Selección de prensa nacional

Garzón, el juez imputado

La decisión del Tribunal Supremo de citar a declarar como imputado al juez Baltasar Garzón no puede causar en la ciudadaní­a otra reacción que la perplejidad

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28-05-2009
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Se podrá tener la opinión que se quiera de Garzón, pero lo cierto es que su figura no deja indiferente a nadie. Y lo más curioso del asunto es que las filias y las fobias sobre Garzón van cambiando de bando en el tiempo según sean los temas y las instrucciones en las que el juez se implica. En esta ocasión, son los medios de la derecha, que antaño lo ensalzaron poco menos que como a un héroe, los que aplauden a rabiar la decisión de Supremo de admitir a trámite la denuncia contra él por supuesta prevaricación en el caso de la investigación de los desparecidos en el franquismo.
 Garzón, el juez imputado
Se podrá tener la opinión que se quiera de Garzón, pero lo cierto es que su figura no deja indiferente a nadie. Y lo más curioso del asunto es que las filias y las fobias sobre Garzón van cambiando de bando en el tiempo según sean los temas y las instrucciones en las que el juez se implica. En esta ocasión, son los medios de la derecha, que antaño lo ensalzaron poco menos que como a un héroe, los que aplauden a rabiar la decisión de Supremo de admitir a trámite la denuncia contra él por supuesta prevaricación en el caso de la investigación de los desparecidos en el franquismo.

En los años 90, un demonio para los medios que se autodefinen como progresistas, quienes fueron los que iniciaron la catarata de descalificaciones e insultos que hoy han hecho propios los medios de la derecha. Entonces, su implacable persecución contra la guerra sucia, los crímenes de Estado de los GAL o la corrupción en el ministerio del Interior de los años de gobierno de Felipe González, le valieron la inquina de una parte del a izquierda, mientras la derecha lo presentaba algo así como el salvador de la democracia.
 
Sin embargo, a medida que el juez empezó a desarrollar su actividad hacia campos y terrenos menos agradables hacia esos medios (la detención de Pinochet, la instrucción de los desaparecidos en la guerra civil, el caso Gürtel) las tornas cambiaron rápidamente. Quienes ayer lo denigraban y lo consideraban un “instrumento” de la derecha, hoy lo defienden. Los que ayer lo encumbraban hoy buscan quitarlo de en medio como sea.
 
Una división de opiniones que tiene su reflejo mimético en los medios de comunicación. Aquellos más alineados con el PP, no pueden ocultar sus satisfacción. Los alineados con el PSOE, o callan o muestran su perplejidad y desacuerdo. Veremos en que acaba el asunto.
 
Otra cuestión distinta que sí  llama poderosamente la atención, es el protagonismo que la justicia está proporcionando a los denunciantes, una oscura organización que se presenta a sí misma como un sindicato de funcionarios, pero cuyos máximos dirigentes e inspiradores tienen una sospechosa trayectoria en la extrema derecha más “clásica” y dura de nuestro país.
 
Que el Supremo vacíe de contenido uno de los pocos elementos verdaderamente democráticos de la justicia de nuestro país (la capacidad de la acusación popular para presentarse como parte en un juicio) con el único objetivo de impedir que continúe el juicio contra Botín, pero dé crédito a una organización ultraderechista de oscuros propósitos no hace más que ahondar la desconfianza de la sociedad en los tribunales y reforzar la mala imagen que los ciudadanos tienen de la justicia.
 
 
 
 
 
 
Editorial. El Periódico
GARZÓN, EL JUEZ IMPUTADO
 
La decisión del Tribunal Supremo de citar a declarar como imputado al juez Baltasar Garzón por excederse presuntamente en la investigación de las desapariciones durante la guerra civil y el régimen de Franco no puede causar en la ciudadanía otra reacción que la perplejidad. El alto tribunal entiende que Garzón pudo prevaricar (es decir, actuar injustamente a sabiendas) al abrir el proceso al franquismo sin tener potestad para ello.

La polémica sobre si Garzón era competente o no para afrontar este asunto ya quedó sustanciada en noviembre, cuando el Supremo decidió que no. El caso, sin embargo, ha sido mantenido vivo por Manos Limpias --un sindicato ultraderechista sin apenas afiliación y que comanda un exdirigente del grupo fascista Fuerza Nueva--, que se querelló contra el juez de la Audiencia Nacional. Esa iniciativa particular ha sido la palanca de la decisión de ayer del Supremo, que, aun no siendo firme a la espera de los posibles recursos, ya significa un aldabonazo por su gran carga política de castigo de todo lo que suponga un juicio del franquismo.

