libertades: retirada de cámaras de videovigilancia en Santiago de Compostela

El Gran Hermano retrocede

La retirada de las cámaras de vigilancia en la zona vieja de Santiago será financiada por el ayuntamiento, pero también por la Asociación Movemento polos Dereitos Civí­s que interpuso la demanda.

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09-01-2009
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La asociación, que tiene interpuestas demandas parecidas en varias localidades gallegas, lleva una particular lucha contra el "Gran Hermano" de las calles, aduciendo que estas cámaras no han servido para evitar "ni uno sólo" de los atentados contra el patrimonio y la propiedad privada en los últimos años. La asociación, que tiene interpuestas demandas parecidas en varias localidades gallegas, lleva una particular lucha contra el "Gran Hermano" de las calles, aduciendo que estas cámaras no han servido para evitar "ni uno sólo" de los atentados contra el patrimonio y la propiedad privada en los últimos años.
En septiembre pasado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago de Compostela ordenó la retirada de seis cámaras de vigilancia instaladas en el casco histórico de la ciudad dadas las irregularidades e ilegalidades en las que se había incurrido en su instalación y actividad. Una sentencia contundente contra  “la pasividad con la que el Consistorio ha gestionado los trámites necesarios y obligatorios impuestos por la Ley”. Aunque el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia, ha quedado probado que las cámaras vulneraban todas las garantías recogidas en la Ley de Protección de datos en lo que a defensa de los derechos ciudadanos concierne. Ni contaban con los permisos de renovación, ni tenían libro de registro alguno de las imágenes, ni contaban con la debida autorización para su funcionamiento durante ciertos períodos en los que funcionaban.
Ahora, a la espera que se resuelva el recurso que el Ayuntamiento tramitó en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el juzgado ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia. Un auténtico hito en la defensa de los derechos civiles contra la cada vez mayor omnipresencia de los poderes económicos y políticos en la vida pública. Lo más llamativo de la decisión judicial actual es que la Asociación se ve obligada a pagar un total de 3000 euros al Gobierno local para hacer efectiva la retirada de las cámaras, algo totalmente disparatado. Aunque un mal menor, según la asociación, puesto que el juzgado ha rebajado la astronómica cifra de 600.000 euros de fianza solicitados por el ayuntamiento. No deja de ser una paradoja que el que sea el demandante quien tenga que poner dinero para que se ejecute la retirada. En definitiva, poner dinero por las infracciones cometidas por otros. A pesar de ello, la asociación está muy satisfecha por la resolución que supone “un paso más en la defensa del derecho a la intimidad de los ciudadanos" y tiene abierta una cuenta para recaudar por colecta popular los 3000 euros que permitan la retirada de las cámaras.
 
 
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