Mediante la redistribución salarial, el ahorro y la inversión productiva

7 medidas contra la crisis y para acabar con el paro

No es cierto que no dispongamos de recursos suficientes contra la crisis . Lo que ocurre es que están mal distribuidos. Y además, se despilfarran

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07-06-2009
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El paro rebasa ya el sombrí­o listón de los 4 millones de personas. Y, pese al falso optimismo del gobierno, organismos internacionales y expertos anuncian que lo peor de la crisis, para España, está todaví­a por llegar. ¿Para qué nos están preparando? Quieren hacernos creer que la crisis se ha llevado por delante 15 años de prosperidad y creación de riqueza. Pero no es verdad. No es cierto que en España no dispongamos de recursos suficientes contra la crisis y para acabar con el paro. Lo que ocurre es que esos recursos están mal distribuidos. Y además, en un porcentaje importante, se despilfarran. Todo el problema para luchar contra la crisis y acabar con el paro reside en tomar medidas para una redistribución de las rentas y los salarios y en llevar una polí­tica de ahorro que permita dedicar los suficientes recursos a la inversión productiva y a la creación de riqueza y empleo.
 7 medidas contra la crisis y para acabar con el paro
El paro rebasa ya el sombrí­o listón de los 4 millones de personas. Y, pese al falso optimismo del gobierno, organismos internacionales y expertos anuncian que lo peor de la crisis, para España, está todaví­a por llegar. ¿Para qué nos están preparando? Quieren hacernos creer que la crisis se ha llevado por delante 15 años de prosperidad y creación de riqueza. Pero no es verdad. No es cierto que en España no dispongamos de recursos suficientes contra la crisis y para acabar con el paro. Lo que ocurre es que esos recursos están mal distribuidos. Y además, en un porcentaje importante, se despilfarran. Todo el problema para luchar contra la crisis y acabar con el paro reside en tomar medidas para una redistribución de las rentas y los salarios y en llevar una polí­tica de ahorro que permita dedicar los suficientes recursos a la inversión productiva y a la creación de riqueza y empleo.

Inversión que debe estar dirigida a cambiar el modelo de crecimiento seguido hasta ahora, basado en una gigantesca burbuja inmobiliaria y un endeudamiento exterior insostenible, por un nuevo modelo de desarrollo alternativo, productivamente eficiente, económicamente competitivo, y social y ecológicamente sostenible.
Orientando nuestro crecimiento económico y nuestro sistema productivo hacia el desarrollo de fuentes de energía renovables alternativas al petróleo, abriéndonos el camino, tomando la delantera y ocupando un papel destacado en uno de los mercados más cualitativos del futuro y por el que inevitablemente están abocadas a transitar todas las economías del planeta.
Medidas de redistribución, ahorro e inversión que impliquen una transformación de las estructuras sociales y económicas. Porque, ¿cómo vamos a salir de la crisis sin cambiar un modelo de desarrollo que nos ha conducido a la quiebra y a un aumento desconocido de las desigualdades sociales?
Medidas económicas y sociales que tiene que ir acompañadas de transformaciones políticas que permitan ampliar y profundizar la democracia. Porque, ¿cómo nos van a sacar de la crisis las mismas fuerzas políticas que nos han conducido a ella?
La situación excepcional que vivimos requiere asimismo de medidas excepcionales.
Lo que exige cada vez con mayor urgencia poner en marcha y aplicar 7 medidas económicas y 3 medidas sociales contra la crisis y para acabar con el paro y 5 medidas políticas de ampliación y profundización de la democracia.
Medidas que no se dirigen a poner parches inmediatos, oportunistas, improductivos y momentáneos, ni se basan en proponer objetivos utópicos e imposibles para esta etapa del desarrollo histórico, sino que buscan una transformación posible y necesaria de la estructura económica y política de España. Y que por eso mismo están basadas en números claros y cuentas sencillas, que cualquiera puede comprender y manejar.
 

1.- Redistribución salarial. Nadie por debajo de 1.000 euros de salario mensual, nadie por encima de 10.000 euros mensuales de salario.

