La masacre de indí­genas en Perú

La ONU investigara la masacre de indí­genas en Perú

Añadió que la entidad ha recogido numerosos y muy importantes testimonios de civiles y hasta autoridades que dicen haber visto más cadáveres que los diez acreditados oficialmente y que es necesario una indagación mayor

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15-06-2009
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El relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indí­genas, James Anaya, analizará en Perú el genocidio indí­gena ocurrido en la Amazoní­a que provocó la muerte de un numero por determinar de indí­genas, se estima una cifra de más de 1.000 desaparecidos, ya que la policí­a y el ejercito se encargaron de hacer desaparecer los cadáveres, quemándolos tirándolos a la selva o al rí­o Marañón, algunos testimonios hablan de fosas comunes. La cifra de policí­as muertos es de 20, durante un intento gubernamental por despejar un bloqueo de carretera tomado por manifestantes en demanda de la derogación de decretos que atentan contra las propiedades de tierra de los originarios, informó este lunes la prensa local. El relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indí­genas, James Anaya, analizará en Perú el genocidio indí­gena ocurrido en la Amazoní­a que provocó la muerte de un numero por determinar de indí­genas, se estima una cifra de más de 1.000 desaparecidos, ya que la policí­a y el ejercito se encargaron de hacer desaparecer los cadáveres, quemándolos tirándolos a la selva o al rí­o Marañón, algunos testimonios hablan de fosas comunes. La cifra de policí­as muertos es de 20, durante un intento gubernamental por despejar un bloqueo de carretera tomado por manifestantes en demanda de la derogación de decretos que atentan contra las propiedades de tierra de los originarios, informó este lunes la prensa local.
El dirigente del Instituto de Defensa Legal (IDL), Ernesto de la Jara, dijo que el gobierno aceptó la visita con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, dí­a en que la comunidad indí­gena levantó una protesta en la zona selvática de Bagua para exigir la derogación de una serie de decretos en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio" con EE UU. De la Jara subrayó la necesidad de una investigación imparcial sobre la muerte de los nativos y además señaló la posibilidad de que los desaparecidos estén en realidad ocultos en zonas aledañas como indica el gobierno, lo que impide esclarecer la cifra real de decesos, que contradice las versiones oficiales.

Añadió que la entidad ha recogido numerosos y muy importantes testimonios de civiles y hasta autoridades que dicen haber visto más cadáveres que los diez acreditados oficialmente y que es necesario una indagación mayor. Por su parte, el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, declaró que el principal problema para confirmar la cifra de desaparecidos tras la arremetida policial en Bagua, es la negativa oficial para aportar datos concretos.

Asimismo, de la Jara apuntó que los activistas humanitarios y la Defensorí­a del Pueblo "han empezado a visitar comunidades nativas de origen de los indí­genas que participaron en enfrentamientos, para comprobar cuantos no han regresado". Advirtió que, si ha habido más muertos, lo que no es deseable, la verdad se sabrá, como ha ocurrido siempre. De otro lado, confirmó que en Bagua hay cerca de 200 civiles heridos, lo que pone en duda la afirmación oficial de que la policí­a actuó con moderación y tení­a órdenes de no disparar, pero fue sorprendida al ser atacada por los nativos.

El 5 de junio tres helicópteros MI-17 sobrevolaron la Curva del Diablo-parte de la carretera que une la selva con la costa norte-que estaba ocupada desde hací­a diez dí­as por unos cinco mil awajún y wampis que protestaban contra los decretos de tierras aprobados por el Congreso peruano. Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud mientras un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM.

El dí­a 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia y recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo.
El presidente Alan Garcí­a acusó a los indios de ''terroristas'' y habló de una ''conspiración internacional'', en la que según sus ministros estarí­an involucrados Bolivia y Venezuela.

El dirigente de la Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana (AIDESEP), que reúne a 300.000 indí­genas y mil 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como ''delincuente'' por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima.

La magnitud de la masacre del 5 de junio, a la que se suma la vendetta policial, que para saciar su sed de venganza sacó heridos de los hospitales para matarlos, arrojando sus cuerpos al rí­o o cremándolos, tal como dan cuenta diversos medios alternativos, no sólo muestra la fibra genocida del gobierno aprista sino también el carácter mismo del Estado peruano, efectivamente fallido, roto, que sólo existe para los pueblos indí­genas cuando se trata de expoliarlos y que descarga sus ráfagas asesinas cuando esas "minorí­as" se rebelan a sus atropellos.

Se acusa a esta "minorí­a" nada menos que de "egoí­smo" por defender sus territorios ancestrales y los recursos naturales existentes en el subsuelo. Se ha pretendido una ridí­cula ingenierí­a social para "acomodar" a las poblaciones nativas con el fin de que los pulpos multinacionales de hidrocarburos puedan hacer lo suyo, destruyendo la naturaleza y la vida. Pero es evidente que los poderosos, masacre de por medio, agitando además una supuesta "conspiración internacional" contraria al "desarrollo" del Perú, no han logrado imponerse.

La estrategia de los sátrapas del Apra, criminalizando a los indí­genas, llamándolos asesinos de policí­as, persiguiendo a sus lideres como a Alberto Pizango asilado en la embajada de Nicaragua al cual acusan de sedición e instar a la violencia. Los "bufalos" apristas descargan todo su arsenal mediático y judicial contra los indí­genas, prometen mano dura si esto vuelve a suceder. Si lo que ha ocurrido es el aspecto mas "blando" de la respuesta hitleriana del Apra, a mucho se les ponen los pelos de punta, solo pensando en que tipo de holocausto tendrán en mente cuando hablan de mano "dura ".
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