Selección de prensa nacional

La hora del Supremo

El tesorero del PP ha sido incapaz hasta ahora de dar una explicación convincente del origen de su patrimonio, que desde luego no puede ser fruto de los ingresos por su actividad polí­tica.

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16-06-2009
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Mientras crecen dí­a a dí­a las apuestas acerca de en qué momento entre el final del verano y el principio de 2010 reventará el sistema financiero español por los cuatro costados (y qué instituciones financieras de renombre se verán implicadas), nuestra clase polí­tica -y sus adláteres mediáticos- sigue enfrascada en el caso Gürtel, la trama de corrupción a la que habrí­a que ir pensando en cambiar su germánico apodo por el mucho más castizo de caso Guadiana, tal es la cantidad de veces que ha desaparecido para reaparecer al poco tiempo en el curso de unos pocos meses.
 La hora del Supremo
Mientras crecen dí­a a dí­a las apuestas acerca de en qué momento entre el final del verano y el principio de 2010 reventará el sistema financiero español por los cuatro costados (y qué instituciones financieras de renombre se verán implicadas), nuestra clase polí­tica -y sus adláteres mediáticos- sigue enfrascada en el caso Gürtel, la trama de corrupción a la que habrí­a que ir pensando en cambiar su germánico apodo por el mucho más castizo de caso Guadiana, tal es la cantidad de veces que ha desaparecido para reaparecer al poco tiempo en el curso de unos pocos meses.

Su llegada al Tribunal Supremo anuncia una nueva etapa en el caso. Las previsibles y esperadas presiones y amistades políticas que esperaban al caso en su recorrido por los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos –siempre más amables de lo recomendable con los excesos de la clase política– se esfuman y la implicación del tesorero del PP, si finalmente es imputado, coloca a Rajoy en una difícil situación tras sus éxitos electorales consecutivos.
 
Sorprende por ello todavía más la actitud tomada por la dirección nacional del PP en el asunto. Cuando lo más lógico –y lo más rentable políticamente– para ellos hubiera sido poner distancia entre medias, haber hecho dimitir a Bárcenas de sus cargos, si no en el Senado sí al menos en el partido, y procurar evitar, en unos momentos de relativa fortaleza electoral, las salpicaduras en la mayor medida posible; Rajoy se ha aferrado por el contrario a la presunción de inocencia a ultranza.
 
Dos posibles explicaciones corren en los mentideros madrileños acerca de esta actitud. O Rajoy conoce algo que los demás desconocemos y que, en su momento, significará la absolución total y completa del tesorero del PP. O bien es éste el que conoce algo de Rajoy –o, por extensión de la dirección nacional o de la financiación del partido –que impide a aquel desembarazarse como debiera hacerlo de su molesta cercanía. Una vez en el Supremo el caso –donde la capacidad de presión de las fuerzas políticas es menor que en las instancias judiciales inferiores– empieza la hora de la verdad de una trama de corrupción que de investigarse hasta el final representa un peligro no menos para el PP, pues corre demasiado cerca y demasiado en paralelo con uno de los puntos más sensibles de cualquier gran partido parlamentaria: su tesorería y, con ello, su financiación.
 
 
Editorial. El País
LA HORA DEL SUPREMO
 
La llegada del caso Gürtel al Tribunal Supremo sólo parece haber sorprendido a la dirección nacional del Partido Popular. Y no tanto por haber sostenido hasta ahora la inocencia de algunos de sus militantes investigados por la justicia, como el tesorero y senador por Cantabria Luis Bárcenas, cuanto por haber visto una vez más desbaratada una línea de defensa que sólo ha consistido en cuestionar la independencia de los jueces y acusar de partidismo a la Fiscalía Anticorrupción.
 
Desde que la Audiencia Nacional adoptó las primeras diligencias sobre la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, el PP ha preferido cargar contra jueces y fiscales, cuando no escudarse en los resultados de las recientes elecciones europeas, antes que adoptar medidas contra sus militantes imputados o sometidos a investigación. Al menos, contra algunos de ellos, como el presidente valenciano Francisco Camps o su segundo en el partido, Ricardo Costa.
 
