Toda la cúpula de la Consejerí­a de Medio Ambiente de Castilla La Mancha, imputada por el incendio de Guadalajara, en cuya extinción murieron 11 miembr

Depurar todas las responsabilidades

Seguro que si los polí­ticos responden penalmente de sus actos, no volverán a descuidar sus responsabilidades, y evitaremos nuevos desastres

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22-05-2009
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Por fin se ha cerrado la instrucción del juicio sobre las responsabilidades derivadas de la extinción del incendio que, el 16 de julio de 2005, arrasó 12.000 hectáreas de terreno y causó la muerte de 11 trabajadores forestales durante su extinción. Y las conclusiones de la jueza han levantado polémica. Toda la cúpula de la Consejerí­a de Medio Ambiente del gobierno castellano manchego está imputada, acusada de negligencia en las labores de prevención y extinción, enfrentándose incluso a penas más duras que los excursionistas que provocaron el incendio. Casi todos acusan a la jueza de "tratar con más dureza a quienes intentaron sofocar el incendio que a quienes lo provocaron". Excepto los familiares de los 11 trabajadores forestales muertos en la catástrofe, que expresaron su satisfacción por la imputación de los responsables polí­ticos que abandonaron a su suerte a sus seres queridos.
 El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martí­nez Guijarro, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en Toledo en la que ha anunciado la dimisión del director general de Polí­tica Forestal de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás, encargado de la Dirección del Medio Natural en 2005, cuando murieron once personas en un incendio en Guadalajara. (Foto: EFE)
El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martí­nez Guijarro, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en Toledo en la que ha anunciado la dimisión del director general de Polí­tica Forestal de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás, encargado de la Dirección del Medio Natural en 2005, cuando murieron once personas en un incendio en Guadalajara. (Foto: EFE)
Por fin se ha cerrado la instrucción del juicio sobre las responsabilidades derivadas de la extinción del incendio que, el 16 de julio de 2005, arrasó 12.000 hectáreas de terreno y causó la muerte de 11 trabajadores forestales durante su extinción. Y las conclusiones de la jueza han levantado polémica. Toda la cúpula de la Consejerí­a de Medio Ambiente del gobierno castellano manchego está imputada, acusada de negligencia en las labores de prevención y extinción, enfrentándose incluso a penas más duras que los excursionistas que provocaron el incendio. Casi todos acusan a la jueza de "tratar con más dureza a quienes intentaron sofocar el incendio que a quienes lo provocaron". Excepto los familiares de los 11 trabajadores forestales muertos en la catástrofe, que expresaron su satisfacción por la imputación de los responsables polí­ticos que abandonaron a su suerte a sus seres queridos.
El auto de la jueza establece una importante doctrina. Frente a que la responsabilidad de los incendios se circunscribe solamente a quienes provocan el fuego  –en este caso encendiendo una barbacoa-, el auto deja que en un incendio forestal también puede darse la imprudencia grave en otras personas que, aunque no hayan prendido fuego, hubieran cometido «omisión de cautelas elementales y la previsibilidad del evento sea notoria».
También establece que entre los responsables de la política medioambiental –que se hace cargo de la prevención y extinción de incendios- pudo haber infracción de «deberes fundamentales», «inadopción de cuidados suficientes para impedir o contener el desencadenamiento de resultados dañosos previsibles» y «dejación de la elemental cautela y precaución».
Por eso, entre los veinte imputados está la ex consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla La Mancha, Rosario Arévalo, obligada a dimitir tras el incendio, a quien se acusa por “la defectuosa ejecución y control del plan de emergencias e incendios forestales”; Sergio Davida González, ex delegado de medio Ambiente en Guadalajara, por un delito de de incendio por imprudencia grave por el estado del monte o por la "autorización estival de barbacoas”; José Ignacio Nicolás, ex director autonómico de Medio Natural, y que ayer dimitió como director de Política Forestal, por un delito de incendio por imprudencia grave a causa el estado del monte.
A estos cuatro cargos políticos hay que añadir los siete funcionarios de la Consejería que tuvieron una actuación más destacada durante los dos primeros días del incendio. Aparte de por imprudencia grave en incendio forestal, se les imputa otro delito contra la seguridad de los trabajadores, que prevé una condena mínima de seis meses de prisión. E incluso se aprecia indicios para atribuirles un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional.
Esta es una sentencia histórica, y así lo expresaban los familiares de los once trabajadores forestales que perdieron su vida en las tareas de extinción del incendio, que manifestaron su alegría por ver imputada a la plana mayor de la consejería de medio ambiente.
En el incendio de Guadalajara se produjo toda una cadena de negligencias y conductas auténticamente criminales, que condujeron no sólo al desastre medioambiental sino a la pérdida de vidas humanas. Anteponiendo criterios economicistas a la seguridad de los trabajadores forestales y la conservación del monte.
Se descuidó el cuidado del monte, se eliminaron prohibiciones básicas, se minimizó el incendio para evitar un escándalo político, actuando mal y tarde. Se precarizó a los trabajadores forestales, hurtándoles la necesaria formación y los medios imprescindibles para enfrentarse a un incendio de gran virulencia. Arrojándoles a extinguir un incendio sin las más mínimas garantías de seguridad.
Antes, estas graves responsabilidades de los altos cargos políticos quedaban impunes, actuando solamente contra los ejecutores directos del fuego.
Ahora, este juicio –inculpando a los más altos responsables políticos- abre el camino para que esa impunidad termine de una vez.
Seguro que si los políticos responden penalmente de sus actos, no volverán a descuidar sus responsabilidades, y evitaremos nuevos desastres.
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