Alan Garcí­a fiel defensor de los monopolios

La fascista represión de los indí­genas peruanos

. La realidad del genocidio cometido por el gobierno del sátrapa Alan Garcí­a se va conociendo gracias a los testimonios de periodistas y organizaciones de derechos humanos la cifra puede ser muy superior a 40 indí­genas muertos y 169 heridos.

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08-06-2009
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La lucha de los pueblos indí­genas de la amazoní­a peruana que hasta el momento de la masacre llevaba 50 dí­as de protestas pacificas contra el tratado de "Libre Comercio" firmado con Estados Unidos llevó a las autoridades peruanas a aprobar una serie de decretos anticonstitucionales que eliminaban un número de protecciones territoriales y ambientales que daban cierta seguridad a los indí­genas. Los nativos acusan al gobierno de haber dictado estas leyes sin consultarles, como exige el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que las comunidades nativas sean consultadas antes que se emita una norma legal que las afecta.
 Cientos de indí­genas se refugian hoy, 7 de junio de 2009, en el Centro Pastoral de Bagua Grande en el departamento de Amazonas (Perú). Las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande han reportado calma en las últimas horas mientras la policí­a busca a sus miembros desaparecidos, huyendo de la brutal represión del ejercito y la policí­a. (EFE)
Cientos de indí­genas se refugian hoy, 7 de junio de 2009, en el Centro Pastoral de Bagua Grande en el departamento de Amazonas (Perú). Las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande han reportado calma en las últimas horas mientras la policí­a busca a sus miembros desaparecidos, huyendo de la brutal represión del ejercito y la policí­a. (EFE)
La lucha de los pueblos indí­genas de la amazoní­a peruana que hasta el momento de la masacre llevaba 50 dí­as de protestas pacificas contra el tratado de "Libre Comercio" firmado con Estados Unidos llevó a las autoridades peruanas a aprobar una serie de decretos anticonstitucionales que eliminaban un número de protecciones territoriales y ambientales que daban cierta seguridad a los indí­genas. Los nativos acusan al gobierno de haber dictado estas leyes sin consultarles, como exige el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que las comunidades nativas sean consultadas antes que se emita una norma legal que las afecta.
Esta omisión convierte estas leyes en inconstitucionales. El gobierno ha admitido la omisión, pero insiste en mantener la vigencia de las leyes, a pesar que una comisión del Congreso y la Defensorí­a del Pueblo se han pronunciado por su inconstitucionalidad. El gobierno ha señalado que la derogación de estas normas legales pondrí­a en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indí­genas, y el conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre, luego de que el gobierno ordenara a la policí­a reprimir a los nativos a sangre y fuego.

La estrategia de el gobierno del sátrapa Alan Garcí­a, llevar a la mesa de negociación a los dirigentes indí­genas, sin tener ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo. El gobierno trataba de tomar tiempo en su lucha por defender los derechos adquiridos por los monopolios y la oligarquí­a fiel al imperialismo en su objetivo de convertir la selva peruana en un inmenso erial, fruto de la explotación de la madera, el petróleo y los prósperos cultivos de soja transgénica para producir biocombustibles. De tal forma que ante la opinión publica hacia parecer a los intransigentes y egoí­stas indí­genas, que no luchan por el "bien común" y el desarrollo de la nación. Dividiendo y enfrentado al pueblo entre si. Preparando el terreno para sacar su verdadera cara fascista y genocida, dando la orden al ejército y la policí­a de entrar en la selva a sangre y fuego.

Alan Garcí­a de reconocida trayectoria como genocida y corrupto y fiel gendarme de los intereses de los monopolios y el imperialismo yanqui en Perú. En la memoria de los peruanos está la matanza de los penales de Lima o el infame comando "Rodrigo Franco", un escuadrón de la muerte formado por el gobierno de Alan Garcí­a en su anterior gobierno, que utilizo la escusa de la guerra antisubversiva, para hacer desaparecer a dirigentes sindicales, estudiantiles en la década de los ochenta. Fujimori no es el único genocida que queda por juzgar en Perú. A la hora de defender los derechos de los monopolios y la oligarquí­a vendepatrias de Perú, Alan Garcí­a Pérez y su partido el APRA, desvelan su autentica cara genocida y fascista.

