Colombianos por la paz y los testimonios de los paramilitares

Desenterrar la trama paramilitar

Los máximos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pactaron con el Gobierno del presidente Uribe, la desmovilización 31 mil combatientes a cambio de beneficios legales

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30-05-2009
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La senadora colombiana, Piedad Córdoba, denunció este viernes que no existen instrumentos de cooperación de parte del gobierno colombiano para que los paramilitares extraditados confiesen los crí­menes que cometieron cuando pertenecí­an a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Córdoba aseguró que el objetivo de reunirse con los paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos fue "buscar realmente cuáles eran los instrumentos de cooperación que habí­a señalado el Gobierno colombiano con relación a la extradición y el proceso de Justicia y Paz ,y darnos cuenta de que no lo habí­a y que además (no habí­a) ninguna posibilidad de reparación". La senadora colombiana, Piedad Córdoba, denunció este viernes que no existen instrumentos de cooperación de parte del gobierno colombiano para que los paramilitares extraditados confiesen los crí­menes que cometieron cuando pertenecí­an a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Córdoba aseguró que el objetivo de reunirse con los paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos fue "buscar realmente cuáles eran los instrumentos de cooperación que habí­a señalado el Gobierno colombiano con relación a la extradición y el proceso de Justicia y Paz ,y darnos cuenta de que no lo habí­a y que además (no habí­a) ninguna posibilidad de reparación".
Como un ejemplo de las dificultades que denuncia tienen que sufrir los ex cabecillas paramilitares para dar sus testimonios, Córdoba detalló que en la reunión que sostuvo la ví­spera en la correccional de Nueva York, con Diego Murillo, alias 'Don Berna' pudo "evidenciar las dificultades que se tienen por ejemplo para entregar mapas donde se pueden ubicar las fosas comunes o donde se puedan tener fotos para señalar o identificar algunas de las personas que trabajaron con ellos".

En este sentido, la legisladora informó que junto con los activistas por la paz, Iván Cepeda, Danilo Rueda y Eduardo Carreño va a trabajar en función de seguir llevando a cabo este "proceso inédito y que yo sé que de llevarse bien, va a contribuir enormemente hacia el futuro, a una negociación de paz en Colombia".

Para la legisladora, el referido proceso "no se trata simplemente de buscar quién disparó el arma, quién puso a funcionar la motosierra o quienes echaron a los hornos crematorios los cadáveres de las personas vivas o muertas en algunos casos", dijo.
"Sino que se trata, además de eso que es bastante delicado de por si, quiénes estructuran el paramilitarismo, quiénes lo financian, cómo realmente se puede acabar con esta circunstancia que habla muy mal de la democracia del paí­s y que no le permite avanzar hacia una sociedad civilizada y de inclusión", continuó.

Los máximos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pactaron con el Gobierno del presidente Uribe, la desmovilización 31 mil combatientes a cambio de beneficios legales. Dentro del pacto, estos paramilitares debí­a confesar cerca de 20 mil crí­menes que cometieron en la nación, pero sólo llegaron a declarar en torno a cinco mil casos. El gobierno colombiano decidió repentinamente hace un año extraditar de madrugada a 14 de los máximos jefes de las AUC a Estados Unidos (EE.UU.) El Ejecutivo argumentó que los paramilitares violaron el pacto y seguí­an delinquiendo desde prisión.

No obstatne, este mismo viernes, el fiscal colombiano, Mario Iguarán, aseguró en una entrevista concedida al diario bogotano El Tiempo, que cuando ha transcurrido más de un año desde la extradición de estos cabecillas paramilitares, aún no hay ni una sola prueba de que éstos cometieran algún delito cuando estaban presos en el paí­s andino.

