Acusan a indigenas de rebelí­on

La rebelión indí­gena en Perú

"Lo que pasa es que se ve la incomprensión por parte del Gobierno, de no querer solucionar, de no querer atender las grandes demandas de los pueblos indí­genas. Esta es la razón por la cual se ve la criminalización de la propuesta de los pueblo

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20-05-2009
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Al ser citado a la Fiscalí­a peruana para responder por delitos de rebelión, el lí­der indí­gena peruano, Alberto Pizango, acusó al gobierno de su paí­s de no tener intención de atender las demandas de los pueblos originarios, que actualmente luchan contra la privatización de sus tierras en la Amazonia de ese paí­s. Señaló que la medida en su contra evidencia que el Estado peruano busca criminalizar la propuesta de los pueblos indí­genas. Al ser citado a la Fiscalí­a peruana para responder por delitos de rebelión, el lí­der indí­gena peruano, Alberto Pizango, acusó al gobierno de su paí­s de no tener intención de atender las demandas de los pueblos originarios, que actualmente luchan contra la privatización de sus tierras en la Amazonia de ese paí­s. Señaló que la medida en su contra evidencia que el Estado peruano busca criminalizar la propuesta de los pueblos indí­genas.
Además, señaló que es histórico el hecho de reprimir a los pueblos indí­genas cuando éstos reclaman sus derechos. "Esto ya me parece una historia de siempre, donde a pueblos, cuando reclaman sus derechos, se les reprime o se les trata de encerrar para minimizar y hacer ver que no están capacitados para defender la dignidad", sostuvo el lí­der indí­gena.

El movimiento indí­gena amazónico de Perú logró este martes una victoria parcial, ya que la principal comisión del Parlamento declaró inconstitucional uno de los nueve decretos que los pueblos originarios rechazan por considerar que permiten la privatización de sus territorios. La Comisión de Constitución del Congreso peruano, que inició durante esta jornada el análisis de las normas cuestionadas, aprobó un proyecto del congresista opositor Daniel Abugattás para declarar inconstitucional el decreto 1090 o Ley Forestal, a la que se oponen los indí­genas, junto a la Ley de Recursos Hí­dricos y otros siete decretos aprobados por el Congreso peruano.

Los indí­genas agrupados en la Aidesep han insistido en que éstas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales.
Sobre la declaración del Parlamento peruano, Pizango declaró que la misma no representa una victoria para el movimiento indí­gena, sino un paso inicial en sus lucha por la derogación de las referidas leyes. "Yo creo no se ha ganado una batalla, sino que es un paso por el cual se quiere llegar a derogar los decretos legislativos, tienen que ser los nueve y aún así­, los pueblos sienten que sus reclamos están siendo reconocidos de acuerdo al marco Constitucional", indicó.

Asimismo, manifestó que el movimiento indí­gena espera que ahora, como se dictaminó que es inconstitucional el decreto 1090, también se pueda derogar, "o que la Comisión primera nos pueda dar la razón, dado que estos decretos legislativos son incostitucionales". También explicó que la protesta del movimiento indí­gena se debe a que el territorio significa un todo integrado para los pueblos originarios, en el que está su bienestar y el de sus generaciones futuras.

"El territorio tiene significado, nadie puede vender la tierra, porque, en el sentido de los pueblos indí­genas, el territorio es como el embrión, el cuerpo humano. En los bosques, en los recursos como el agua, la flora, la pesca está asegurado el bienestar de los indí­genas", argumentó.


La causa de la rebelión en las selvas es simple. El Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos llevó a las autoridades peruanas a aprobar una serie de decretos anticonstitucionales que eliminaban un número de protecciones territoriales y ambientales que daban cierta seguridad a los indí­genas.

Las legislaciones rechazadas por los nativos son la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hí­dricos, porque consideran que vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. Su consecuencia será la deforestación, la disminución de la biodiversidad, la depredación de la naturaleza. Como la aplicación del TLC con Estados Unidos exige libertad de acción para el capital, las diferentes etnias pagan las consecuencias de la complacencia gubernamental.

De pronto el Gobierno se topó con que los verdaderos dueños de la selva no están dispuestos a ceder más de lo que han consentido ya a las oligarquí­a y la multinacionales. Para que las fuerzas represivas pudiesen actuar con manos libres y disparos a granel, el 9 de mayo el presidente Alan Garcí­a decretó por 60 dí­as el estado de emergencia en toda la zona del conflicto, con el consiguiente saldo de decenas de nativos heridos por impacto de bombas lacrimógenas y armas de fuego policiales.





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