La "liberalización" del mercado eléctrico impuesta por la UE puede suponer una subida del 20% del recibo de la luz

Otro atraco de las eléctricas

Ahora vuelve a esgrimirse el "déficit tarifario" para justificar las subidas de la luz y un gigantesco "plan de rescate" para las eléctricas, cifrado en 16.000 millones de euros de dinero público

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08-06-2009
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A partir del uno de julio, una normativa europea impone la "liberalización del mercado europeo de la electricidad". La literatura económica nos habla de que el incremento de la competencia beneficiará a los consumidores, reduciendo progresivamente los precios. Pero la realidad amenaza con ser muy diferente. La Unión de Consumidores de España (UCE) ya ha advertido de un posible incremento del 20% en el recibo de la luz. La primera "liberalización" eléctrica, impulsada por los gobiernos de Aznar, supuso el regalo de un billón de euros a las grandes compañí­as eléctricas, pagado de nuestros bolsillos. La segunda "liberalización", ahora pilotada por Zapatero, puede convertirse en un segundo atraco de las eléctricas.
 (EFE)
(EFE)
A partir del uno de julio, una normativa europea impone la "liberalización del mercado europeo de la electricidad". La literatura económica nos habla de que el incremento de la competencia beneficiará a los consumidores, reduciendo progresivamente los precios. Pero la realidad amenaza con ser muy diferente. La Unión de Consumidores de España (UCE) ya ha advertido de un posible incremento del 20% en el recibo de la luz. La primera "liberalización" eléctrica, impulsada por los gobiernos de Aznar, supuso el regalo de un billón de euros a las grandes compañí­as eléctricas, pagado de nuestros bolsillos. La segunda "liberalización", ahora pilotada por Zapatero, puede convertirse en un segundo atraco de las eléctricas.
La Unión de Consumidores de España ha presentado el informe del Observatorio de Consultas, Quejas y Reclamaciones, que está encabezado por segunda vez consecutiva por las compañías eléctricas, cuyos abusos copan el 27% de las denuncias.

Con estas perspectivas nada halagüeñas, los cambios que la nueva normativa comunitaria introducirá en el mercado eléctrico son otra oportunidad de beneficios para la grandes compañías… y una amenaza para los ciudadanos.

A partir del 1 de julio de 2009, las actuales tarifas eléctricas, cuyos precios están fijados por el gobierno, quedarán extinguidas. Las eléctricas podrán ofrecer precios de forma libre, y los consumidores optar por contratar el servicio con una u otra compañía.

A cambio, aparecerá la llamada “tarifa de último recurso” (TUR) para los “usuarios de baja tensión” (las familias y pymes que tengan contratada una potencia inferior a 10 kW).

La TUR es una tarifa fija que se revisará cada tres meses y con la que el Gobierno fijará el precio mínimo y el máximo al que las comercializadoras autorizadas cobrarán la electricidad a quienes que se registren como usuarios de último recurso.

El gobierno ya ha anunciado que los precios para la “tarifa de último recurso” subirán en julio, en lo que supone un nuevo “tarifazo eléctrico” que la Unión de Consumidores cifra en un incremento de los recibos de hasta el 20%.

Esta nueva subida de la luz es fruto de un pacto entre el gobierno y las grandes compañías eléctricas, esgrimiendo como bandera el falaz “déficit tarifario”. 

A través de múltiples trampas contables, se nos ha intentado hacer creer que el coste de producción de la luz para las eléctricas superaba el precio fijado por el gobierno, acumulando un déficit que el gobierno “compensaba” con multimillonarias subvenciones.

¿Cómo es posible que las eléctricas hayan presentado miles de millones de beneficios si vendían la electricidad a un precio inferior al que les costaba producirlas?

Nadie puede creerlo. Organizaciones de consumidores como FACUA han denunciado “la dudosa credibilidad del artificioso cálculo de la tarifa eléctrica”, a través del cual las eléctricas “hinchan los costes de la energía en un 40%”, para presentar luego un tramposo “déficit tarifario” que les tenemos que pagar todos.

Ahora vuelve a esgrimirse el “déficit tarifario” para justificar las subidas de la luz y un gigantesco “plan de rescate” para las eléctricas, cifrado en 16.000 millones de euros de dinero público.

A cambio, las eléctricas sólo se comprometen a hacerse cargo de la “tarifa social” –que teóricamente beneficiaría a los colectivos más desfavorecidos, pero que todavía no está fijada, y cuya aplicación está siendo aplazada sine die y limitada por múltiples trabas burocráticas-, cuyo coste está fijado únicamente en 450 millones de euros.

En el mejor de los casos, las eléctricas pagan 450 millones y reciben 16.000 por parte del Estado, además de los beneficios que les reporte la subida del recibo de la luz.

El negocio del siglo para los monopolios del sector, y un nuevo atraco para los ciudadanos.
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