Mientras 2,4 millones de personas en España cobran un salario inferior a 1.000 euros por 40 horas de trabajo semanales, un minoría hiperreducida y superprivilegiada (altos directivos de las grandes empresas, miembros de sus consejos de administración, altos cargos del Estado,... que difícilmente llegan a las 40 0 50 mil personas) cobran sueldos que no sólo superan ampliamente los 300 o 500 mil euros anuales, sino que en ocasiones llegan a los decenas de millones de euros al año.
Aplicar esta escala salarial del 1 al 10 es, en primer lugar, una redistribución interna de los salarios.
La clave de esta redistribución está en ajustar al máximo a esa categoría de ultraprivilegiados, que están semiocultos en las estadísticas y los datos oficiales de la Agencia Tributaria, pero que podemos cifrar en alrededor de 40.000 personas
La sola aplicación de la medida de limitación en 10.000 euros mensuales como salario máximo a ese 0,2% de la población activa española supondría un ahorro anual que permitiría que los 2,4 millones de trabajadores españoles cuyo salario actual es inferior a 1.000 euros mensuales, pasarán a cobrarlos inmediatamente. Y aún quedarían 3.546 millones de euros sobrantes para cubrir los salarios de 250.000 nuevos puestos de trabajo productivos.

2.- Reducción de un 20% en los gastos del Estado, empezando por los gastos superfluos e innecesarios y sin tocar los gastos verdaderamente sociales (pensiones, desempleo, educación, sanidad,...).
Y siguiendo por una reducción progresiva del alto número de funcionarios que tiene, de conjunto, la administración pública, y que ocupan ya a 1 de cada 4 personas que componen la población activa española.
El ahorro generado por esta medida (43.400 millones de euros al año) daría para crear más de un millón de nuevos millones de puestos de trabajo de un valor añadido medio-alto cada año.

3.- El dinero público del rescate bancario (240.000 millones de euros) dedicado a la financiación para la inversión de pequeñas y medianas empresas y para el consumo de las familias. Poniendo también los recursos financieros de las Cajas de Ahorro al servicio de una política de creación de riqueza y empleo
y de un plan de choque contra el paro y de apoyo a las PYMES.
Si el Estado ha puesto a disposición de los bancos 240.000 millones de euros –dinero público, dinero de todos– y éstos no lo están revirtiendo en créditos a la sociedad, que el Gobierno dedique ese dinero a financiar directamente, al igual que ha hecho hasta ahora con los bancos, con préstamos, avales y garantías a pequeñas, medianas empresas y autónomos que lo necesitan para mantener o ampliar sus negocios y a las familias. Financiación cuyo interés –al tratarse de dinero público sin ánimo de lucro– debería estar a la misma tasa a que hoy presta el dinero el BCE, es decir, al 1%. Ampliando y reforzando las capacidades y los medios del ICO para que a través suyo pueda llegar esta financiación pública a la sociedad.
Las Cajas de Ahorro representan el 52% del sistema financiero del país. Tienen, por tanto, una capacidad decisiva para imponer el precio del dinero en el mercado y decidir a quién se presta el dinero y para qué. De acuerdo con la función original con la que nacieron de gestionar los ahorros de los ciudadanos y facilitar los préstamos para impulsar el desarrollo económico del país, proponemos transformar las Cajas de Ahorro, como entidades sociales sin ánimo de lucro que son, en un instrumento financiero público de tipo confederal, cuya dirección centralizada esté en manos del gobierno a través del Banco de España y controlado y supervisado por los impositores, sus verdaderos dueños.
Utilizar adecuadamente estos recursos –poniendo fin al mismo tiempo a la utilización que de ellos han hecho estos años las oligarquías locales para crear sus propios reinos de taifas– supone orientar más de la mitad del sistema financiero español hacia un política de creación de riqueza y empleo y no hacia una política de endeudamiento exterior e interior, a potenciar el tejido productivo compuesto al 90% por pequeñas y medianas empresas y autónomos y no para que unos pocos monopolios obtengan enormes beneficios, a costa de conducir al país a una situación de insolvencia cercana a la quiebra como la actual.

4.- Un sistema impositivo sobre la renta personal en una escala del 0 al 9. En la que se potencie el ahorro de las rentas más bajas con un 0% de impuestos y se penalice fiscalmente, hasta con un 90% de impuestos, a las grandes fortunas.

No es un sistema fiscal justo aquel en el que la carga principal de los impuestos recae sobre las rentas del trabajo, como es el caso de España. Que un trabajador español con un sueldo de 2.000 euros mensuales tenga que tributar a hacienda cerca de un 15% de sus ingresos mientras las grandes fortunas del país pagan un 1% de los beneficios que obtienen en sus multimillonarios fondos de inversión especulativa es una burla para todos. Lo mismo que el hecho de que no exista una ley penalizando y sancionando fuertemente a todos aquellos, personas y empresas, que evaden sus fortunas a paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.

5.- Un nuevo impuesto de sociedades, en una escala del 0 al 90% también, donde paguen más quienes más beneficios obtienen de acuerdo a su capital.

