El gobierno Peruano acusa a Bolivia y Venezuela

Los sátrapas criminalizan a los indigenas

Garcí­a habló de un "complot contra la democracia", el cual, según su versión de la realidad, estarí­a promovido por sus opositores internos y por "intereses extranjeros"

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09-06-2009
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Acorralado por las crí­ticas por la masacre de indí­genas amazónicos ocurrida el viernes en la selvática localidad de Bagua, que ha dejado más de 50 muertos, entre nativos y policí­as, el gobierno del sátrapa. Alan Garcí­a ha endurecido su discurso represivo y se defiende acusando a los indí­genas por la violencia. Las comunidades selváticas están en pie de lucha contra el gobierno desde hace dos meses, exigiendo la derogación de una serie de leyes que promueven el ingreso a la Amazoní­a de empresas multinacionales para explotar hidrocarburos, madera y biocombustibles sin consultarles a las comunidades indí­genas, cuyas tierras se verí­an afectadas por el saqueo y contaminación. Tratando de justificar la represión, el gobierno ha denunciado que la protesta indí­gena formaba parte de una supuesta "conspiración internacional" para derrocarlo.
 El lí­der de la protesta indí­gena, Alberto Pizango, a quien el gobierno pretende responsabilizar de la muerte de los 24 policí­as fallecidos en los enfrentamientos con los nativos, pidió ayer asilo en la embajada de Nicaragua. El gobierno habí­a desatado una cacerí­a policial contra Pizango, acusado de rebelión, ataque a las fuerzas armadas y homicidio, entre otros delitos. (EFE)
El lí­der de la protesta indí­gena, Alberto Pizango, a quien el gobierno pretende responsabilizar de la muerte de los 24 policí­as fallecidos en los enfrentamientos con los nativos, pidió ayer asilo en la embajada de Nicaragua. El gobierno habí­a desatado una cacerí­a policial contra Pizango, acusado de rebelión, ataque a las fuerzas armadas y homicidio, entre otros delitos. (EFE)
Acorralado por las crí­ticas por la masacre de indí­genas amazónicos ocurrida el viernes en la selvática localidad de Bagua, que ha dejado más de 50 muertos, entre nativos y policí­as, el gobierno del sátrapa. Alan Garcí­a ha endurecido su discurso represivo y se defiende acusando a los indí­genas por la violencia. Las comunidades selváticas están en pie de lucha contra el gobierno desde hace dos meses, exigiendo la derogación de una serie de leyes que promueven el ingreso a la Amazoní­a de empresas multinacionales para explotar hidrocarburos, madera y biocombustibles sin consultarles a las comunidades indí­genas, cuyas tierras se verí­an afectadas por el saqueo y contaminación. Tratando de justificar la represión, el gobierno ha denunciado que la protesta indí­gena formaba parte de una supuesta "conspiración internacional" para derrocarlo.
En un discurso ante un auditorio formado por militares, Garcí­a habló de un "complot contra la democracia", el cual, según su versión de la realidad, estarí­a promovido por sus opositores internos y por "intereses extranjeros", que, señaló, "han manipulado a los indí­genas y los han azuzado a la violencia". Garcí­a no identificó los "intereses extranjeros" de los que habló, pero el portavoz parlamentario del partido de Garcí­a el APRA, Aurelio Pastor, fue más explí­cito y acusó directamente a los gobiernos de Venezuela y Bolivia de promover las protestas indí­genas.

El lí­der de la protesta indí­gena, Alberto Pizango, a quien el gobierno pretende responsabilizar de la muerte de los 24 policí­as fallecidos en los enfrentamientos con los nativos, pidió ayer asilo en la embajada de Nicaragua. El gobierno habí­a desatado una cacerí­a policial contra Pizango, acusado de rebelión, ataque a las fuerzas armadas y homicidio, entre otros delitos. El anuncio del pedido de asilo lo hizo el primer ministro, Yehude Simon, durante una larga y accidentada presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, marcada por las acusaciones a gritos entre el gobierno y la oposición.

Simon acudió al Congreso acompañado de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Ambos repitieron el discurso oficial de culpar de la violencia a los indí­genas y a supuestos "agitadores", tanto internos como externos. La oposición, encabezada por el Partido Nacionalista (PN), del ex candidato presidencial Ollanta Humala, acusó al gobierno de tener las manos manchadas de sangre y exigió las renuncias de Simon y Cabanillas, que respondieron apuntando el dedo acusador contra el PN, al que responsabilizaron de "haber azuzado la violencia" al respaldar las reclamaciones de los indí­genas.

