Clase polí­tica y degradación de la democracia

“La falta de transparencia de las decisiones polí­ticas unida a la insuficiente rendición de cuentas de sus representantes puede explicar que los ciudadanos no asuman los costes de participar en un sistema asimétrico en el que los poderosos ostentan siempre una posición privilegiada. Los principales problemas de nuestra democracia se localizan en el funcionamiento de la sociedad civil y en la baja calidad de la representación polí­tica. Estos problemas se refieren tanto a los partidos polí­ticos como a los representantes, que atienden de manera deficiente los principales problemas de los ciudadanos y no rinden cuenta adecuadamente de sus acciones polí­ticas”

La mayoría iensa (75% frente a 15%) que la justicia beneficia a los que tienen más recursos y que, por tanto, no es igual para todos; el 82% sospecha que los tribunales tratan de manera diferente a los políticos respecto a los ciudadanos anónimos y nada menos que el 56% confiesa que “no merece la pena” iniciar un pleito para reivindicar un derecho o el cumplimiento de una obligación. Son también mayoría los que creen que la Constitución no se cumple: “nada o poco” (22%) y sólo “algo” (30%). Y, entre otros muchos datos, el 43% afirma que la clase política es más corrupta que el resto de la ciudadanía, entre otras razones porque el 70% supone que los políticos se preocupan más de sus intereses que de los comunes. (EL CONFIDENCIAL) EL MUNDO.- También aquí se hace realidad el refrán a perro flaco todo son pulgas. España, por su debilidad, puede sufrir mucho más en esta guerra que sus socios. Porque en estos momentos a nuestro país le podría venir bien una devaluación de su divisa, pero no sólo no puede sino que tiene la moneda más fuerte: el euro. Más problemas para exportar y, por lo tanto, para producir y generar empleo. Un obstáculo añadido a la recuperación. El G-20 se reúne en noviembre en Seúl y al mundo le vendría muy bien que los mandatarios trataran de recuperar el espíritu de cooperación de 2008. EL PAÍS.- Las autoridades estadounidenses solían dar lecciones a otros países sobre sus errores económicos y les decían que tenían que imitar el modelo de EE UU. En particular, la crisis financiera asiática de finales de los años noventa dio pie a muchos consejos moralizadores cargados de suficiencia. Así, en 2000, Lawrence Summers, por entonces secretario del Tesoro, declaraba que las claves para evitar una crisis económica eran "unos bancos bien capitalizados y supervisados, un gobierno corporativo y unos códigos de quiebra efectivos y unas medidas creíbles de aplicación de los contratos". Se suponía que estas eran cosas que los asiáticos no tenían, pero nosotros sí. No era así. Opinión. El Confidencial Así se degrada la democracia J. A Zarzalejos Hacía falta una radiografía fiable de la percepción de la democracia que tienen los ciudadanos españoles. Cuatro sociólogos y politólogos (1) de primera fila han escrito el ensayo La Calidad de la democracia en España (2), una de cuyas conclusiones más terminantes es la siguiente: “En síntesis, a pesar de la satisfacción ciudadana con el sistema democrático como promotor de la libertad y de la igualdad, así como su apoyo a la mayoría de las instituciones básicas de la democracia, destaca, por encima de todo, la poca confianza que tienen los ciudadanos en su propio papel en la actual democracia representativa. Se comprueba lo extendida que está la creencia de que la democracia no representa exactamente el primado de la soberanía del pueblo. Los españoles creen de forma mayoritaria que los que detentan el poder, tanto político como económico, están por encima de la voluntad de los ciudadanos, máxima expresión de la soberanía popular. La falta de transparencia de las decisiones políticas unida a la insuficiente rendición de cuentas de sus representantes puede explicar que los ciudadanos no asuman los costes de participar en un sistema asimétrico en el que los poderosos ostentan siempre una posición privilegiada.” “Los principales problemas de nuestra democracia se localizan en el funcionamiento de la sociedad civil y en la baja calidad de la representación política. Estos problemas se refieren tanto a los partidos políticos como a los representantes, que atienden de manera deficiente los principales problemas de los ciudadanos y no rinden cuenta adecuadamente de sus acciones políticas. La sociedad se ve a sí misma incapaz de influir en las decisiones políticas, al mismo tiempo que tampoco parece tener niveles de participación y acumulación de capital social suficientes para ser un actor