La ONU enví­a relator a Perú

La causa de los indí­genas Peruanos llega a la ONU

Los dirigentes indí­genas peruanos expusieron ante la ONU la situación que atraviesan las comunidades de la Amazonia del paí­s, por la promulgación de un paquete de decretos legislativos considerados lesivos

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24-05-2009
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La Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió este viernes enviar a un relator a Perú para que evalúe tanto los argumentos de los indí­genas, que protestan por leyes que consideran lesivas a sus derechos desde hace más de un mes, como la postura del Gobierno. Esta decisión se produce despues de que unos sesenta asistentes al octavo perí­odo de sesiones del Foro Permanente para Asuntos Indí­genas de la ONU (FPAI), se solidarizaran este viernes con la protesta de los pueblos originarios en Perú, quienes exigen al Gobierno la derogación de unas leyes que consideran que vulneran sus derechos. La Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió este viernes enviar a un relator a Perú para que evalúe tanto los argumentos de los indí­genas, que protestan por leyes que consideran lesivas a sus derechos desde hace más de un mes, como la postura del Gobierno. Esta decisión se produce despues de que unos sesenta asistentes al octavo perí­odo de sesiones del Foro Permanente para Asuntos Indí­genas de la ONU (FPAI), se solidarizaran este viernes con la protesta de los pueblos originarios en Perú, quienes exigen al Gobierno la derogación de unas leyes que consideran que vulneran sus derechos.
Las actividades del foro se ejecutan desde el pasado 18 y se extenderán hasta y el 29 de mayo en Nueva York, al noreste de Estados Unidos. Durante el FPAI, el presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indí­genas (CAOI), Miguel Palací­n, detalló que diferentes organismos, entre ellos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitieron recomendaciones al Estado peruano que no fueron atendidas.

Los dirigentes indí­genas peruanos expusieron ante la ONU la situación que atraviesan las comunidades de la Amazonia del paí­s, por la promulgación de un paquete de decretos legislativos considerados lesivos. Entre los reglamentos que rechazan cerca de 60 etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hí­dricos. Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.

Representantes de comunidades indí­genas de diversas naciones latinoamericanas asistentes al foro, entregaron a un miembro de la misión peruana ante la ONU, un manifiesto titulado "Solidaridad con nuestros hermanos del Perú". En el texto, reclaman un cambio de actitud al Gobierno del presidente Alan Garcí­a, quien recientemente instaló una mesa de diálogo con los indí­genas, a la que han asistido varios representantes de las étnias.

Sin embargo, los grupos étnicos han manifestado desconfianza en los resultados de la acción gubernamental, pues en pasadas oportunidades no han visto, "ninguna voluntad polí­tica" en resolver el problema, según ha denunciado el lí­der indí­gena peruano, Alberto Pizango.

El Gobierno decretó desde el pasado nueve de mayo, a un mes de haberse iniciado la protesta indí­gena, el estado de emergencia en varios distritos de la Amazonia, por lo que en el comunicado de solidaridad emitido tras el foro, le exigen a las autoridades peruanas que dejen sin efecto tal medida.

También les instan a respetar el poder de decisión de los pueblos originarios en la concesión de licencias para explorar y explotar petróleo y gas en sus tierras ancestrales, pues el Gobierno les niega el derecho, con el argumento de que el subsuelo es propiedad del Estado y de todos los peruanos. Sobre todo a la oligarquí­a a la que representa y a los intereses de el capital foráneo, impuestos por el tratado de "libre comercio" con EE UU.

El movimiento indí­gena amazónico de Perú logró este martes una victoria parcial, ya que la principal comisión del Parlamento declaró inconstitucional uno de los nueve decretos que los pueblos originarios rechazan por considerar que permiten la privatización de sus territorios. La Comisión de Constitución del Congreso peruano, que inició durante esta jornada el análisis de las normas cuestionadas, aprobó un proyecto del congresista opositor Daniel Abugattás para declarar inconstitucional el decreto 1090 o Ley Forestal, a la que se oponen los indí­genas, junto a la Ley de Recursos Hí­dricos y otros siete decretos aprobados por el Congreso peruano.

Los indí­genas agrupados en la Aidesep han insistido en que esta legislación vulnera sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales.
Sobre la declaración del Parlamento peruano, Pizango declaró que la misma no representa una victoria para el movimiento indí­gena, sino un paso inicial en sus lucha por la derogación de las referidas leyes."Yo creo no se ha ganado una batalla, sino que es un paso por el cual se quiere llegar a derogar los decretos legislativos, tienen que ser los nueve y aún así­, los pueblos sienten que sus reclamos están siendo reconocidos de acuerdo al marco Constitucional", indicó.

La causa de la rebelión en las selvas es simple. El Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos llevó a las autoridades peruanas a aprobar una serie de decretos anticonstitucionales que eliminaban un número de protecciones territoriales y ambientales que daban cierta seguridad a los indí­genas.

La legislación rechazada por los nativos son la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hí­dricos, porque consideran que vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. Su consecuencia será la deforestación, la disminución de la biodiversidad, la depredación de la naturaleza. Como la aplicación del TLC con Estados Unidos exige libertad de acción para el capital, las diferentes etnias pagan las consecuencias de la complacencia gubernamental.

De pronto el Gobierno se topó con que los verdaderos dueños de la selva no están dispuestos a ceder más de lo que han consentido ya a la oligarquí­a y la multinacionales. Para que las fuerzas represivas pudiesen actuar con manos libres y disparos a granel, el 9 de mayo el presidente Alan Garcí­a decretó por 60 dí­as el estado de emergencia en toda la zona del conflicto, con el consiguiente saldo de decenas de nativos heridos por impacto de bombas lacrimógenas y armas de fuego policiales.



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