Un 1,9% de grandes empresas en España, que obtienen el 58,6% de las ganancias empresariales anuales tributan un 20% menos que el millón largo de pequeñas y medianas empresas que deben contentarse con repartirse el 41,4% de las ganancias restantes.
Sólo con que a los bancos y monopolios del IBEX-35 se les aplicara el doble de impuestos sobre beneficios que se le aplica a las pequeñas y medianas empresas –puesto que duplican los beneficios obtenidos por 1,2 millones de pymes–, y que al resto de bancos de tamaño medio y al conjunto de empresas calificadas como "grandes" por Hacienda, se les aplicara la misma carga fiscal que a las PYMES, el Estado recaudaría 66.630 millones de euros más cada año.
Lo que permitiría congelar o reducir a un 5% los impuestos a las empresas en dificultades y aún sobrarían miles de millones para crear nuevos empleos productivos o atender y mejorar los gastos sociales.

6.- Una escala de 10 niveles de desgravación en el impuesto de sociedades, de acuerdo con el grado de reinversión productiva de los beneficios y de inversión en I+D+I. Potenciando que esta reinversión productiva se convierta en un impulso acelerado de la investigación, el desarrollo y la innovación
La economía española necesita urgentemente una agresiva política fiscal que potencie extraordinariamente la inversión productiva sin aumentar el endeudamiento público, particularmente y sobre cualquier otra la destinada a desarrollar el sector industrial. La industria constituye el eje vertebrador del desarrollo económico de cualquier país. Potenciar la inversión industrial es potenciar un crecimiento sólido de la economía nacional.
El impuesto de sociedades debe, en consecuencia, estar sujeto a una escala de desgravaciones directamente proporcional al grado de reinversión de los beneficios en la actividad productiva: maquinaria, nueva tecnología, ampliación y mejoras de las instalaciones, innovaciones, ampliación y diversificación de los mercados,... De tal modo que, por ejemplo, reinvertir 2/3 de los beneficios en mejorar la productividad signifique inmediatamente una desgravación de 2/3 en el impuesto de sociedades.
Quien más beneficios dedique a crear nueva riqueza social y nuevos puestos de trabajo productivos, más desgravación en el impuesto de sociedades. Ni estímulo ni desgravación para quien no reinvierta beneficios en la mejora, ampliación o modernización del tejido productivo.
Transformar drásticamente el actual modelo de la economía española, basado en el "monocultivo" de la construcción, la dependencia de la financiación exterior y de unos pocos mercados hacia el desarrollo de sectores más competitivos y de mayor valor añadido, exige de una amplia inversión en I+D+I. Recuperar el terreno perdido en este campo es vital para la productividad de las empresas y la competitividad de la economía española. En la actualidad no sólo el gasto anual es un 60% inferior al objetivo planteado para 2010 de dedicar el 3% del PIB, ocupando España el penúltimo lugar en este capítulo en la eurozona, sino que el número de empresas innovadoras en nuestro país ha ido descendiendo año tras año.
Una adecuada política de subvenciones a la I+D+I, una ampliación de los incentivos fiscales para las empresas que inviertan en ella y un fácil y rápido acceso de las empresas a créditos blandos a través del ICO para desarrollar esta actividad son elementos claves para la competitividad de nuestra economía. Prestando especial atención al impulso de las energías renovables como medio de limitar, en un primera etapa, y acabar posteriormente con la enorme dependencia del petróleo que tiene nuestro país.
 
7.- Una eficaz política diplomática y de comercio exterior que permita la ampliación y diversificación de los mercados hacia los que se dirigen nuestros productos.
La crisis de la economía globalizada está poniendo de manifiesto lo erróneo de hacer depender la capacidad exportadora de un país de unos pocos mercados, por más potentes y desarrollados que sean. Lo que en nuestro caso es especialmente grave puesto que las ¾ partes de nuestras exportaciones se dirigen únicamente a 4 o 5 mercados europeos que representan apenas un 5% del mercado global. Acabar con esa dependencia cautiva es uno de los retos de la economía española. Resulta insólito que en extensas áreas regionales con las que nos unen estrechos lazos como Iberoamérica u Oriente Medio, la actividad exportadora de las empresas españolas sea irrelevante. O que pese a las reiteradas declaraciones del gobierno chino acerca de que España es el país de la UE más cercano políticamente a ellos, nuestra presencia en el mayor mercado emergente del mundo –y en general en toda Asia– sea prácticamente nula. Llevar adelante una intensa actividad diplomática, potenciar los canales del comercio exterior, facilitar la actividad exportadora de las empresas hacia una ampliación y diversificación de los mercados a los que se dirigen, es clave para aumentar nuestra potencia exportadora y acabar con el déficit comercial, uno de los más pesados lastres que traban nuestro desarrollo económico.
como elementos claves para la competitividad de la economía española y de sus empresas en el mercado global.
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