relevante en el proceso político, más allá de su participación electoral. Una sociedad civil pasiva y desmotivada por la política y un sistema de representación caracterizado por su lejanía de los ciudadanos y por su falta de sensibilidad y respuesta a los problemas de aquellos, constituyen una mezcla peligrosa para la salud de la democracia española.” En menos palabras no se pueden describir mejor las razones del malestar de los ciudadanos con un sistema democrático que legitiman plenamente (legitimación difusa), pero cuyo funcionamiento ha devenido en decepcionante (legitimación específica). La conclusión transcrita y otras muy similares son el resultado de una metodología proyectada por una auditoría ciudadana sobre la que han trabajado los autores de este ensayo que parece imprescindible para comprender qué está pasando en nuestro país. Es decir: queremos la democracia y no renunciamos a ella, pero su autenticidad se ha degradado. Así -y valga como ejemplo- la mayoría piensa (75% frente a 15%) que la justicia beneficia a los que tienen más recursos y que, por tanto, no es igual para todos; el 82% sospecha que los tribunales tratan de manera diferente a los políticos respecto a los ciudadanos anónimos y nada menos que el 56% confiesa que “no merece la pena” iniciar un pleito para reivindicar un derecho o el cumplimiento de una obligación. Son también mayoría los que creen que la Constitución no se cumple: “nada o poco” (22%) y sólo “algo” (30%). Y, entre otros muchos datos, el 43% afirma que la clase política es más corrupta que el resto de la ciudadanía, entre otras razones porque el 70% supone que los políticos se preocupan más de sus intereses que de los comunes, aunque es aplastante el criterio de que los partidos políticos son necesarios para la propia democracia. Para los autores de este interesante ensayo -publicado el pasado mes de septiembre- “es razonable pensar que la corrupción política forma parte de esa identificación que hacen los ciudadanos de la clase política y los políticos como problema”. Esta advertencia de los expertos desmontaría la pretendida despreocupación ciudadana por la corrupción económica de sus representantes y remitiría, por el contrario, a una intensa ansiedad social respecto de este fenómeno que repunta y que no se detecta en toda su dimensión. Los autores asumen, sin embargo, una especie de resignación de los ciudadanos ante la falta de honradez de la clase política, una resignación que podría devenir en cierto grado de insensibilidad. La autoestima social que detecta esta auditoría ciudadana es muy baja porque la sociedad civil española se autovalora muy mal: somos poco tolerantes (2,35 sobre 10), nuestra participación es escasa (2,42 sobre 10) y nos percibimos como incapaces de controlar al poder político (2,82 sobre 10). Para los autores, estas bajas puntuaciones explican “probablemente la falta de incentivos que encuentran los españoles para involucrase y participar en política”. Con respecto a los partidos políticos y a la representación pública, la consideración ciudadana es pésima: de los diez indicadores que componen esta dimensión de la auditoría, siete obtienen un suspenso y cinco de ellos se sitúan por debajo del 4. Así, los partidos no dan la talla por incapacidad democrática, por falta libertad de expresión interna, por clientelismo, por confianza, por ausencia de rendición de cuentas, por desajuste entre demandas ciudadanas y oferta política, por falta de control de la acción de los representantes electos…Y siendo cierto que también aparecen luces en este estudio -la legitimidad de la democracia y la capacidad efectiva de gobierno- en la mayoría de las dimensiones estudiadas, la calidad del sistema en su vertiente operativa, funcional, resolutiva de problemas, los ciudadanos plantean abiertamente su insatisfacción. Los autores, por eso, concluyen su estudio con una advertencia muy seria: si no hay una regeneración, “la desafección ciudadana seguirá creciendo y el horizonte de la democracia se poblará de problemas que no presagian un futuro mejor que el presente, pese a que este sea manifiestamente mejorable”. Existe, en consecuencia, una degradación democrática que los ciudadanos han percibido y exteriorizan con meridiana claridad. La auditoría ciudadana que sirve de base a los autores de Calidad de la democracia en España se realizó en 2007, cuando apuntaba ya la crisis y después de tres años de Gobierno socialista, aunque no hay en el estudio referencias coyunturales o de partido. Es de suponer que desde entonces hasta ahora, la auditoría ofrecería resultados más desalentadores. Sobre todas estas cuestiones han de trabajar los sociólogos, politólogos, analistas y universitarios para que el país no quede encarcelado en el discurso de los políticos mientras la democracia se degrada en España. Se debe acabar aquello de que “nos pasa que no sabemos lo que nos pasa”. ¡Vaya que si lo sabemos! EL CONFIDENCIAL. 