La tensión se mantiene en la amazoní­a peruana cuando alrededor de 1. 300 nativos, en su mayorí­a, de las etnias ashaninkas, han tomado el aeropuerto de Trompeteros, Provincia Taten del Marañón, en la zona nororiental de Perú. Los nativos están exigiendo las mismas reivindicaciones que la de los indí­genas de Bagua, la derogación de los decretos legislativos que atentan contra sus territorios. Según informes de la zona, los nativos fueron desalojados de la pista de aterrizaje pero no de la terminal aérea.

Los manifestantes aseguraron que también han tomado control del Lote 8, en la zona selvática, cuya concesión está a cargo de la firma argentina Pluspetrol. Por su parte, las autoridades hicieron un llamado de advertencia y le dieron de plazo hasta las 16H00 hora local de este domingo para que abandonaran las instalaciones bajo amenaza de desalojarlos por la fuerza.

Mientras tanto sigue bajo toque de queda la provincia de Bagua tras las jornadas sangrientas donde la desmedida arremetida policial dejó, según fuentes indí­genas más de 40 nativos muertos y cientos de heridos. Las comunidades nativas apoyadas por la población mestiza de la zona, llevaban más de 50 dí­as reclamando que se respeten sus derechos sobre la tierra que habitan desde tiempos milenarios.

Por su parte, el Gobierno dirigido por Álan Garcí­a ha justificado la brutal arremetida aérea en contra de los indí­genas peruanos, señalando que "no tienen corona. No son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indí­genas por encima de los de 28 millones de ciudadanos" y además que para su Gobierno parece no haber más muertos que los 22 policí­as fallecidos, puesto que los más de 40 indí­genas muertos que reportan las organizaciones amazónicas, no entran dentro del parte oficial
El presidente peruano ha insistido en negar que se cometiera una masacre con los indí­genas de la Amazoní­a peruana y volvió, este domingo, a desvirtuar el objetivo de la protesta aborigen al acusar a su dirigencia de pretender desestabilizar con apoyo extranjero a lo que diferentes organizaciones sociales emitieron un pronunciamiento al respecto desde la capital.

"Sí­ hay injerencia extranjera y es de las transnacionales de Estados Unidos y de otros paí­ses que le han dado un ultimátum a Garcí­a, para decirle zanja el tema y zánjalo ya, o sea el tema de la huelga. Sí­ hay efectivamente injerencias extranjeras", afirmó este domingo el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán.

Este frente de organizaciones también consideró prudente que el representante de las comunidades nativas, Alberto Pinzango, se mantenga "a buen resguardo", ya que las autoridades ha pedido su captura, lo que calificaron como un evidente juicio polí­tico.
De igual manero, el secretario de CGTP, aseguró que de no corregirse los atropeyos que se han llevado a cabo en los últimos dí­as, la organización convocará un paro nacional de trabajadores.

"Si hasta el 11 de junio no hay la derogatoria (de las leyes), no cesa la polí­tica represiva, no se preserva la vida de Alberto Pizango, no se derogan los decretos legislativos, vamos a materializar un paro nacional" afirmó.

El secretario general de la CGTP, Mario Huamán, culpó a los ministros de las muertes ocurridas durante el enfrentamiento entre nativos y policí­as en Bagua. "El gabinete tiene las manos manchadas de sangre", dijo y añadió que el presidente Garcí­a también tiene responsabilidad polí­tica en estos hechos.

Mario Huamán confirmó que se realizará una jornada nacional de lucha en favor de los pueblos amazónicos y anunció que se ha conformado un "frente de defensa de la vida y la soberaní­a", integrado por casi todos los gremios sindicales que respaldan a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que preside Alberto Pizango.

Según información del diario peruano La República, los cuerpos de indí­genas amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policí­a, fuerón quemados por efectivos policiales en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), arrojados al rí­o Marañón en el caserí­o de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap. Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. "Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del rí­o Marañón para arrojarlos. Mientras el gobierno hace desaparecer los cadáveres, para ocultar pruebas, la ministra de Justicia solo reconocí­a 3 indí­genas muertos y 11 policí­as y a la vez emití­a una orden de detención contra el lí­der indí­gena Alberto Pizango. La realidad del genocidio cometido por el gobierno del sátrapa Alan Garcí­a se va conociendo gracias a los testimonios de periodistas y organizaciones de derechos humanos la cifra puede ser muy superior a 40 indí­genas muertos y 169 heridos.
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