Pero el acoso a Garzón no debe entenderse solo en clave de disparatada iniciativa de cuatro nostálgicos del franquismo trasnochados. En el fondo del caso late, de alguna forma, el fenómeno de la corrupción política, de cuya persecución Garzón ha sido un adalid. No es casual que ayer el PP elogiase la decisión del Supremo y se alegrase de que el juez haya «probado su propia medicina».
La mayor parte de las asociaciones de jueces creen que la querella acabará archivada y que no se dará a los detractores de Garzón el trofeo de sentar al juez en el banquillo. Es deseable que ese sea el desenlace de este despropósito.
EL PERIÓDICO. 28-5-2009
 
 
Editorial. El Mundo
NO SE TRATA DEL FRANQUISMO, SINO DE CUMPLIR LA LEY
 
POCO DESPUÉS de que EL MUNDO diese ayer en su versión digital la primicia de que el Tribunal Supremo imputaba a Garzón por prevaricación, los medios que han jaleado todas las astracanadas del juez estrella se apresuraban a tratar de teñir el caso de contenido ideológico. El chaparrón de reproches al promotor de la querella -el sindicato Manos Limpias-, adscribiéndole a la extrema derecha es un intento vano por desviar la atención de lo que aquí se dilucida. ¿O acaso se pretende ignorar que la Sala Penal del Supremo se ha regido por el cumplimiento escrupuloso de la ley al admitir a trámite y por unanimidad la querella?
 
Pese a los intentos por enmascarar la realidad ha de quedar claro que aquí no estamos ante un debate político, moral, jurídico o histórico sobre el franquismo, algo que 34 años después de la muerte del dictador y tras tres décadas de democracia tiene poco recorrido. Y mucho menos se trata de discutir la posibilidad de que los españoles que aún yacen en fosas comunes sean rescatados por sus familias y vean honrada su memoria. De lo que se trata ahora es de dilucidar si un juez se excedió en el ejercicio de sus funciones para cometer uno de los peores delitos en el que puede incurrir: dictar resoluciones injustas a sabiendas.
 
La secuencia de los hechos protagonizados por Garzón en su disparatada «causa general contra el franquismo» deja pocas dudas acerca de su proceder. El magistrado impulsó la instrucción pese a las advertencias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que los delitos investigados no eran de su competencia, sino de los tribunales territoriales. El Ministerio Público dejó claro que no podía imputarse a nadie por genocidio o crímenes de lesa humanidad por hechos acontecidos en los años 30, cuando esos delitos no estaban tipificados. Además indicó que, en cualquier caso, esos crímenes estarían prescritos según el Código Penal vigente, ya que fueron cometidos hace más de 60 años, y que -para colmo-, al pretender juzgar aquellos sucesos, el juez estaba vulnerando también la Ley de Amnistía de 1977.
 
La contumacia de Garzón al seguir adelante con el procedimiento, echando mano incluso de piruetas jurídicas para seguir practicando diligencias cuando tenía planteado un recurso sobre su competencia, llevó al propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional a sugerir que actuaba de forma prevaricadora. El criterio de fondo del Ministerio Público fue respaldado luego por la Sala de lo Penal, que obligó a Garzón a apartarse del caso. La mala fe procesal del superjuez quedó patente cuando preguntó a los registros si Franco, Mola y otros sublevados habían muerto.
 
En el auto de admisión de la querella, el Supremo recalca que Garzón tuvo que declarar extinguidas las posibles responsabilidades por lo acontecido en la Guerra Civil «por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación» de las diligencias. Algo obvio incluso para los legos en materia jurídica. En ningún país civilizado del mundo un juez puede abrir una causa penal contra un muerto. Garzón ha actuado en este asunto con total desprecio al ordenamiento jurídico para, como en muchas otras ocasiones, ganar ese protagonismo que tantos beneficios le ha reportado y jugar de forma insensata a hacer política. Más que ayudar a las familias de las víctimas del franquismo que aún tratan de recuperar a sus muertos, parece que el juez utilizó la causa durante meses para engordar su figura.
 