16-10-2010 Editorial. El Mundo España tiene mucho que perder en la guerra de divisas ¿Qué es la guerra de las divisas de la que tanto se habla en las últimas semanas? El uso de la política monetaria por parte de los gobiernos y los bancos centrales para corregir sus desequilibrios –déficit comercial, paro, deuda…–, al margen de cómo repercuta esa decisión en otros países. Es todo lo contrario a los sistemas de coordinación que se intentaron poner en marcha en la cumbre del G-20 de noviembre de 2008 en Washington –la de la silla prestada a Zapatero– cuando la caída de Lehman había tambaleado los cimientos del sistema financiero mundial. Por eso es peligrosa. Porque lleva indefectiblemente al proteccionismo económico y conviene recordar que la respuesta proteccionista al crack bursátil de octubre de 1929 llevó a la Gran Depresión de los 30. Hay quien dice, como el consejero del BCE José Manuel González Páramo, que no hay tal guerra pero, si no está declarada formalmente, vivimos las primeras escaramuzas de algo que si no se para puede amenazar la recuperación global. China ha utilizado desde hace años su moneda para lograr ventajas competitivas. Mantiene artificialmente bajo el yuan –la moneda china no fluctúa libremente en el mercado– para facilitar la venta de sus productos en el extranjero y dificultar la entrada de los que se fabrican en otros países. Lo peligroso es que Estados Unidos, que es el principal impulsor de las quejas contra China, se ha apuntado también al juego de la moneda débil. El viernes, la Reserva Federal anunció que la economía estadounidense necesita inyecciones de liquidez –inocular más dólares en el mercado– para estimular el crecimiento. La reacción no se hizo esperar y el dólar ha marcado mínimos anuales frente a la mayoría de las divisas. Estos movimientos están provocando respuestas en el mismo sentido de otros países –Japón, Brasil, Corea del Sur…– que no quieren perder competitividad. Mientras tanto, como el BCE es reacio a intervenir, el euro cotiza cada vez más alto. ¿Las consecuencias? El sálvese quien pueda no es bueno para nadie. Quizá pueda elevar en un primer momento la demanda de los países que debilitan su divisa, pero a la larga dificulta la recuperación global porque incrementa el precio de unas materias primas que se convierten en refugio de los inversores, frena el comercio mundial y desestabiliza los mercados. Y también aquí se hace realidad el refrán a perro flaco todo son pulgas. España, por su debilidad, puede sufrir mucho más en esta guerra que sus socios. Porque en estos momentos a nuestro país le podría venir bien una devaluación de su divisa, pero no sólo no puede sino que tiene la moneda más fuerte: el euro. Más problemas para exportar y, por lo tanto, para producir y generar empleo. Un obstáculo añadido a la recuperación. El G-20 se reúne en noviembre en Seúl y al mundo le vendría muy bien que los mandatarios trataran de recuperar el espíritu de cooperación de 2008. EL MUNDO. 17-10-2010 Opinión. El País El cenagal de las hipotecas Paul Krugman Las autoridades estadounidenses solían dar lecciones a otros países sobre sus errores económicos y les decían que tenían que imitar el modelo de EE UU. En particular, la crisis financiera asiática de finales de los años noventa dio pie a muchos consejos moralizadores cargados de suficiencia. Así, en 2000, Lawrence Summers, por entonces secretario del Tesoro, declaraba que las claves para evitar una crisis económica eran "unos bancos bien capitalizados y supervisados, un gobierno corporativo y unos códigos de quiebra efectivos y unas medidas creíbles de aplicación de los contratos". Se suponía que estas eran cosas que los asiáticos no tenían, pero nosotros sí. No era así. Los escándalos contables de Enron y WorldCom destruyeron el mito del gobierno corporativo eficaz. Hoy en día, la idea de que nuestros bancos estaban bien capitalizados y supervisados parece un mal chiste. Y ahora, el desastre de las hipotecas está convirtiendo en sinsentidos las afirmaciones de que tenemos un sistema eficaz de aplicación de los contratos; de hecho, la pregunta actual es si nuestra economía está gobernada por algún tipo de respeto a la ley. Esta es la historia hasta la fecha: una crisis inmobiliaria épica y un paro elevado y continuado