Rajoy reiteró ayer su confianza en que Bárcenas, además del diputado nacional Jesús Merino y del aún eurodiputado Gerardo Galeote, también mencionados en el auto del Tribunal Superior de Madrid, queden sin cargos tras la llegada del caso Gürtel al Supremo, que deberá pronunciarse sobre si asume o no la investigación. El líder del PP justificó su estrategia en el hecho de que ninguno de los tres parlamentarios ha sido imputado todavía y de que, por tanto, es preciso esperar a que los jueces adopten sus decisiones.
 
Pero es que la actuación de Rajoy no se ha guiado por un único criterio desde que la trama de corrupción que afecta al PP llegó a los tribunales. Los cargos electos y parlamentarios autonómicos imputados en Madrid fueron suspendidos de militancia, mientras que en Valencia han recibido un apoyo de la dirección nacional que parecía esconder un desafío a los tribunales. Habrá que aguardar, pues, a que se pronuncie el Supremo para comprobar cuál de las dos vías sigue el líder del PP con Bárcenas, Merino y Galeote, si finalmente los magistrados aprecian indicios para proceder contra ellos.
 
Por el momento, la trama de corrupción que investigan los tribunales sigue circunscrita a la actuación delictiva de unos empresarios y unos militantes más o menos destacados del PP. Pero la eventual implicación de Bárcenas empujaría al caso Gürtel por otros derroteros, en los que cobraría cuerpo la sombra que ha planeado sobre este episodio de corrupción desde sus inicios: la presunta financiación ilegal del principal partido de la oposición. De ahí que la cerrada defensa del tesorero Luis Bárcenas sea una arriesgadísima apuesta política para Rajoy. Si el Supremo desestima los indicios contra él que ha apreciado el Tribunal Superior de Madrid, el líder del PP la habrá ganado. Pero si, finalmente, los magistrados imputan a Bárcenas, la vehemencia con la que Rajoy ha defendido su inocencia podría transformarse en un reconocimiento indirecto de culpabilidad.
EL PAÍS. 16-6-2009
 
 
 
 
Editorial. El Mundo
RAJOY NO TENDRÁ MÁS REMEDIO QUE APARTAR A BÁRCENAS
 
El JUEZ Antonio Pedreira elevó ayer al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que considera que hay «indicios suficientes» y «posibilidad veraz» para imputar delitos de cohecho y fraude fiscal a Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP. El juez acusa también al eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y al diputado Jesús Merino.
 
Al Tribunal Supremo le corresponde ahora decidir si asume la instrucción del caso al tratarse de tres personas aforadas, pero no hay apenas dudas de que aceptará el criterio del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En primer lugar, porque la petición del juez Pedreira está ahora respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que inicialmente no había visto indicios suficientes de delito.
 
En segundo lugar, por la aparición de nuevos elementos incriminatorios en un informe de la Agencia Tributaria, que concluye que Bárcenas eludió el pago de impuestos.
 
Y, en tercer lugar, porque los hechos consignados en el sumario abierto por Garzón son de la suficiente gravedad para que la Justicia los examine. Hay en la investigación judicial tres tipos de elementos incriminatorios: la referencia explícita de Correa en la que afirma que le entregó 1.000 millones de pesetas a Bárcenas, las profusas anotaciones de pagos de las empresas de la trama al tesorero del PP y los testimonios de tres antiguos empleados del propio Correa.
 
Según publicó EL MUNDO, el tesorero del PP ha acumulado un patrimonio inmobiliario de más de tres millones de euros. Entre sus posesiones, figura un chalé en Baqueira Beret, adquirido en 2008 y pagado con dos cheques bancarios de 300.000 euros cada uno. Bárcenas había sido investigado por la Policía por haber ingresado en el banco 330.000 euros en billetes de 500 euros. El tesorero del PP ha sido incapaz hasta ahora de dar una explicación convincente del origen de su patrimonio, que desde luego no puede ser fruto de los ingresos por su actividad política.
 