Al abrir un proceso contra Garzón, el Supremo ha dado un paso clave para poner punto final a sus abusos, siempre consentidos hasta ahora, y acabar con su concepción de la justicia como show-bussines.
EL MUNDO. 28-5-2009
 
 
 
 
 
Editorial. El Correo
GARZÓN ANTE EL SUPREMO
 
 La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite la querella de Manos Limpias contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, al intentar instruir la causa por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo siendo consciente supuestamente de que carecía de competencia para ello, constituye una iniciativa de indudable relevancia que compromete la integridad del magistrado de la Audiencia Nacional en el ejercicio de sus funciones. Con independencia del curso que sigan las diligencias del Alto Tribunal, el mero hecho de que cinco magistrados hayan acordado que existen elementos para investigar a Garzón hace planear una perniciosa sombra de sospecha sobre la conducta de un juez distinguido por su interpretación extensiva de las capacidades de la ley para perseguir delitos singularmente complejos; y en un asunto además tan sensible, al implicar a las familias que legítimamente están reclamando que se localicen y exhumen los cuerpos de los fusilados. Que el Supremo haya optado de manera unánime por aceptar la querella de Manos Limpias y ello a pesar de que la Fiscalía no haya apreciado delito en primera instancia, no hace más que subrayar la gravedad de una decisión comprensible a la luz del comportamiento de Garzón.
 
Es elocuente que el Supremo reproduzca en su auto los argumentos esgrimidos en su momento por la Fiscalía para oponerse a todos los intentos del magistrado de la Audiencia Nacional por justificar su jurisdicción. Un propósito que le llevó a transformar la búsqueda de las fosas comunes que compete a los juzgados ordinarios en una causa por crímenes de lesa humanidad, un delito permanente de detención ilegal en la persona de los fusilados en paradero desconocido y contra el Gobierno republicano; calificaciones que le habrían permitido soslayar la prescripción de los hechos investigados, la irretroactividad de las normas penales y la Ley de Amnistía. La inhibición 'in extremis' del propio Garzón evitó que la decisión posterior de la Audiencia Nacional negándole toda competencia le desautorizara aún más expresamente. Es dudoso que no supiera que trataba de instruir un procedimiento inviable, como resulta evidente que el auto del Supremo sitúa en un brete a la Fiscalía. Ahora, el Alto Tribunal debe resolver si sigue adelante con la solitaria querella de Manos Limpias y si hay motivos fundados para creer que el magistrado prevaricó.
EL CORREO. 28-5-2009
 
 
 
 
 
 
 
Editorial. Expansión
SIN BROTES VERDES EN LA RECAUDACIÓN
 
Si hay algún indicador que permite visualizar el impacto de la recesión económica, además lógicamente de los cuatro millones de parados, es la auténtica sangría que se está produciendo en los ingresos del Estado.
 
La recaudación por IVA ha caído en los primeros cuatro meses del año un 33%, fiel reflejo del hundimiento del consumo, que parece lejos de remitir si se considera el desplome de este impuesto en un 55% sólo en abril.
 
Los ingresos por IRPF acumulan un descenso del 12% y los de Sociedades un 28%. Con estos datos, lógicamente al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, no le queda otro remedio que admitir que en la recaudación los brotes verdes no se ven por ningún lado.
 
Esta caída en barrena de los ingresos es coherente con los inquietantes escenarios presupuestarios que vislumbran los analistas privados, en particular la fundación de las cajas de ahorros, Funcas, que sitúa el déficit público en el 9,2% este año, y en el 11,5% en 2010.
 
En estas circunstancias, el compromiso de Zapatero de regresar al equilibrio presupuestario en 2012 sólo puede interpretarse como un voluntarista brindis al sol.
 
Más aún si el presidente acaba por sucumbir a los cantos de sirena de los sindicatos, que le están pidiendo que no tenga miedo a engordar el déficit público porque es la manera “de financiar la actividad productiva y frenar la destrucción de empleo”, como le apremió recientemente el líder de CCOO, Fernández Toxo. Más vale que estas demandas caigan en saco roto.
 
El enorme agujero que se está produciendo en las cuentas públicas será muy nocivo para la economía española. A corto plazo, porque el margen para promover nuevos estímulos fiscales está completamente agotado. La vicepresidenta Salgado asegura que aún nos queda un margen para endeudarnos de 150.000 millones.
 
Pero lo cierto es que, como advertía recientemente el comisario Almunia, hay que ser extremadamente cuidadosos con las emisiones de deuda, porque en un futuro próximo habrá serias tensiones en los mercados de deuda para atender las colosales necesidades de financiación de los Estados que han promovido onerosos programas de estímulos fiscales.
 
Más aún cuando el sector privado compita con el público en el mercado de emisiones, y cuando los tipos de interés alcancen niveles más elevados, pues la financiación se encarecerá sustancialmente.
Uno de los requisitos de la recuperación sostenida es acelerar la estabilización de las cuentas públicas. Sólo hay dos maneras de lograrlo: austeridad en las cuentas públicas o un aumento de impuestos. Esta segunda es una tentadora opción que baraja el Gobierno, pero que debería evitar por el bien de los sufridos contribuyentes.
EXPANSIÓN. 27-5-2009
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