Perú, El gobierno inicia derogación de las" leyes de la selva"

El gobierno de los sátrapas acorralado

Debilitado y aislado, el genocida Alan Garcí­a, que hasta ayer se habí­a negado enfáticamente a derogar las leyes cuestionadas por los indí­genas y que hace dos dí­as amenazó endurecer la represión, terminó cediendo ante la magnitud de

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16-06-2009
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Los sátrapas finalmente cedieron ante la rebelión indí­gena de la Amazoní­a peruana. Ayer, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con representantes indí­genas comprometiéndose a derogar las leyes rechazadas por los nativos por considerar que facilitan la entrega de sus tierras a empresas multinacionales. El gobierno enviará hoy una propuesta al Congreso para anular las leyes que provocaron el levantamiento indí­gena, que ha dejado 35 muertos oficialmente reconocidos, 25 de ellos policí­as, y cientos de indí­genas desaparecidos. Los sátrapas finalmente cedieron ante la rebelión indí­gena de la Amazoní­a peruana. Ayer, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con representantes indí­genas comprometiéndose a derogar las leyes rechazadas por los nativos por considerar que facilitan la entrega de sus tierras a empresas multinacionales. El gobierno enviará hoy una propuesta al Congreso para anular las leyes que provocaron el levantamiento indí­gena, que ha dejado 35 muertos oficialmente reconocidos, 25 de ellos policí­as, y cientos de indí­genas desaparecidos.
Después de dos meses de conflicto, un diálogo inútil y un final de represión policial, satanización y persecución contra sus principales dirigentes, los indí­genas han perdido la credibilidad en el gobierno. Restaurarla parece una tarea complicada. "¿Tantas vidas tení­an que morir para que el gobierno se dé cuenta de que las leyes estaban mal dadas?", se quejó Zapata, que volvió a exigir la renuncia del primer ministro, Yehude Simon. El conflicto indí­gena ha escalado hasta transformarse en un amplio movimiento de protesta nacional. En los últimos dí­as han habido nuevos bloqueos de carreteras, la toma de un aeropuerto en la andina ciudad de Andahuaylas, el inicio de huelgas indefinidas en algunas urbes amazónicas y andinas, la convocatoria a un paro nacional para el 7, 8 y 9 de julio, llamados a la renuncia del gabinete e, incluso, en algunos casos, a la vacancia presidencial.

El gobierno fracasó en su intento de aislar a los indí­genas con una agresiva campaña de desprestigio, calificándolos desde "salvajes" y "terroristas" hasta instrumentos de un "complot del comunismo internacional", y quedó cercado por una rebelión que comenzó entre los indí­genas y que se ha extendido a todo el paí­s. Debilitado y aislado, el genocida Alan Garcí­a, que hasta ayer se habí­a negado enfáticamente a derogar las leyes cuestionadas por los indí­genas y que hace dos dí­as amenazó endurecer la represión, terminó cediendo ante la magnitud de la protesta social.

Mientras el gobierno pretendí­a calmar las crecientes protestas internas aceptando anular las llamadas "leyes de la selva", los efectos del conflicto peruano se siguen sintiendo en las tensas relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia. Ayer, el gobierno peruano decidió llamar en consulta a su embajador en La Paz, Fernando Rojas, como protesta por las declaraciones del presidente Evo Morales, quien calificó lo ocurrido en la Amazonia peruana como "un genocidio" del gobierno contra los indí­genas. Esta declaración indignó a las autoridades de Lima, que han acusado, aunque sin presentar pruebas, a Morales, y también a Hugo Chávez, de estar detrás de las protestas indí­genas, algo que los gobiernos de Bolivia y Venezuela han negado.

Si el Gobierno decide rectificarse respecto a los decretos legislativos amazónicos 1090 y 1060, debe tener un discurso más ecuánime no sentirse victorioso, además de asumir sus responsabilidades polí­ticas y penales, y mostrar un verdadero acto de constricción y no un discurso hepático, sobre el tema, señaló el lí­der de oposición peruano, Ollanta Humala.

"Cuánto tiempo nos costó la terquedad y el capricho del Gobierno, de no escuchar a la población. Por qué el ministro Simon no fue a Bagua y hubiéramos evitado más de 30 muertos", se preguntó Humala. Declaro que, Perú está cansado de las mesas de diálogo y de actas suscritas, y que los nativos demandan ser escuchados en lugar de ser rechazados por actitudes jactanciosas, pues sólo se han rectificado parcialmente. "Ellos -los nativos- demandaban ser escuchados y esta posición ha sido recogida por la opinión pública nacional e internacional. El Gobierno hizo una rectificación parcial y no total porque son 9 decretos legislativos y no dos", sostuvo.

la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social Carmen Vildoso, que dimitió de el gobierno, tras la masacre, explicó que su renuncia al cargo se debió a su convicción de que el gabinete en pleno debí­a hacer lo propio y aseguró que fue un planteamiento que hizo al primer ministro peruano, Yehude Simon. "Pensaba que de verdad correspondí­a que el gabinete renunciase, conversé con el premier y le señale que en caso de que él, personalmente, no decidiera dar ese paso, lo harí­a yo. Pienso que era una responsabilidad muy grande la que habí­a en todas estas muertes, tanto de policí­as como de nativos", sostuvo la ex ministra peruana. Argumentó que no sólo la responsabilidad por las muertes ocurridas durante la represión policial a la protesta indí­gena motivó su renuncia, sino la manera en que el Ejecutivo peruano ha estado manejando el conflicto.

Sobre el anuncio realizado por el primer ministro Simon este lunes, acerca de la petición del Ejecutivo al Congreso de ese paí­s andino para derogar los decretos legislativos, tal como lo exigen los indí­genas, la ex ministra señaló que es sorprendente, ya que ciertos sectores Gobierno peruano se mantení­an reacios a esa decisión por su determinada postura a favor del TLC con Estados Unidos. "Sorprende porque durante todo este tiempo la posición de una parte del gabinete, intransigente en la defensa de los decretos, se fundamentaba en que (el sostenimiento) del TLC dependí­a de la no derogatoria, entonces llama mucho la atención que ahora se llegue a esa derogatoria", dijo Vildoso

Mientras tanto, el drama continúa en Bagua, la zona de la matanza, donde el gobierno clausuró una radio local que habí­a dado amplia información sobre la represión policial. Según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), hay 61 indí­genas desaparecidos oficiales, se estima que son cientos los desaparecidos, y 23 detenidos. "En la zona hemos recogido muchos testimonios de pobladores que dicen haber visto helicópteros arrojando cadáveres al rí­o. Después del enfrentamiento, las fuerzas de seguridad cerraron el lugar y no dejaron entrar a nadie. Eso nos hace sospechar que pueden haber estado borrando las pruebas de más muertes. He visto a los detenidos y he podido hablar con ellos. La mayor parte han sido golpeados durante y después de su detención. No se están respetando sus derechos mí­nimos para que asuman su defensa", señaló este diario Juan José Quispe, abogado de Aprodeh.
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