Si el Supremo considera que estos hechos constituyen base suficiente para imputarle, Bárcenas tendría que dimitir inmediatamente como tesorero y solicitar su baja temporal como militante. Pero si no lo hace, como él mismo ha proclamado, Rajoy tendría que apartarlo de forma inmediata de la dirección del PP y suspenderlo de militancia hasta que el asunto se aclare judicialmente.
 
Rajoy dijo ayer que actuará en consecuencia «si se probara que algún militante del PP ha hecho cosas que no son aceptables». No hace falta que se prueben judicialmente, basta el hecho de la imputación por el Supremo para que Bárcenas no pueda seguir en un cargo que requiere una persona fuera de toda sospecha. Por otro lado, el cohecho está castigado con penas de cárcel e inhabilitación, por lo que Rajoy ya no tendría nada que hacer si su tesorero es condenado.
 
En un intento de defenderle, Álvaro Lapuerta, su predecesor, afirmó que él tiene «mucho más patrimonio» que Bárcenas. Se trata de una salida de pata de banco porque Lapuerta no está incurso en ningún proceso judicial. Tampoco procede la interesada comparación de las responsabilidades de Bárcenas con las de Francisco Camps, ya que la gravedad de la conductas y de las acusaciones de la Justicia son muy distintas. Una cosa es haber aceptado elevados sobornos para enriquecerse y otra no haber pagado tres trajes regalados por un amigo.
 
Mariano Rajoy no tiene otra alternativa que apartar de la dirección a una persona como Bárcenas que va a ser acusada de gravísimos cargos y sobre la que pesan serios y numerosos indicios de delito.
EL MUNDO. 16-6-2009
 
 
 
 
Opinión. ABC
EL BADAJO DE GOMAESPUMA
Manuel Martín Ferrand
 
LTIMAMENTE, el partido de Mariano Rajoy tiende a manifestarse, cuando no lo hace para referirse a la maldad de José Luis Rodríguez Zapatero, de manera tan torpe como hueca. La vaciedad de los mensajes es inquietante por lo que pueda tener de síntoma de otras y más profundas escaseces y malo parece que la elocuencia del silencio resulte más expresiva y brillante que lo que se dice por el mero hecho de no callar.
 
Soraya Sáenz de Santamaría acusa en las últimas semanas la fatiga que le ha producido un curso político pleno de acontecimientos; pero eso no es suficiente para justificar que, ante la situación judicial del tesorero popular, Luis Bárcenas, llegue a decirnos que si termina por resultar imputado por el Tribunal Supremo habrá que «actuar en consecuencia». Una declaración política para ser respetable y no descalificar a su emisor tiene que: a) tener algún contenido, b) señalar algo más enjundioso y cabal que la afirmación contraria, c) no parecer puerilmente obvia y d) no aparentar menosprecio para quienes puedan llegar a escucharla. ¿Debemos concluir que si Bárcenas no llega a ser imputado, el PP no actuará en consecuencia? En ese caso, ¿se limitará a no actuar o lo hará inconsecuentemente?
 
Supongo y deseo que Bárcenas sea tan inocente y virtuoso como María Goretti; pero, políticamente, es un personaje de difícil presentación. Su condición de senador por Cantabria, en donde no consta que haya estado nunca, le convierte en risible y habla del rigor de quienes le incluyeron en la candidatura, en pie de igualdad con Gonzalo Piñeiro, eficaz alcalde de Santander durante doce años. Mal están los diputados cuneros, pero llevar esa condición al Senado, al que se quiere prestigiar como Cámara territorial, es atentatorio contra el sistema.
 
Bárcenas es senador por Cantabria por la misma razón que pudiera ser representante en el Bundesrat alemán por Baden-Wurtemberg. El mismísimo presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, declaraba hacer un par de semanas en Punto Radio no haberle visto ni saludado nunca.
 
Eso, desde la perspectiva de Rajoy, ¿es obrar en consecuencia? No hay nada tan pretencioso como una gran campana de bronce con un badajo de gomaespuma, tal que la que repican los portavoces del PP en los últimos días. En lo que respecta a su tesorero tendrán que explicarnos, por lo menos, la razón de su presencia en el Senado.
ABC. 16-6-2009
 
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