han desencadenado una epidemia de impagos; millones de propietarios de viviendas se demoran en los pagos de sus hipotecas. Así que los administradores -las empresas que recogen los pagos en nombre de los propietarios de las hipotecas- han estado ejecutando muchas hipotecas y han embargado numerosas viviendas. ¿Pero realmente tienen derecho a embargar esas casas? Las historias de terror se han multiplicado, como la del hombre de Florida al que arrebataron su casa aun cuando no tenía ninguna hipoteca. Y lo que es más importante: ciertos agentes han ignorado la ley. Los tribunales han aprobado ejecuciones hipotecarias sin exigir que los administradores de las hipotecas presentasen la documentación apropiada; en vez de eso, han confiado en las declaraciones juradas que afirmaban que los papeles estaban en orden. Y estas declaraciones juradas habían sido emitidas en muchos casos por firmantes robot o por empleados de bajo nivel que no tenían ni idea de si sus afirmaciones eran ciertas. Ahora se está revelando una terrible verdad: en muchos casos, la documentación no existe. En el frenesí de la burbuja, muchos préstamos de viviendas fueron asumidos por empresas poco fiables que trataban de generar tanto volumen de negocio como fuese posible. Estos préstamos se vendían a fondos fiduciarios que, a su vez, las rebanaban y troceaban para convertirlas en valores hipotecarios. Los fondos fiduciarios tenían la responsabilidad legal de obtener y conservar los pagarés hipotecarios en los que se especificaban las obligaciones de los prestatarios. Pero ahora está claro que esas sutilezas solían descuidarse. Y esto significa que muchas de las ejecuciones hipotecarias que se están produciendo ahora son, de hecho, ilegales. Esto es muy, muy, negativo. Por un lado, es casi seguro que se está defraudando a un número considerable de prestatarios; les están cobrando cuotas que realmente no adeudan y se está afirmando que faltan a sus pagos cuando, según los términos de sus acuerdos de préstamo, no lo hacen. Aparte de eso, si los fondos fiduciarios no pueden aportar pruebas de que realmente poseen las hipotecas contra las que han estado vendiendo garantías, los avalistas de estos fondos se enfrentarán a demandas legales por parte de los inversores que compraron dichas garantías (muchas de las cuales ahora solo valen una pequeña fracción de su valor nominal). ¿Y quiénes son estos avalistas? Instituciones financieras importantes (las mismas instituciones supuestamente rescatadas por los programas gubernamentales el año pasado). Así que el desastre de las hipotecas amenaza con generar otra crisis financiera. ¿Qué se puede hacer? Tal como se preveía, la respuesta de la Administración de Obama ha sido oponerse a cualquier acción que pueda molestar a los bancos, como una moratoria temporal de las ejecuciones hipotecarias mientras se resuelven algunos de los problemas. En lugar de eso, está pidiendo muy amablemente a los bancos que se porten mejor y cambien de comportamiento. Bueno, eso ha funcionado estupendamente en el pasado, ¿verdad? Aun así, la respuesta de la derecha es todavía peor. Los republicanos del Congreso están esperando su momento, pero los comentaristas conservadores como los de la página editorial de The Wall Street Journal han salido diciendo que la falta de documentación adecuada es una trivialidad. De hecho, dicen que si un banco afirma que posee nuestra casa, debemos aceptar su palabra. A mí esto me hace pensar en la época en que los señores feudales se sentían libres para apropiarse de lo que quisieran, conscientes de que los campesinos no tenían voz ni voto ante los tribunales. Pero sospecho que algunas personas consideran que aquellos eran buenos tiempos. ¿Qué debería suceder? Los excesos de los años de la burbuja han creado una ciénaga legal en la que los derechos de propiedad están mal definidos porque nadie tiene la documentación apropiada. Y cuando no existen unos derechos de propiedad claros es el Gobierno quien tiene el deber de crearlos. Eso no será fácil, pero ya hay algunas buenas ideas por ahí. Por ejemplo, el Centro para el Progreso Estadounidense ha propuesto que a los asesores hipotecarios y otras entidades públicas se les confiera poder para modificar directamente los préstamos problemáticos y que su criterio sea respetado a menos que el administrador de la hipoteca apele. Esto sería muy útil para aclarar las cosas y nos ayudaría a salir del cenagal. Una cosa está clara: lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. Y fingir que todo va bien no va a servir para convencer a nadie. EL PAÍS. 17-10-2010

Deja una respuesta