"Ignorantes", "salvajes", "cobardes", "asesinos de policí­as", "terroristas" son algunos de los epí­tetos que los principales portavoces del gobierno han disparado contra los indí­genas en los dí­as siguientes a la masacre de Bagua. En la Amazoní­a, que ha sido militarizada, los nativos han comenzado a replegarse a sus comunidades en la zona de la masacre amedrentados por el toque de queda del ejército y las detenciones y desapariciones de un centenar de indí­genas, pero en otras localidades de la Amazoní­a, como Yurimaguas, mantienen bloqueadas algunas ví­as. Los indí­genas han acusado a las fuerzas de seguridad de estar desapareciendo los cadáveres de nativos caí­dos en la represión policial, arrojándolos al rí­o o cremándolos, y aseguran que hay cerca de un centenar de desaparecidos. El gobierno insiste en reconocer solamente la muerte de nueve nativos, cifra desmentida por todas las versiones que llegan de la zona de la matanza y que coinciden en que los nativos muertos son alrededor de treinta.

A pesar de la increí­ble matanza de los nativos y las bajas policiales, el problema de origen de la violencia en la amazoní­a subsiste. Y no será con toques de queda y más violencia el final de la confrontación entre el gobierno y los pueblos originarios amazónicos, tratados como ciudadanos de tercera categorí­a. Los dirigentes indí­genas de las etnias shawis, chayawitas, candoshi, cocama-cocamilla y shipibos, continúan en pie de lucha en respaldo a Alberto Pizango, ellos tienen bloqueada la carretera Tarapoto-Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas. Otros lí­deres nativos, de las diferentes regiones de la selva, han asegurado continuar la lucha hasta que los decretos legislativos ilegales sean derogados; además, todos en su conjunto luego de constatar la feroz agresión militar y policial en Bagua y el genocidio perpetrado por el gobierno con la desaparición de cadáveres y el maltrato a los heridos, tratando de meterlos presos a pesar de su condición de ví­ctimas, vienen exigiendo la renuncia de Alan Garcí­a y su enjuiciamiento inmediato. "Alberto Pizango tiene el respaldo de todas las comunidades indí­genas y le pedimos que no dé un paso atrás" es una voz unánime en la Amazoní­a. Y ha hecho muy bien Pizango con pasar a la clandestinidad ante la falta de garantí­as de un poder judicial tí­tere del gobierno.

El gobierno ha señalado que la derogación de estas normas legales pondrí­a en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indí­genas, y el conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre, luego de que el gobierno ordenara a la policí­a reprimir a los nativos a sangre y fuego.

La estrategia de el gobierno del sátrapa Alan Garcí­a, llevar a la mesa de negociación a los dirigentes indí­genas, sin tener ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo. El gobierno trataba de tomar tiempo en su lucha por defender los derechos adquiridos por los monopolios y la oligarquí­a fiel al imperialismo en su objetivo de convertir la selva peruana en un inmenso erial, fruto de la explotación de la madera, el petróleo y los prósperos cultivos de soja transgénica para producir biocombustibles. De tal forma que ante la opinión publica hacia parecer a los intransigentes y egoí­stas indí­genas, que no luchan por el "bien común" y el desarrollo de la nación. Dividiendo y enfrentado al pueblo entre si. Preparando el terreno para sacar su verdadera cara fascista y genocida, dando la orden al ejército y la policí­a de entrar en la selva a sangre y fuego.

El siguiente paso es tildar a los indigenas de subversivos "senderistas", perseguir a sus lideres, utilizar la escusa de la guerra contrainsurgente, para tener al ejercito en la selva y sus comandos de aniquilamiento. La orden del satrapa Alan Garcí­a y su partido es clara, acabar de la forma que sea con el movimiento indí­gena. El presidente peruano y su partido tiene un largo historial como genocidas en la defensa de los intereses del imperialismo y sus monopolios. En la memoria de los peruanos está la matanza de los penales de Lima o el infame comando "Rodrigo Franco", un escuadrón de la muerte formado por el gobierno de Alan Garcí­a en su anterior gobierno, que utilizo la escusa de la guerra antisubversiva, para hacer desaparecer a dirigentes sindicales, estudiantiles en la década de los ochenta. Fujimori no es el único genocida que queda por juzgar en Perú. A la hora de defender los derechos de los monopolios y la oligarquí­a vendepatrias de Perú, Alan Garcí­a Pérez y su partido el APRA, desvelan su autentica cara genocida y fascista.
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