De hecho, Salvatore Mancuso, uno de los más famosos pamilitares extraditados, dijo el jueves que con él se habí­a extraditado la verdad sobre los casos de parapolí­tica, un fenómeno que estalló en 2003 y que implica a polí­ticos y legisladores colombianos, la mayorí­a de ellos abanderados del uribismo, con las AUC. Mancuso y los demás extraditados habí­an dado testimonio sobre estos casos.
En marzo pasado el abogado de Mancuso le hizo llegar una carta a Córdoba. Con un tono formal, el comandante paramilitar le pedí­a ayuda. "A partir de nuestra extradición se ha generado un estado de indefensión, tanto para las ví­ctimas como para nosotros, quienes además de vernos impedidos para continuar los trámites judiciales de la Ley de Justicia y Paz observamos con preocupación e impotencia cómo nuestras familias son amenazadas por parte de sectores que no quieren que sigamos contando la verdad", habí­a escrito. Un mes después, la senadora colombiana recibí­a otra carta de un ex jerarca paramilitar detenido en Estados Unidos. Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, le pedí­a que lo fuera a ver a su celda en Nueva York. Estaba preocupado por su familia en Colombia, explicó más tarde Córdoba.

Hace más de un año que los máximos lí­deres de los grupos paramilitares están aislados en prisiones federales norteamericanas. No tienen contactos con sus familias ni con sus antiguas filas. Mientras los procesos por narcotráfico avanzan sin pausa, los extraditados se encuentran con poco tiempo y pocas herramientas para negociar. A principio de año salieron las primeras dos condenas. Al recibir su condena, alias Cuco Vanoy anunció que dejaba la Ley de Justicia y Paz, la cuasiamnistí­a otorgada por Uribe que lo obligaba a confesar sus crí­menes a cambio de un pena mí­nima porque el gobierno colombiano se negaba a garantizar la seguridad de su familia. Una semana después un sicario disparaba a su hermano a plena luz del dí­a.

La elección de la senadora liberal como interlocutora demuestra la desesperación de algunos de los jefes paramilitares detenidos en Estados Unidos. Córdoba y su hija fueron secuestradas por los paramilitares hace diez años, dos de sus guardaespaldas fueron asesinados y su chofer quedó inválido como resultado de varios atentados en su contra. Hace tres años uno de sus asesores más cercanos fue ejecutado en plena calle; nunca encontraron al culpable, pero ella acusó públicamente a los paramilitares no desmovilizados y al gobierno de Uribe. Como si eso no fuera suficiente, fue una de las primeras en denunciar la alianza entre el uribismo y los paras -lo que más tarde se conoció como la parapolí­tica- y la falta de controles gubernamentales durante la desmovilización y el desarme de más de 30 mil paramilitares en 2006.

Pero su voz casi no se escuchaba en Colombia. Desde entonces, la senadora se convirtió en la única figura polí­tica colombiana con legitimidad para negociar, con eficacia, con la principal guerrilla del paí­s, las FARC. En los últimos dos años, junto con la ayuda de su amigo, el presidente Hugo Chávez, consiguió la liberación unilateral de seis secuestrados de la guerrilla. En el proceso, Córdoba tejió alianzas y contactos con el resto de los paí­ses latinoamericanos y otros aliados en el debate humanitario como Francia, Suiza y España.

Después de salir de su reunión con Mancuso, la senadora anunció que se reunirí­a con los congresistas demócratas james McGovern y Bill Delahunt, este último ha sido uno de las voces más crí­ticas contra la firma de un Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Uribe y un férreo denunciante de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra los lí­deres sociales y sindicales. La senadora espera conseguir el apoyo de los congresistas antes de su cita en el Departamento de Justicia el próximo martes. Es la única carta que tiene para jugar.

Todas estas acciones se producen en el marco de una posible liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, retenido hace más de diez años por las FARC, anunciada de manera unilateral por la guerrilla, que se ha visto obstaculizada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe. Uribe se negó a la mediación de Córdoba en el operativo de liberación del rehén, una solicitud planteada por los rebeldes, que insisten en entregarle el joven a la legisladora, la única autorizada por las FARC para tal fin. Dichos impedimentos llevaron al profesor y padre del retenido, Gustavo Moncayo, a presentar un recurso de amparo o \"acción de tutela\", para que sea la justicia colombiana la que le ordene al Jefe de Estado a facilitar la liberación del militar.

A mediados de abril, las FARC aseguraron que entregarí­an a Moncayo a una comisión encabezada por la senadora y lí­der de CCP. Pablo Emilio Moncayo es el rehén más antiguo de las FARC junto con Libio José Martí­nez, ambos retenidos el 21 de diciembre de 1997 en un asalto a una base del Ejército en Patascoy, un paraje de la cordillera andina en el departamento suroccidental de Nariño.

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