidos, aumento del paro, reducción salarial y recortes de servicios sociales, coexistiendo con ganancias sin precedentes para el sector financiero. Claro que hay unas cuantas cajas y bancos que hay que poner en orden, pero se intervienen, se venden y a seguir. Por eso no es crisis para el sistema, porque el capital financiero sale ganador a costa de imponer la crisis a personas y gobiernos. De paso se disciplina a los sindicatos y a los ciudadanos. Y así la crisis se hace crisis política. Porque la otra característica clave del sistema no es económica sino política. Se trata de la ruptura del vínculo entre ciudadanos y gobernantes. "No nos representan", dicen muchos. Los partidos viven entre ellos y para ellos. La clase política es una casta con un común interés en mantener el reparto de poder mediante un mercado político-mediático cada cuatro años. Auto-absolviéndose de corruptelas y abusos mediante la designación política de la cúpula del poder judicial. Así asegurado el poder político pactan con los otros dos poderes: el financiero y el mediático, que están profundamente imbricados. Y mientras la economía de la deuda marche y la comunicación se controle, la gente hace su vida y pasa de ellos. Ese es el sistema. Y por eso se creían invencibles. Hasta que la comunicación se hizo autónoma y la gente se enredó, Y juntas perdieron el miedo y se indignaron. ¿Adónde van? Cada cual tiene su idea, pero hay temas comunes: que los bancos paguen la crisis, control de políticos, internet libre, una economía de la creatividad y un modo de vida sostenible. Y, sobre todo, reinventar la democracia sobre valores de participación, transparencia y rendición de cuentas al ciudadano. Porque como decía una pancarta: "No es crisis, es que ya no te quiero". LA VANGUARDIA. 30-7-2011 Opinión. La República El presidente de la patronal J. F Martín Seco El presidente de la CEOE ha calificado de prepotentes a los funcionarios. Digo yo que para prepotentes los ejecutivos del IBEX 35, y algunos más, cuyas retribuciones escandalosas y obscenas en tiempos de crisis como los que corren, se van filtrando de tarde en tarde a la prensa. Hace unos días se publicó que el presidente de Iberdrola había ganado en el primer trimestre del año 7,3 millones de euros. ¿Cómo no va a subir después la tarifa eléctrica? Sería sumamente interesante publicar un elenco completo de las retribuciones de esos directivos, incluso hasta el cuarto o quinto nivel, y sus equivalentes en la función pública, teniendo en cuenta además que estos últimos han accedido al empleo por procedimientos objetivos, de los que se carece en la mayoría de los casos en el sector privado. Pero estoy seguro de que la intención del señor Rossell no era ofender gratuitamente a los empleados públicos, sus palabras tenían otra finalidad mucho más profunda, recortar el sector público y agrandar el sector privado. Y digo bien, reducir el sector público y aumentar el sector privado porque en una sociedad moderna no se puede prescindir de los servicios que hoy suministra el Estado. Supongo que el presidente de la patronal no quiere prescindir de la sanidad, ni de la educación, ni de la policía, ni de los jueces, ni de las carreteras, ni de los aeropuertos, ni de los ferrocarriles, ni de un largo etc. No quiere que estas actividades desaparezcan, lo que quiere es que dejen de financiarse con impuestos y pasen a financiarse vía precio, y que los consuman solo aquellos que puedan pagarlos. Se ha puesto de moda afirmar que tenemos que contentarnos con el Estado de bienestar que podemos financiar. La aseveración constituye una falacia. Todo se reduce a saber qué nivel de impuestos estamos dispuestos a soportar. La sociedad tendrá que destinar parte de su renta a mantener estos servicios. La cuestión es si los suministra el sector público y los financia mediante impuestos o el sector privado a través de los precios. En este último caso, aun cuando se prive a una gran parte de la población de su uso o consumo, el gasto será igual o incluso mayor. El mejor ejemplo es el de la sanidad en EE UU. El gasto por habitante es tres veces el de España y, sin embargo, el 15 por ciento de los ciudadanos carecen totalmente de cobertura y la del 40 por ciento es muy limitada. El señor Rossell lo que pretende es que hasta en aquellas actividades que se financian con impuestos, el máximo posible de ellas esté gestionado por el sector privado. En España el número de empleados públicos es muy inferior al de los países de nuestro entorno, pero en muchas partidas eso no significa que el gasto sea menor ya que está externalizada su gestión. El resultado, por el contrario, consiste en un mayor costo (algún beneficio, a menudo un enorme beneficio, tiene que obtener el empresario privado), el deterioro de las prestaciones y la pérdida del control de la Administración, poniéndose en peligro en múltiples ocasiones la objetividad y las garantías que deben regir el funcionamiento de las actividades administrativas y de los servicios públicos. Por otra parte, se produce un efecto adicional; la mayoría de los trabajadores contratados serán precarios y mal pagados, mientras que los directivos multiplicarán por tres, por diez o por cien el sueldo que tenían en el sector público. Basta mirar lo que ha ocurrido en la privatización de las empresas públicas, y comparar lo que cobraban sus ejecutivos antes y después de ellas. El presidente de la patronal ha criticado también a los malos alumnos que tardan ocho años en hacer una carrera de cinco. “No se les puede pagar”, ha dicho. Se supone que se refiere al sector público. Algo de razón tiene, sobre todo cuando la economía española, ese sector privado tan emérito, no genera puestos de trabajo para dar empleo a todos, y un gran número de titulados, especialmente ingenieros, tienen que emigrar a Alemania, Gran Bretaña o a Chequia para poder trabajar, con el dispendio que ello significa. Se podría estar de acuerdo con el señor Rosell siempre que él aceptase el cierre de todas las universidades privadas, porque considero que de lo que se trata es de que estudien únicamente los que tienen capacidad y voluntad para hacerlo, y resultaría una gran injusticia que de esa norma estuviesen excluidos aquellos cuyas familias tienen capacidad económica suficiente para comprar el título. De hecho, ya se está produciendo esta discriminación. Mediante las universidades privadas se burlan de la criba de la selectividad y los hijos de las familias pudientes pueden escoger la carrera que deseen con solo pagarla. Pero la mayor perla que el presidente de la CEOE ha lanzado es eso de que los trabajadores se apuntan al paro “porque sí”. No, señor Rosell, los trabajadores se apuntan al paro porque sus empresarios los han despedido, en muchos casos “porque sí” (no otra cosa es el despido improcedente) o para obtener más beneficios. Ya se sabe, los ERES se justifican ahora simplemente por la previsión de que los ingresos van a disminuir. Ante el tremendo drama del desempleo, con un millón de familias en las que ninguno de sus miembros cuenta con un empleo, afirmar que los trabajadores se apuntan al paro “porque sí” constituye una ignominia. Los trabajadores se apuntan al paro porque muchos de los afiliados de la CEOE han obtenido inmensos beneficios en los años anteriores, provocando una crisis de la que los trabajadores, desde luego, no son culpables, y porque cuando han venido mal dadas “si te he visto, no me acuerdo”. Para averiguar por qué los trabajadores se apuntan al paro, el señor Rosell lo único que tendría que hacer es preguntarle a su antecesor en el cargo. LA REPÚBLICA. 28-7-2011