El traslado de los presos de Guantánamo

Los presos le queman en las manos a Obama

Obama declaró que en la prisión "hay personas para las que es difí­cil hallar una solución", pero que se atendrí­a al principio del orden de la ley.

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06-06-2009
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El presidente de Estados Unidos, declaró este viernes que el cierre del Campo de Detenciones de la Bahí­a de Guantánamo podrí­a requerir un "proceso más largo de evaluación". Obama hizo estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida después de reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, en Dresden. Obama afirmó que el de Guantánamo es "un asunto complicado", destacando que su gobierno podrí­a tardar "dos o tres años" en evaluar el tema. El presidente de Estados Unidos, declaró este viernes que el cierre del Campo de Detenciones de la Bahí­a de Guantánamo podrí­a requerir un "proceso más largo de evaluación". Obama hizo estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida después de reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, en Dresden. Obama afirmó que el de Guantánamo es "un asunto complicado", destacando que su gobierno podrí­a tardar "dos o tres años" en evaluar el tema.
Obama prometió hace tiempo cerrar la prisión de Guantánamo antes de 2010, pero su plan se encontró con oposición dentro de su propio paí­s debido a los temores de que los presos que allí­ se encuentran pudieran ser liberados en territorio estadounidense. El jueves, los legisladores estadounidenses rechazaron en una votación la petición de Obama de ampliar los fondos para su plan y restringir los traslados y las liberaciones de los allí­ detenidos, lo que supuso un duro golpe para los planes de Obama.

Obama declaró que en la prisión "hay personas para las que es difí­cil hallar una solución", pero que se atendrí­a al principio del orden de la ley. "Tenemos que seguir avanzando (con el asunto)", aseguró Obama. Obama declaró que Washington necesita la ayuda de Europa, incluida Alemania, añadiendo que Merkel se habí­a mostrado "abierta al debate" sobre el asunto.

El objetivo de esta reformar serí­a aliviar la difí­cil tarea de enjuiciar a individuos que se han declarado terroristas pero cuyos casos presentan un desafí­o jurí­dico. De hecho, gran parte de las pruebas que existen contra los acusados por el 11-S pueden ser puestas en duda porque fueron obtenidas en confesiones hechas durante interrogatorios en prisiones secretas del Servicio Central de Información (CIA) de EE UU, lo que dificultarí­a los procesos y plantearí­a nuevas presiones polí­ticas relativas al tratamiento dado a los detenidos.

Entre otras cosas, la medida permitirí­a a los fiscales militares no revelar detalles de las técnicas de interrogatorio que se llevan a cabo en el penal, teniendo en cuenta que muchas de esas técnicas aplicadas durante el pasado Gobierno de George W. Bush han sido consideradas como tortura. El cambio también harí­a posible que cinco detenidos acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre del 2001 cumplan su deseo de manifestarse culpables sin declararse mártires.

El artí­culo del diario revela también que la disposición está incluida en un proyecto de ley que puede ser presentado al Congreso y que no se ha dado a conocer de forma pública. Hasta ahora, ha circulado solo entre algunos funcionarios bajo restricciones y ha sido presentado al secretario de Defensa, Robert Gates.

El propósito de Obama es dividir a los presos en cinco categorí­as: un grupo que será juzgado por tribunales ordinarios estadounidenses y cumplirá la sentencia en EE UU, pese a la resistencia de una parte de la opinión pública; otro será juzgado por un sistema reformado de las comisiones militares; veintiún detenidos serán puestos en libertad atendiendo a la decisión de los tribunales; una cuarta categorí­a de presos (alrededor de medio centenar) serán trasladados a otros paí­ses; y un quinto grupo, el más polémico, de presos considerados peligrosos, pero sin pruebas formales contra ellos, que seguirán detenidos ilimitadamente sin juicio.

El traslado a territorio estadounidense tampoco resolverí­a, en todo caso, el problema de qué tratamiento judicial otorgarles a quienes hasta ahora son legalmente combatientes enemigos. El Gobierno no se atreve a presentarlos ante tribunales ordinarios porque teme perder los juicios por falta de pruebas.

La mayorí­a de las evidencias reunidas contra los detenidos en Guantánamo fueron obtenidas por servicios secretos, que no comparecen como testigos en una vista pública civil, o conseguidas mediante métodos de interrogatorio que el propio Gobierno de Obama ha definido como torturas.

Se trata de una verdadera patata caliente para la administración de Obama. Aunque algunos de los presos han confesado su participación en el 11-S, podrí­an quedar en libertad si los jueces decidiesen anular la causa contra ellos por el uso de torturas. Obviamente, el Gobierno no puede permitirse polí­ticamente poner en la calle a detenidos de la relevancia de Khalid Sheikh Mohammed, autor intelectual de aquellos atentados, pero tampoco tiene garantí­as de ganar un proceso contra un acusado del que se ha reconocido oficialmente que fue sometido a la técnica del ahogamiento fingido.

Con la reforma de la ley quiere impedir precisamente, que los metodos de interrogatorio sean denunciados por los tribunales y permita poner a los presos en las calles de EE UU. De esa forma contenta a los que quieren erradicar los tribunales militares pero impide lo que sabe que ocurrirá, las confesiones fueron obtenidas bajo tortura y muchos tribunales que aplicarí­an la actual legislación no podrí­an enjuiciar y condenar a los presos.

La administración norteamericana se enfrenta al dilema de qué hacer con los 241 detenidos en Guantánamo, prisioneros desde hace más de siete años. Los reos están en una situación de limbo legal, y aunque la Casa Blanca haya detenido el uso de la tortura y de los interrogatorios violentos, su status legal no ha sido modificado. El propio secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció la existencia de un grupo de entre 50 y 100 sospechosos que "no pueden ser liberados ni juzgados", sencillamente porque el Gobierno no tiene pruebas suficientes contra ellos. En el caso de un ciudadano normal, éste serí­a liberado sin dilación. En el caso de un "enemigo combatiente" ni mucho menos.

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